El rastreo ilegal a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia empezó por los mismos días en que estalló el escándalo de la parapolítica. Caía el telón del año 2006, el presidente Uribe apenas arrancaba su segundo gobierno y al alboroto de las primeras capturas de congresistas no demoró en atravesarse el argumento para tratar de desprestigiar a los magistrados del alto tribunal: sus relaciones sociales con el empresario italiano Giorgio Sale, por esos mismos días capturado por el delito de narcotráfico.
El caso Sale se transformó en la suspicacia perfecta para averiguar detalles inéditos en la vida del entonces presidente de la Corte Suprema, magistrado Yesid Ramírez Bastidas. En septiembre de ese mismo año, el jurista había sostenido un duro enfrentamiento con el presidente Uribe a raíz de una entrevista concedida a la revista Semana, en la que sugirió que el Jefe del Estado, gracias al fallo de la reelección, había preferido a la Corte Constitucional y que la Suprema no iba a convertirse en Corte de bolsillo.
Las relaciones sociales de Giorgio Sale llegaban hasta los magistrados de la Corte Suprema y el Consejo de la Judicatura, y pronto vino a saberse que, además de su presencia en un congreso de la jurisdicción contenciosa en Valledupar y de un homenaje el ex presidente de la Corte Suprema, Carlos Isaac Náder, en Sincelejo (Sucre), delante de sus colegas le había obsequiado un reloj Rolex al magistrado Yesid Ramírez Bastidas. Es decir, buscando eventuales deslices de los magistrados con el capturado Giorgio Sale, el DAS empezó a merodear sus vidas privadas.
En ese momento, el DAS ya contaba con una estrecha colaboración de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda (UIAF), gracias a tres convenios que se habían firmado desde los tiempos de Jorge Noguera Cotes al frente del organismo de inteligencia. El primero suscrito el 6 de septiembre de 2002; un segundo firmado el 10 de noviembre de 2003; y el tercero con fecha 1° de junio de 2006. Este último acuerdo de colaboración fue avalado por el entonces director del DAS Andrés Peñate Giraldo.
La integración entre el DAS y la UIAF era tan estrecha que en 2003 quedó aprobado que dos funcionarios del DAS trabajaran directamente en las dependencias de la UIAF, respondiendo las consultas que sobre personas o empresas formulara el organismo de inteligencia. Cuatro investigadores cumplieron esta tarea: Luis Helmuth Quiroga, Freddy Alonso Torres, Magda Carolina Rodríguez y John Marlon Gómez. En 2006 cambiaron los términos del convenio y únicamente quedó facultado para requerir información el subdirector de contrainteligencia.
En ese momento, al frente del DAS estaba Andrés Peñate, como subdirectora operaba la abogada María del Pilar Hurtado y como subdirector de inteligencia se encontraba el capitán (r) de la Armada Jorge Alberto Lagos León, quien regresó al organismo recomendado por el comandante de la Armada, almirante Guillermo Barrera y por el director de inteligencia coronel Álvaro Echandía. A partir de julio de 2006, en reemplazo de Alberto Lozano Vila, llegó a la dirección de la UIAF el ex cónsul en Curazao y ex director de la DIAN Mario Alejandro Aranguren Rincón.
En contacto con altos funcionarios de la Presidencia y los altos mandos de las Fuerzas Militares, a través de las juntas de inteligencia, la cúpula del DAS y la dirección de la UIAF le dieron cumplimiento a su alianza. El Espectador constató, por ejemplo, que Lagos, en noviembre de 2006, pidió información sobre los movimientos financieros de congresistas vinculados al escándalo de la parapolítica; o que en diciembre del mismo año lo hizo para pedir un rastreo financiero a los congresistas Roberto Gerlein, Dilian Francisca Toro, Julio Manzur y Jaime Dussán.
En otras palabras, el rol protagónico de Lagos fue creciendo vertiginosamente y hasta la ex directora administrativa del Senado, Selma Samur, pasó por sus requerimientos a la UIAF. Entre tanto, la confrontación entre el gobierno Uribe y los magistrados de la Corte Suprema crecía en intensidad y prueba de ello fue el público enfrentamiento entre el presidente Uribe y el magistrado investigador, Iván Velásquez, a raíz de la aparición de un supuesto testigo apodado Tasmania, quien manifestó haber recibido ofertas judiciales para que comprometiera al Presidente.
Meses después Tasmania se retractó, el magistrado Velásquez quedó libre de toda sospecha, pero la pelea con el Jefe de Estado siguió intacta. La evidencia quedó formalizada en enero de 2008, cuando el presidente Uribe denunció ante la Comisión de Acusación de la Cámara al entonces presidente de la Corte, magistrado César Julio Valencia, por los delitos de injuria y calumnia, en razón a un comentario en El Espectador, según el cual Uribe lo había llamado para reclamar por la vinculación judicial de su primo, el entonces senador Mario Uribe, con el escándalo de la parapolítica.
