El sitio de presa sería construido a kilómetro y medio arriba de la cola de Betania, municipio de Gigante y su propia cola estaría en límites con La Jagua y afectaría también a Garzón y El Agrado. La escala del proyecto y sus contradictorios efectos han desatado una aguda controversia en la región.
Para el Gobierno y para Emgesa (la firma constructora) es un proyecto que cumple todas las de la ley y blinda al país contra nuevos apagones; para la bancada parlamentaria del departamento, la obra suprimiría 25.000 empleos, afectaría a más de 500 familias de pequeños campesinos y destruiría el alcantarillado de todas las cabeceras municipales rivereñas.
El origen de la obra, su naturaleza y el ejemplo de los daños causados —y nunca reparados— por Betania, han creado un movimiento de protesta acompañado por Plataforma Sur, una red de organizaciones sociales de la región, que ha convocado foros, mesas de discusión y concertación, y participado en las discusiones convocadas por el Congreso y por el Gobierno.
La iniciación de las obras de construcción depende de la licencia ambiental y ella en buena medida del estudio de impacto ambiental que el Gobierno contrató con Emgesa. Aunque legal, según la Ley 56, el procedimiento hace a la empresa juez y, al mismo tiempo, parte interesada.
Tanto la investigación de los impactos como el trámite de la licencia tienen plazos perentorios determinados por los compromisos financieros que Emgesa ha adquirido con la banca internacional. Segura de que el Gobierno aprobaría la licencia, la empresa inicio obras en el sitio donde en 1997, Ingetec, que hacía estudios de factibilidad, abrió un subterráneo que facilitaba tanto las pesquisas geológicas como la construcción del futuro túnel de desvío de aguas del Magdalena. La noticia circuló rápidamente y los críticos de la obra lograron fundamentar las irregularidades.
El 11 de febrero, un día antes de la audiencia pública realizada en Gigante y con asistencia de 1.500 ciudadanos, de los que el 80% estuvo en desacuerdo con el proyecto, el ministerio de Medio Ambiente dictó pliego de cargos contra Emgesa por haber iniciado obras sin licencia ambiental. Emgesa se defendió alegando que la ampliación del túnel no equivalía a la iniciación de la obras sino a nuevos estudios de factibilidad. Las garantías a los inversionistas suelen ir muy lejos.
Toda obra de magnitud como la proyectada en el Quimbo tiene efectos directos y colaterales, positivos y negativos. En un lado de la balanza están los contratistas, por lo general grandes compañías nacionales e internacionales que cuentan con un equipo profesional regular y contratan sólo mano de obra no calificada.
Emgesa habla de 3.000 puestos de trabajo que supuestamente benefician al departamento, pero no asegura que sean obreros de la región. El Gobierno hace la segunda voz y alega que el Sena prepararía a cientos de trabajadores. Por supuesto que estas contrataciones implican un sustancial aumento de la demanda de alimentos, vivienda que benefician al comercio local, pero también demandas de salud, educación y servicios que comprometen los presupuestos públicos.
Los políticos, aunque critican la obra, están ya pidiendo hojas de vida para llenar los cupos que el proyecto necesite. Ellos son contratistas o controlan los contratos de los contratistas en su propio beneficio económico y electoral. Por eso la oposición que hacen a la obra es un mecanismo para negociar su injerencia y acrecentar su poder local.
El segundo gran problema social del Quimbo es el desalojo de 380 familias campesinas, la compra de predios a grandes propietarios y la reubicación de 800 familias que residen hoy en la futura zona de inundación. A los grandes propietarios se les comprará a buen precio sus tierras, como es normal; ellos suelen ser también políticos o gente pudiente a nivel departamental o nacional. Son sólo siete hacendados. A los pobladores que residen y son afectados, la empresa les ha ofrecido la construcción compensatoria de barrios satélites. A los campesinos les está ofreciendo compra de predios y reubicación.
El Gobierno prevé una gran agitación social y una protesta de carácter político, para lo cual prepara la construcción de cuarteles de Policía —especialmente para el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)— y la instalación de una base del Ejército en La Jagua, que el Gobernador del departamento pidió ser financiada por la empresa.
El presidente Uribe anunció en uno de sus famosos Consejos Comunales que “el Quimbo va porque va”. Estas medidas y declaraciones tienen un efecto natural y calculado: debilitar el poder de negociación de las comunidades afectadas que puede traducirse en el síndrome del ahogado: mejor echarle mano al sombrero.
Dentro del mismo paquete de garantías al inversionista está la declaración de utilidad pública del área, que le permite a Emgesa solicitar la expropiación por vía administrativa a propietarios que no se avengan a una negociación de predios donde en el mejor de los casos los afectados sólo cuentan con un único voto a su favor, pues los otros dos son de Emgesa y del Gobierno.
Para poner un ejemplo sobre la diferencia que separa las partes: el valor de la producción de la zona a inundar es avaluado por la empresa en 16.000 millones anuales, un ex director de la Corporación Regional del Alto Magdalena, Eduardo Patarroyo, lo calcula en 30.000 millones y Plataforma Sur en 50.000.
Uno de los temas más delicados es el ambiental. Plataforma Sur y un numeroso y documentado grupo de entendidos han denunciado dos grandes efectos negativos: la destrucción de un bosque ripario que hoy abarca unas 800 hectáreas y la obstrucción de los alcantarillados locales, puesto que el peso de la inundación impediría la salida de las aguas negras al vaso.
El bosque ripario busca ser compensado con dinero o con la siembra de árboles en un parque o de flores en antejardines. Respecto al problema de las aguas negras, la empresa aconseja la construcción de plantas de tratamiento, a pesar de saber, porque es su negocio, que esta solución eleva el costo del servicio en más del 20%.
Los efectos sobre la vida y los flujos de los peces no han sido discutidos. El presidente Uribe se alza de hombros y habla de hacer jaulas para mojarra o tilapia o cachama como se hace en Betania. La empresa balbucea, pero alega que el proyecto es unipropósito y, por tanto, de paso proclama que la energía producida no se venderá en la región y menos a precios subsidiados; agrega que si los municipios quieren ser parte del negocio le compren acciones en la Empresa de Energía de Bogotá, socia de Emgesa.
Tampoco la propietaria del proyecto quiere saber nada del turismo ni de la piscicultura, los caramelos con que Uribe ha engatusado a los gamonales municipales. En realidad, turismo y piscicultura serán imposibles no sólo porque el exclusivo propósito del embalse es la producción de electricidad, sino porque la cota de inundación variará en 70 metros, lo que haría insostenible cualquier entable.
Exportar energía, ¿a qué costo?
En pocas palabras, la represa del Quimbo cumple dos funciones principales, salvar a Betania que tiene rendimientos decrecientes y exportar energía eléctrica. El negocio está hecho y las modificaciones a favor de la población local o del entorno ambiental, fuera de las previstas y calculadas a favor de los beneficios de EMGESA, son nulas. Negocio es negocio.
Los efectos negativos son cada vez más claros para la gente de la región y poco a poco, como se está viendo, las protestas son más críticas, públicas y masivas. La empresa y el gobierno replican con una batería de argumentos que la experiencia de Betania tiende a invalidar.
Tratan de pagar a bajos precios los daños, imponen las cifras y buscan dividir a las comunidades, uno de los efectos colaterales mas graves e injustos. Frente a la protesta que el gran negocio del Quimbo puede desatar, el gobierno elabora una brutal estrategia basada en la fuerza o en la amenaza de ejercerla si la población no se somete a las condiciones de rentabilidad determinadas por EMGESA.