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La Procuraduría General de la Nación entró a mediar en la disputa que desde el miércoles protagonizan la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), debido a las sanciones que la autoridad ambiental le impuso por verter desechos y extraer agua del río Bogotá con una concesión vencida. Dichas sanciones significarían el riesgo de afectar el abastecimiento de agua a 2,4 millones de habitantes en seis localidades de la ciudad.
Mediante un comunicado, el procurador Alejandro Ordóñez pidió a la CAR levantar las medidas impuestas y dar un plazo de 15 días para que el Acueducto se ponga al día con todos los requerimientos legales y así validar la concesión. El pronunciamiento de la CAR había sido tajante. Ordenaba a la EAAB la “suspensión inmediata de los vertimientos que actualmente realiza al río Bogotá” y de la captación de aguas de los ríos Bogotá y Teusacá, estas dos últimas representadas en la planta de Tibitoc y en el embalse de Aposentos, respectivamente.
La sanción fue impuesta desde el viernes 8 de mayo y se debería cumplir un plazo de 10 días que se le concede al Acueducto para que logre tomar algunas medidas de contingencia. Sin embargo, ayer, Carlos Medellín, quien oficia como apoderado de la EAAB, interpuso una tutela esgrimiendo la violación de derechos fundamentales, como el de tener un servicio público básico de agua y salud.
La concesión de aguas para que el Acueducto pudiera realizar las acciones que hoy la autoridad ambiental boga por suspender venció su última prórroga en 2003, año en el que, de acuerdo con Jorge Enrique Pizano Callejas, gerente general de la EAAB, se iniciaron los trámites para que la concesión se extendiera. Según sugiere, sin recibir respuesta: “En reiteradas ocasiones el Acueducto ha solicitado a esa Corporación pronunciamiento de fondo respecto del trámite de concesión de aguas. Lo anterior hace que el expediente en el que se tramita esa concesión se encuentre plenamente conformado desde hace más de cuatro años sin que por la Corporación se produzca decisión”. El secretario general de la CAR, Carlos Flórez, respondió diciendo que “la Corporación ha solicitado a lo largo de todos estos años la presentación de ciertos requerimientos de estudios ambientales y censos de usuarios obligatorios para la concesión, pero no han sido presentados”.
En el problema también tomó parte el alcalde Samuel Moreno, quien aseguró que su administración interpondrá acciones legales y judiciales para que no se afecte el servicio de acueducto en la ciudad.
Por El Espectador