El asunto estaba al rojo vivo. Por esos mismos días, Antonio López alias Job, vocero del jefe paramilitar Diego Murillo, alias Don Berna, concretaba sus tres citas con funcionarios de la Presidencia, supuestamente para prevenirlos de un complot en contra del primer mandatario; y también estallaba el escándalo de la yidispolítica. Corría el mes de abril de 2008 y, como lo venía haciendo sin apremios, el subdirector de contrainteligencia del DAS le pidió a la dirección de la UIAF información sobre seis personas allegadas al empresario Ascencio Reyes Serrano.
El oficio quedó fechado el 22 de abril de 2008 (ver facsímil) y da cuenta de cómo Jorge Alberto Lagos le pidió al director de la UIAF, Mario Aranguren, información sobre los tres hijos y tres allegados del empresario. La entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, ya reconoció públicamente que fue citada en la Casa de Nariño para que investigara a Reyes porque sobre él recaían sospechas por sus relaciones con dignatarios de la justicia y porque supuestamente el objetivo era esclarecer si la Corte estaba infiltrada por el narcotráfico y la Fiscalía por el paramilitarismo.
María del Pilar Hurtado admitió que la persona que la citó fue el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno Villegas. Hace pocos días el senador Rodrigo Lara Restrepo reveló que por la misma época, cuando oficiaba como Zar Anticorrupción, el asesor de la Presidencia, José Obdulio Gaviria, lo llamó para hacerle el mismo requerimiento en relación con Ascencio Reyes. Lo cierto es que la respuesta de la UIAF al subdirector de contrainteligencia del DAS no se hizo esperar. 48 horas después de la petición del capitán Lagos ya estaba lista la respuesta.
El 24 de abril de 2008, en un oficio firmado por el subdirector de análisis de operaciones de la UIAF, Luis Eduardo Daza, el organismo le envió al DAS 111 folios sobre lo requerido, en un dossier que poco a poco se filtró a los medios de comunicación con un sugestivo rótulo: “El Caso Paseo” (ver facsímil). Un detallado reporte sobre el viaje que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia hicieron a Neiva el 9 de junio de 2006 para celebrar la designación de Yesid Ramírez, hijo de esta tierra, como presidente del alto tribunal. Ese informe representó un nuevo intento por desacreditar las investigaciones de la parapolítica.
Las sospechas sobre el empresario huilense Ascencio Reyes Serrano causaron efecto y los medios de comunicación, incluido El Espectador, dieron cuenta de su papel protagónico ante los dignatarios de la justicia. El aspecto más polémico e insuficientemente investigado, sus relaciones comerciales con el narcotraficante José María Ortiz Pinilla, extraditado a Estados Unidos en enero de 2008. Lo más publicitado, el pago que hizo a la empresa Viajes y Turismo Basan, de propiedad de su familia, del viaje que hicieron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a Neiva en 2006. Un informe que levantó polvareda y suspicacias.
El Espectador constató que el principal reporte de la UIAF llegó al DAS el 25 de julio de 2008, y que fue recibido por Marta Leal, la misma funcionaria que hizo presencia en la reunión en la Presidencia con alias Job y que hoy es investigada por la justicia por haber emitido un informe falso con fecha equivocada sobre lo sucedido en dicho encuentro. Además, la UIAF siguió enviando datos clave al DAS para detallar, por ejemplo, giros del magistrado del Consejo de la Judicatura Alfredo Escobar a Ascencio Reyes por $25 millones, o depósitos del actual presidente del Consejo de Estado, Rafael Lafont, al mismo personaje.
Por esos mismos días, la Corte Suprema de Justicia tomaba decisiones en el escándalo de la yidispolítica, y el presidente Álvaro Uribe acusó a los magistrados del alto tribunal de prestarse para “la trampa del poder del terrorismo agónico”, mientras pedía un referendo ciudadano para que el pueblo decidiera si debían repetirse las elecciones de 2006. El colofón lo puso el entonces alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, quien decidió entablar denuncia penal contra algunos integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por supuestos hechos ilícitos relacionados con sus vínculos con Ascencio Reyes y Giorgio Sale.
La denuncia de Restrepo, aunque acompañada de 15 anexos, la mayoría de ellos de informes periodísticos, en su contenido reproduce los reportes de la UIAF refrendados por el DAS. Habla de las relaciones del magistrado Yesid Ramírez con el empresario Ascencio Reyes, se refiere al viaje a Neiva pagado por la empresa Viajes y Turismo Basan, califica de “llamativo” que la Corte Suprema de Justicia haya absuelto por lavado de activos a dos ciudadanos italianos a quienes denomina “reconocidos hombres al servicio de Giorgio Sale”, sugiere que en diez meses la Sala Penal cambió su jurisprudencia y pide investigaciones.
