Según esas organizaciones, las acusaciones del Primer Mandatario “ponen en grave peligro” la vida de los miembros del grupo Colombianos por la Paz (CPP), que desde hace varios meses mantiene un diálogo epistolar público con la guerrilla, a través del cual logró la liberación unilateral de seis secuestrados.
“Reconozca sin ambigüedades que la defensa de los Derechos Humanos y la búsqueda de una liberación negociada para todos los rehenes, con una salida política al conflicto armado no implican de ninguna manera una complicidad con la insurgencia”, señala la misiva.
Al respecto, ningún miembro del grupo liderado por la senadora Piedad Córdoba quiso hacer declaraciones. La activista Olga Amparo Sánchez le dijo a El Espectador que prefieren “no entrar en polémicas”. Mientras, José Obdulio Gaviria, el asesor más cercano a Uribe, aseguró que “el Presidente no tiene por qué rectificar una información que es cierta”.
Colombianos por la Paz anunció que continuará el diálogo público con las Farc, e iniciarán conversaciones en las mismas condiciones con el Eln.