A uno, Hisnardo Ardila Díaz, le armaron un debate interminable porque había contratado a algunos músicos de la Filarmónica para que tocaran en el matrimonio de su hija. La historia que corría por detrás del abuso tenía que ver con unas vallas publicitarias que le interesaban a Ernesto Samper Pizano. Ardila terminó por renunciar a la Alcaldía de Bogotá el jueves 5 de diciembre de 1985, pasados algunos minutos después de las 10 de la mañana.
A Diego Pardo Koppel, su sucesor en ley pasado el interinato de Diego Pizano Salazar, lo involucraron con el entonces “presunto” narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela, a quien representó en Estados Unidos para conseguirle 250 mil dólares que se habían extraviado en un maletín. Pardo se fue del Palacio de Liévano pocos días más tarde.
A Jorge Eliécer Gaitán lo sacaron los transportadores, inconformes porque el caudillo liberal pretendía uniformarlos y, en el súmum de la extravagancia”, como decían en la época, quería exigirles que se lavaran las manos por lo menos tres veces al día. Gaitán salió de la Alcaldía en 1936.
A Juan Martín Caicedo Ferrer, por último, unas firmas de auxilios supuestamente tasadas con algunos concejales lo llevaron a prisión. Uno de aquellos cabildantes era Jorge Durán Silva, hoy promotor de algunas de las acusaciones contra el personero Rojas Birry por sus relaciones con David Murcia. Con el tiempo Caicedo fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el asunto de los auxilios había determinado su final como alcalde de Bogotá.
Pasado el tiempo, a unos los tribunales los declararon inocentes, y a los otros la historia los absolvió. No obstante, ya habían quedado marcados, condenados, estigmatizados. Las movidas políticas, los intereses turbios, el mercado de las casualidades, la feria de las vanidades, o todo ello junto, los sepultó. Ardila se equivocó cuando a comienzos del 85 respaldó a su secretario de Gobierno, Carlos Ronderos, en su decisión de limpiar la ciudad de algunas vallas publicitarias políticas que impulsaban el nombre y la imagen de Jorge Mario Eastman, pero Eastman era una especie de mancorna del entonces concejal Ernesto Samper Pizano, y Samper ya comenzaba a tener el poder que lo llevaría a la Presidencia de la República en 1994.
Luego del desgaste y el dolor que significó la toma del Palacio de Justicia en noviembre del 85, de las acusaciones por lo que pudo o no haber hecho, y de la indignación, Ardila Díaz ya no tenía la fortaleza para afrontar acusaciones mezquinas como la de haber utilizado su poder llevando a algunos músicos de la Filarmónica a una fiesta de su hija. Después de su renuncia se exilió de la política, y murió así, aislado del mundo público, en 1992.
Pardo Koppel falló porque defendió a un hombre contra el Estado en un año, 1979, en el que ese hombre, Gilberto Rodríguez Orejuela, no tenía deudas morales con la sociedad. Era accionista del América de Cali, por ejemplo, y se le veía en cuanta reunión de alta sociedad hubiera en Cali. “El mismo Rodríguez —aclararía Pardo Koppel— me inquirió, por solicitud de unos abogados de Nueva York, sobre la posibilidad de que expresara ante un tribunal en dicha ciudad, donde ventilaba una causa en la cual, según sus expresiones, él tenía especial interés, lo que con anterioridad le había conceptuado”. La causa era el dinero del maletín perdido en 1978 en Lima, “la maleta de Fonseca”. Según algunos investigadores, aquellos 250 mil dólares eran la cuota de los Rodríguez Orejuela para que Argentina ganara la Copa del Mundo de 1978. A cambio recibirían de la dictadura militar de Jorge Rafael Videla licencias y permisos para montar sus negocios. Diego Pardo cayó por una falta ética disfrazada de enredo técnico-jurídico.
A Gaitán, sus deseos de educar al pueblo para que después pudiera acceder al poder, y las enemistades que ese interés le generaron, pues a las oligarquías no les convenía ningún pueblo educado, lo sacaron de la Alcaldía. Primero fueron algunas manifestaciones pequeñas. Después, cartas, peticiones, conversaciones. Por fin, un paro general de transportes se convirtió en el capítulo de cierre. Gaitán se fue, pero retornó a la política. Siguió con sus ideales, muy a pesar de las amenazas, hasta que lo mataron el 9 de abril de 1948.
Juan Martín Caicedo Ferrer perdió el poder y la libertad porque firmó unos documentos en los que aprobaba 1.600 millones de pesos de auxilios para varios concejales, cuando el artículo 355 de la Constitución aprobada en 1991 estipulaba que sólo podrían girarse auxilios para obras o instituciones de beneficencia. El 25 de marzo de 1992, Caicedo se convirtió en el primer alcalde de la historia de Bogotá en haber recibido un auto de detención. El juez 23 de Instrucción Criminal, César Tulio Lozano, ordenó su detención y el embargo de sus bienes por haber incurrido en el delito de peculado por apropiación. Tres días más tarde, el alcalde de la llamada entonces Santafé de Bogotá, se presentó ante las autoridades con su secretaria de Hacienda, Marcela Airó de Jaramillo, y transcurridas unas semanas fue llevado preso a la Escuela de Caballería. “Con la más absoluta tranquilidad de quien se confía a la justicia en la total seguridad de su conciencia, asumo con docilidad y fortaleza los procedimientos arduos que me obligan a permanecer recortado en mi libertad y limitado en mi accionar como persona”, dijo. En 1996 fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia.
Los cuatro fueron humillados y ofendidos, como viles personajes de Dostoievski. Y señalados, condenados al ostracismo, vilipendiados por personajes que ni los conocían ni sabían de qué estaban hablando. Los años pasaron. A uno, Gaitán, la muerte y la intrepidez lo transformaron en inmortal 61 años atrás. Otro, Hisnardo Ardila, se guardó sus respuestas y falleció con ellas, lejos del mundanal ruido. Pardo Koppel cargó la cruz de sus encuentros y se diluyó en medio de sus vacilaciones. Juan Martín Caicedo resurgió de sus inconfesables heridas, y de aquellos días en la Escuela de Caballería de la séptima, cuando lo único que anhelaba eran migajas de libertad.
La ley y los alcaldes
La destitución o suspensión de un alcalde sólo puede ser impuesta por funcionarios de la rama ejecutiva del poder público, es decir, el Presidente de la República y los gobernadores. Sin embargo, esta decisión está supeditada siempre a la solicitud que formule la Procuraduría, tras llevar a cabo la investigación correspondiente. Fue el caso de Enrique Peñalosa, cuya revocatoria del mandato no prosperó por el proceso complejo que implica el uso de este recurso.
En caso de falta definitiva del alcalde (retiro, muerte o destitución), si no ha pasado la mitad de su período en el cargo se convocará a nuevas elecciones, pero si el mandatario ha sobrepasado la mitad del período, el partido que avaló al candidato presentará una terna ante el gobernador.