¿La razón? Sullivan “cuestionó y condicionó ayuda técnica a la policía nacional”, según explicó ayer en rueda de prensa el canciller de este país, Fander Falconí. El diplomático criticó en una reunión la semana pasada la decisión del gobierno de cambiar de unidades a los más importantes agentes de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía (UIES), encargada de dirigir operaciones policiales complejas, entre ellas varias antinarcóticos. Había sido este equipo el que hace siete meses dio la alerta al gobierno Correa de los vínculos entre su subsecretario de Gobierno, Ignacio Chauvín, y los hermanos Ostaiza, tres narcotraficantes con vínculos con las Farc.
Correa había asegurado hace unos días que agentes de la DEA tenían vínculos con la UIES. Y de las afirmaciones pasó a la práctica, expulsando la semana pasada a Armando Astorga, a quien acusó de robarse material confidencial perteneciente a la UIES.
El Departamento de Estado norteamericano reaccionó inmediatamente: “Es muy lamentable, mal pensado. Estamos evaluando nuestra relación con Ecuador y nuestra cooperación, y estamos tratando de buscar una explicación por una acción injusta y poco amable”, declaró el secretario de Estado adjunto para Latinoamérica, Thomas Shannon.
Inculpan a ONG
También este miércoles, la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu), una ONG que desde 1990 trabaja en Ecuador y que en su momento tuvo vínculos con el ex subsecretario Chauvín, fue inculpada por el asambleísta Fausto Lupera de tener vínculos con las Farc.
El gobierno había retirado el lunes un estatus de inmunidad diplomática a esta organización, y sus integrantes, que trabajaban con población desplazada en la frontera con Colombia, anunciaron que se trasladarían a Uruguay.
Pero ayer la Fiscalía le abrió una investigación formal a Aldhu, por presuntamente registrar sin permiso a 5.000 colombianos. Muchos de los cuales, aducen Lupera y fuentes militares, no serían desplazados sino guerrilleros.