La estigmatización, otra amenaza contra la prensa

Nada más pertinente que el título con el que este lunes la Fundación para la Libertad de Prensa presentará su informe acerca de las violaciones al ejercicio del periodismo en los últimos 12 meses en Colombia: “Amenaza y estigmatización, intimidaciones invisibles contra la prensa”.

La estigmatización, entendida como el señalamiento apresurado, irresponsable y peligroso que vienen haciendo Gobierno y empleados públicos, forma parte de la más reciente cadena de presiones que se han configurado contra los comunicadores y su inherente derecho de informar.

Se suma al acoso judicial y a la autocensura, producto de amenazas, como formas veladas de atacar a la prensa, en apariencia no tan graves como el asesinato o la agresión, pero que devienen en los mismos fenómenos: la puesta en riesgo de la vida y honra de los periodistas, el velo sobre las informaciones a manera de la censura y un desmedro en la calidad y credibilidad en los contenidos.

La estigmatización no sólo descalifica de manera apresurada un trabajo o un periodista, sino que ataca frontalmente formas de hacer periodismo en cuanto que pretende unificar las prácticas y alinear rutinas y contenidos en torno a propósitos políticos o propagandísticos.

Pero no es nueva: ya hace cuatro años Plinio Apuleyo Mendoza se fue lanza en ristre contra una periodista de la revista Cromos por haber llegado hasta uno de los campamentos de Raúl Reyes (tres años antes que la Fuerza Pública), entrevistarlo y narrar su entonces cómodo vivir.

Entre líneas y sin rubor, el embajador (privilegio del que no se ha despojado cuando quiere fungir como periodista y al mismo tiempo defender una política específica) reclamaba porque los reporteros no se alineaban con su doctrina y en cambio entrevistaban “terroristas”; como si las democracias necesitaran informantes en vez de informadores.

 No se trata, en el sentir de Plinio y de sus sucesores, de si el periodista tiene derechos y deberes, en medio del ejercicio respetuoso de la ley y el orden constitucional, sino de la presunta obligación moral, judicial (y últimamente hasta religiosa) de favorecer por acción u omisión a una de las partes del conflicto. Una cosa parecida intentó la Ley de los Caballos, hace 120 años, referida a los pretendidos delitos que pudieran afectar el orden público.

Ese reclamo, en tonos distintos, lo han repetido hasta el cansancio el asesor presidencial José Obdulio Gaviria, casi todo el gabinete, pero especialmente el ministro Juan Manuel Santos y el mismo presidente Álvaro Uribe, que acaban de condenar “extrajudicialmente” y sin acervo probatorio a los periodistas Hollman Morris y Jorge Enrique Botero, como ya sucedió en el pasado también con Daniel Coronell y Carlos Lozano. Una condena que discrimina a unos periodistas y que, de paso, busca sentar doctrina sobre el deber ser del periodismo.

Preguntas para el debate

Como siempre quedan más preguntas que respuestas:

Si la ‘Operación Jaque’ y el ataque al campamento de Reyes debían tener, como los tuvieron, registros audiovisuales, ¿por qué la liberación de secuestrados no debía o no podía tenerlos?

Si hay magnificación de los hechos y éxitos (merecida, además) de las operaciones militares y de los actos de guerra, ¿por qué no se deben dimensionar las acciones de paz?

Si hay libre acceso a los cadáveres de Reyes y de Iván Ríos con todas las implicaciones macabras que esas imágenes construyen nuestro imaginario de violencia, ¿por qué hay barreras y cortapisas al cubrimiento de la liberación de unos secuestrados que vuelven a la vida y generan esperanza?

Está claro que el patrimonio sobre las armas y del uso de la fuerza es legítimamente exclusivo del Estado, pero la construcción de la paz es un proyecto ciudadano que nos incumbe a todos, incluidos la senadora Piedad Córdoba y los periodistas, el Gobierno y los grupos armados ilegales.

El Gobierno y la sociedad colombiana deben aprender que no es un acto de bandidaje entrevistar a guerrilleros o a paramilitares y que es deber del periodista, con el debido contexto, visibilizar otras voces, otras miradas y otros hechos que forman parte de nuestra cruda realidad.

Acaso, ¿no se contradice el Gobierno cuando insiste en que vela por el bienestar de la prensa en general, pero pasa por encima de la Constitución y de los derechos, denigrando y estigmatizando reporteros?

Dice el más elemental principio del periodismo que es nuestro deber brindarles a sus audiencias toda la información que necesitan para que sean libres y poder gobernarse a sí mismos; y eso no será posible si no hay periodistas que ejerzan control sobre el poder, si no hay preguntas y si los periodistas no exigen respuestas.

Aunque falta como gremio, el debate sigue abierto en las salas de redacción y en las facultades de periodismo (muy a pesar de lo que tendenciosa y superficialmente diga la columnista María Isabel Rueda), y allí no sólo se están produciendo reflexiones y análisis, sino que ya organizan una marcha para reivindicar no sólo a Morris y a Botero, sino también a los 71 periodistas amenazados en 2008, a los 21 que vieron obstruido su trabajo por las autoridades, a los dos que tuvieron que irse del país, a los 12 desplazados de sus regiones y a los 130 que vieron violado su derecho a informar.

Como alguna vez lo dijo Borges, en momentos especiales, la suerte de un solo hombre representa la de todos los seres humanos. Lo que está en juego es el presente y el futuro de la prensa.

