Se decía que iba a ganar el radicalismo. Se murmuraba que habían magistrados a favor de reducir la carga de los enfrentamientos con el Gobierno. En los pasillos de las instituciones judiciales, así como en la Casa de Nariño, con el paso de los días y ante la indecisión de la Sala Plena, crecía la expectativa por saber cuál sería el próximo magistrado que asumiría la vocería de la Corte Suprema de Justicia. Pero hace tres días, luego de 15 sesiones y 60 rondas de votación, la corporación divulgó que su representante durante 2009 será el penalista Augusto José Ibáñez Guzmán, considerado como punto de equilibrio entre los tan rumorados fraccionamientos internos de la Corte.
El magistrado alcanzó este cargo en una época de aguas turbias. Sólo unos días antes de su elección trascendió más información sobre interceptaciones ilegales del DAS a funcionarios de la Corte Suprema. Ibáñez, incluso, denunció en noviembre pasado que una decena de hombres armados irrumpieron en su casa y se habían robado su computador personal, donde almacenaba importante información relacionada con sus labores. Por eso, con un tono diplomático pero certero, no vaciló en decir: “El país merece la verdad. Es urgente pasar de los titulares de prensa a las decisiones judiciales”.
Ibáñez le confirmó a El Espectador que, en caso de que algunos ex directores de dicho organismo sean judicializados, el alto tribunal se declarará impedido para juzgar, se constituirá como víctima y nueve conjueces serán elegidos para realizar las funciones de la Sala Penal. Sin embargo, el DAS es apenas el primero de los tantos temas espinosos con los que tendrá que lidiar este jurista. Este año se definirán asuntos de tanta relevancia como la escogencia del Fiscal General de la Nación y la ruta que seguirán los complejos procesos de la yidispolítica, la parapolítica y la farcpolítica. “La primera sigue a todo vapor, la segunda también y, a la tercera, como dicen las señoras, le falta un hervor”.
Este jurista de la Universidad Externado de Colombia, en donde se especializó, obtuvo su maestría e imparte cátedra de Derecho Penal y Procesal desde hace 22 años, no se considera radical ni cree que en la corporación que hoy preside existen tales divisiones. Asevera, eso sí, que defenderá a capa la independencia de su Rama frente a los demás poderes: “Si ésta es respetada no puede existir contrariedad, contradicción o combate con nadie”. Ibáñez, por ejemplo, fue uno de los cuatro magistrados de la Sala Penal que se mostraron en desacuerdo con que fuera la Fiscalía, y no la Corte, la que investigara a los congresistas una vez éstos renunciaban a su fuero.
Uno de los puntos más refutables acerca de Ibáñez Guzmán, según sus opositores, es el pasado político que lo acobija. Durante la administración de Andrés Pastrana Arango, el magistrado fue el representante del Gobierno, como ministro plenipotenciario, en la negociación del Tratado de Roma (el mismo que permite que en un país actúe la Corte Penal Internacional), que en Colombia fue ratificado en 1999 y que empezará a tener vigencia a partir de agosto próximo. Sobre este tribunal internacional, Ibáñez le dijo a este diario que aspira a que no tenga nada por hacer: “La CPI se armó para que no entre a operar si las leyes internas funcionan, y yo confío en la justicia colombiana”.
El magistrado también fue asesor de la Cámara de Representantes y aspirante al Senado de la República en el año 2006. Participó en la contienda electoral por el partido Cambio Radical, el que lidera Germán Vargas Lleras, a quien considera un amigo muy cercano. “Fue una invitación de Germán Vargas para que algunos académicos acompañáramos cierto pensamiento. Es un ejercicio interesante, que la academia se apropie de la política, para efectos de rendir una reflexión al país”, manifiesta el presidente de la Corte. “Pero allá quedó. Cuando uno jura cumplir con ciertas funciones, son esas y no otras distracciones mentales las que lo deben orientar”.
En esas elecciones Cambio Radical obtuvo 16 curules y él ocupó el puesto 30 en la lista, con 2.303 sufragios. Pero fue gracias a esa ‘quemada’ que resultó como magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la que se posesionó el 21 de agosto de 2007. Padre de cuatro hijos, casado por 26 años con quien alguna vez fue su compañera de estudios universitarios, el abogado Augusto José Ibáñez tiene en sus manos una responsabilidad que no es de poca monta: defender la independencia absoluta del máximo tribunal de la justicia ordinaria que opera en el país.