Esta estrategia, que empezó hace aproximadamente cuatro años y se dividió en cuatro fases, tuvo como fin cuestionar la división que históricamente ha hecho nuestra comunidad política entre ciudadanos de primera categoría –los heterosexuales– y los ciudadanos de segunda categoría –los homosexuales–. El objetivo que se pretendía alcanzar con esta estrategia era lograr que el Estado dejara de usar la orientación sexual como un criterio para determinar los derechos y obligaciones básicos de los ciudadanos. Tanto los miembros de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas (LGBT), como los heterosexuales, se argumentaba por parte de las organizaciones involucradas en este proceso, debían ser considerados ciudadanos con las mismas cargas y los mismos beneficios fundamentales.
En la primera etapa de este proyecto, se logró que el ordenamiento jurídico reconociera la existencia de las parejas del mismo sexo y, que, por tanto, la Corte Constitucional declarara que el régimen que regula la unión marital de hecho es también aplicable a este tipo de parejas. En la segunda y tercera etapas, se logró mediante una nueva demanda y el apoyo a un recurso jurídico que fue interpuesto por un grupo de estudiantes de derecho boyacenses, que la Corte expandiera a las parejas del mismo sexo los derechos que tenían los miembros de las parejas heterosexuales en materia de salud y pensiones. En la última etapa, se consiguió que la Corte calificara como inexequibles un conjunto de reglas que tocan temas tan diversos como las migraciones, los seguros de accidentes de transito, el derecho penal, la violencia intrafamiliar y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que se aplica en la contratación estatal.
Ahora bien, no hay que perder de vista que los cambios logrados con las decisiones de la Corte Constitucional son sólo transformaciones en el ordenamiento jurídico. El reto que enfrentan actualmente todos los colombianos comprometidos con la igualdad es cómo hacer que estas sentencias dejen de ser reglas de papel y se conviertan en reglas en acción.
* Profesor de la facultad de derecho de la universidad de los Andes y director del Grupo de Derecho de Interés Público.