*Director del Énfasis de Periodismo de la Universidad Javeriana, profesor de periodismo de televisión y columnista de El Espectador.www.mariomorales.info

El caso Morris

Mucho antes de que el periodista del programa de televisión ‘Contravía’ regresara a Bogotá para explicar y defenderse, el ministro Santos y el presidente Uribe no sólo habían descalificado su trabajo, sino que sin previa investigación ni juicio sumario, lo trasladaban a los terrenos de la ilegalidad y con la “justicia del micrófono y de la cámara de televisión” (eso que Uribe llama ‘espectáculo periodístico’) lo señalaban como cómplice y afín de la guerrilla.

El único pecado de Morris fue romper filas en el batallón de periodistas que en Bogotá fue acostumbrado a esperar la rueda de prensa, el boletín o las imágenes de la oficina de prensa; prefirió buscar otras fuentes, otros sujetos, otras narrativas y otras estéticas más allá del trillado periodismo de declaraciones, matizado de adjetivos, que un día afirma que no hubo sobrevuelos en el área de liberaciones, que más tarde dice que sí pero que no sabían, luego que estaban autorizados a cierta altura y que cierra con la desfiguración de periodistas y hasta de liberados, a manera de cortinas de humo que desvían o pretenden ocultar la incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace.

De todas, la injusticia más grande que se comete con Morris y su trabajo es ser juzgado no sólo sin ser escuchado, sino sin haber conocido sus productos periodísticos y los intereses que los propiciaron. Un derecho elemental de un periodista es que sea evaluado por lo que emite o por lo que publica y no por lo que algunos creen o suponen que difundirá.

Llevar a la picota a un periodista porque está en el lugar de la noticia sin tener la autorización expresa del Gobierno es negar de un plumazo la libertad de acceso, la posibilidad de verificación y, como tal, la labor periodística.

Decirle a un periodista qué y dónde grabar, no es expresión de democracia ni de libertad de prensa, sino de cortapisas a los derechos de información, de criminalización de algunos métodos periodísticos y de la procuración de un alineamiento ideológico en torno a objetivos políticos coyunturales disfrazados con el peto de los asuntos de interés nacional.

Dice Morris que realizó entrevistas a manera de registro, en medio de las liberaciones y en desarrollo de un documental que se presentará en América Latina en unos dos meses a través de un sistema de televisión por cable. Es lo que debieron preguntarle en vez de intentar retenerle su material en Caquetá. Dice además que aún no sabe si usará ese material o parte de él en su trabajo final, porque (y eso es lo que hay que diferenciar) su objetivo no era noticioso sino documental, como lo prueba la carta que envió Radio Francia Internacional, para la cual trabaja el comunicador (y que curiosamente no fue publicada por los medios), en la que enfatiza que el periodista no ofreció el material periodístico ni de audio ni de video (como hubiera podido hacerlo), que confía en la responsabilidad de sus reporteros y que cree en la independencia e imparcialidad como bases del oficio.

Dice Morris que sabía de la presión de las Farc sobre quienes iban a ser liberados, que les cree a los policías y el soldado cuando dicen que intentaron manipular sus testimonios, pero que él mismo no fue “libreteado”, aunque no descarta que el

Eso, por supuesto, no es novedad desde que existe la propaganda de todos los colores.

El dilema no está en los intentos de manipulación, sino en la forma como el periodista los esquiva a la hora de emitir o publicar, con el debido contexto, equilibrio e implicaciones que puede tener ese suceso.

Pretender que la única fuente de información posible en medio del conflicto armado es el Gobierno o la Fuerza Pública, es tratar de construir una verdad a medias, que por lo mismo es tanto o más grave que una mentira.

El caso Botero

Ya parece lugar común decir que Jorge Enrique Botero se equivocó al confundir su labor como garante con la de periodista. ¿No se equivocaron antes quienes lo autorizaron en esa comisión, habida cuenta de su reconocida labor, de la cámara de video que portaba y de las intenciones que expresó, de realizar un documental? Lo ratifica otro de los garantes, Daniel Samper Pizano, cuando dice que todos ellos lo sabían y que no hubo engaño. Quizás impertinencia, pero trampa, no.

Su impaciencia o su “ser en llamas” cuando vio en peligro las liberaciones por los sobrevuelos de aviones militares lo llevaron a equivocarse cuando emitió información para un canal internacional. Son esos mismos nervios que sintió el oficial que en el aeropuerto de Villavicencio insultó a los periodistas, o los militares que usaron petos en la ‘Operación Jaque’, según la versión presidencial, luego revaluada.

Es justo que si el Presidente pidió disculpas para estos últimos, acepte las que Botero ofreció cuando reconoció su error.

La FLIP propone debate ético

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) reclamó lo siguiente:

“Es importante adelantar un debate ético sobre la actuación de los comunicadores involucrados en los hechos recientes; analizar el papel que cumplieron como periodistas, los riesgos que asumieron y los que propiciaron, y el tipo de información que produjeron. Sin embargo, en el fragor de los hechos se dejaron de lado las versiones de los afectados y se optó de manera apresurada por la especulación antes que el análisis. Los medios de comunicación, las asociaciones de periodistas y la sociedad civil deben participar en este debate de forma ponderada”. Sin embargo, insistió que “no puede considerarse ilegal el hecho de que un periodista tenga como fuente a grupos armados al margen de la ley. Mucho menos puede afirmarse que divulgar información diferente a la oficial, o aquella que incomode al Gobierno, implica una ‘apología’ o ‘publicidad’ del terrorismo”.