Desde entonces la pugna entre el gobierno Uribe y la Corte Suprema viene pasando por un eterno contrapunteo, hasta el más reciente escándalo. Se supo que los magistrados del alto tribunal eran objeto de un cerco judicial sin precedentes en la historia de Colombia; que el DAS, destinado a preservar la seguridad del Estado y al servicio de la Presidencia, se había dedicado también a seguir e indagar los pasos de los integrantes del máximo tribunal de justicia; y que, en su desbordada acción, con cerebros aún no identificados, igualmente invadía la privacidad de periodistas, opositores políticos, magistrados y hasta los integrantes del Gobierno. Lo demás está por verse. La Fiscalía, a punto de relevo, tiene la palabra.
“Llevo 20 años con los audífonos puestos”
El primer blanco de este detective del DAS, que prefirió mantener su nombre en reserva, fue Horacio Serpa, quien estaba en plena campaña. De allí en adelante, dice que ya perdió la cuenta de la gente que siguió u oyó de los sitios donde se infiltró, pero recuerda que así como escuchó a ministros y empresarios, también le asignaron ‘peces’ tan ‘gordos’ como los ex presidentes Ernesto Samper y Andrés Pastrana.
Se camuflaba como guerrillero, sindicalista o asesor de parlamentarios; sus seguimientos eran tanto a funcionarios de la oposición como a los del partido gobiernista. “En una ocasión supimos que Fecode iba a realizar un paro y me hice pasar como maestro para conocer sus exigencias. Ahí tuve contacto directo con Jaime Dussán, quien, por supuesto, desde ese momento fue objetivo para el Gobierno”.
Cuenta que las órdenes no siempre provenían del alto gobierno, que a veces una investigación conducía a otra. Además, no todos sus informes iban a parar a manos del Ejecutivo. “Muchos de nuestros reportes terminaban en un cuarto muy pequeño, le decíamos el cuarto de Las Marías. No era otra cosa que un lugar oscuro y pequeño en donde se guardaba información clasificada. Allí sí había verdaderos secretos. Pero ya no existe, y no sé a dónde paró esa información”.
“Yo llevo 20 años con los audífonos puestos, oyendo lo que hablan los políticos, siguiendo a sus hijos, esposas, asesores, asistentes, secretarias. Pero no sabíamos que eso era delito, me enteré cuando estalló el escándalo. Es que si el jefe de uno da la orden, es muy difícil creer que estábamos haciendo algo malo”.
Aún sigue trabajando en el DAS, aunque confiesa que siente miedo por estos días de que el escándalo lo salpique. Por eso guarda como un tesoro todas las órdenes que recibió y dice que si lo llegan a vincular, las mostrará a las autoridades.
Lagos, el hombre de contrainteligencia
El capitán retirado de la Armada Jorge Lagos fue director del DAS en Cartagena. Tiene fama en su institución de ser un “militar intelectual” y es amigo personal de políticos como Jairo Clopatofsky, del ministro de Comercio Luis Guillermo Plata y de José Félix Lafaurie. Al igual que su ex jefe Fernando Tabárez, es considerado de las entrañas del comandante de la Armada, almirante Guillermo Barrera.
Dicen que fue determinante para acabar con los frentes de las Farc que operaban en los Montes de María. Se especializó en información sensible de narcotráfico y de guerrilla. Es uno de los oficiales (r) que se puede decir que conoce, como pocos, a las Farc y al Eln. Sus informes sobre las orientaciones y los movimientos de la guerrilla eran guía para el Gobierno. Asistía a las juntas de inteligencia del Ministerio de Defensa, donde se definían los objetivos estratégicos para el Gobierno.
¿En qué van las investigaciones?
El pasado viernes la Procuraduría abrió investigación disciplinaria en contra de Bernardo Moreno Villegas, secretario general de la Presidencia; César Mauricio Velásquez, secretario de Prensa de Palacio, y Jorge Mario Eastman Robledo, asesor presidencial, por las interceptaciones ilegales a un sinnúmero de personalidades del país.
La decisión cobijó además a los ex directores del DAS Andrés Peñate y Jorge Noguera Cotes; a José Miguel Narváez, ex subdirector de la institución y a Mario Alejandro Aranguren Rincón, director de la UIAF. La Fiscalía ya interrogó al ex director de contrainteligencia Jorge Alberto Lagos y están pendientes las diligencias con Aranguren y los ex directores del DAS que son investigados.
¿Qué es la UIAF?
La Unidad de Información y Análisis Financiero, adscrita al Ministerio de Hacienda, fue creada con la Ley 526 de 1999 con el propósito de detectar posibles operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo en diferentes sectores de la economía.
La labor de la UIAF, palabras más palabras menos, es establecer qué hacen los delincuentes con el dinero que tienen, de dónde lo reciben y cómo lo gastan. Una vez determinada esta información, el organismo envía los datos a la Fiscalía General.