“Si Uribe intenta permanecer en la Presidencia arriesgará sus propios triunfos. Algunos de sus más fuertes partidarios le darían la espalda y sus buenas relaciones con Estados Unidos quedarían sometidas a mucha presión”. Esta es sólo una de las frases de un duro editorial que publicó el viernes pasado The Washington Post, el diario más influyente del mundo político norteamericano. No es el único. Otros prestigiosos periódicos y columnistas se han pronunciado en el mismo sentido desde cuando empezó a ser evidente que el movimiento uribista por la segunda reelección del jefe de Estado colombiano no era una simple entelequia de amigos afiebrados del Presidente, sino un plan largamente preconcebido para abrirle paso a la prolongación de su mandato por cuatro años más.
Debido a esa estrategia, la imagen del Primer Mandatario ha sufrido un fuerte deterioro en el exterior. Fuera de la aprobación del referendo reeleccionista en el Senado hace unos días, hay tres escándalos que han contribuido a empeorar la opinión sobre el Gobierno: las ejecuciones extrajudiciales, el espionaje ilegal del DAS a la Corte Suprema y a los opositores políticos, así como los negocios de Tomás y Jerónimo Uribe. En medio de este complicado panorama, visitó el país hace unos días uno de los analistas norteamericanos más conocedores de Colombia. Se trata de Adam Isacson, investigador de mucho peso en el Centro de Política Internacional (Center for International Policy) de la capital de Estados Unidos, una fundación privada independiente que promueve políticas exteriores basadas en la cooperación, la desmilitarización y el respeto por los derechos humanos. Pocos centros de pensamiento con mayor cercanía y poder de penetración en los círculos políticos de Washington como éste. Isacson conoce el territorio nacional de cabo a rabo y ahora está preparando un documento que será publicado dentro tres meses. Sus respuestas son valiosas porque contienen la visión de un analista conocedor, pero desapasionado de la realidad colombiana.
Cecilia Orozco Tascón.- ¿La imagen del presidente Uribe ha cambiado recientemente en Estados Unidos?
Adam Isacson.- Su imagen siempre ha sido muy positiva en Estados Unidos por sus logros en materia de seguridad, especialmente por la ‘Operación Jaque’. También porque se le ha sido visto como el bastión antichavista de la región. Pero ahora, debido a los últimos escándalos y al tema de la reelección, la opinión en Washington sobre el presidente Uribe está en su punto más bajo. Si él dijera que se va en 2010, su prestigio se recuperaría muchísimo.
C.O.T.- Entonces es cierto que en el gobierno de Obama y en el Congreso ven con mucha desconfianza una segunda reforma constitucional para reelegir a Uribe.
A.I.- Hay que decirlo con claridad: no he hablado con una sola persona en Washington, ni he leído una opinión en la prensa de alguien que esté a favor de la segunda reelección de Uribe. E incluyo en este grupo a algunos de los funcionarios y analistas más conservadores de la capital norteamericana. Quienes admiran al presidente colombiano en Estados Unidos no lo volverían a defender si él insiste en la reelección, porque estaría mostrando la misma tendencia autoritaria que su contraparte en Venezuela.
C.O.T.- ¿Qué se dijo en los organismos internacionales y centros de pensamiento de Washington con la aprobación del referendo reeleccionista en el Senado?
A.I.- La noticia fue recibida con asombro. “Creo que es una pésima idea, y se lo he comunicado a la embajadora Barco”, es una frase que he escuchado decir en varios escenarios.
C.O.T.- Si Uribe decidiera lanzarse de nuevo, ¿qué cambiaría respecto de la ayuda de Estados Unidos? ¿Habría algún tipo de sanción?
A.I.- No creo. Ya hay un intento de reducir el monto gradualmente, pero el paquete de ayuda no debe bajar de US$400 millones. Continuará inalterable el apoyo a los desplazados, a los programas de desarrollo y de justicia. El Plan Antinarcóticos seguirá con menos énfasis en la fumigación porque hay interés en apoyar los planes alternativos de “consolidación social del territorio” como el de La Macarena. Quizá habrá más énfasis en los condicionamientos sobre derechos humanos y seguramente se les dará apoyo a las instituciones democráticas y a las veedurías ciudadanas.
C.O.T.- Aquí se sugiere que la discusión sobre el TLC se está reactivando y se resaltan las declaraciones de la secretaria Clinton. ¿Es exacta esa versión?
A.I.- Lo que se ha dicho aquí es que están dispuestos a discutir los puntos que Colombia tendría que satisfacer para poder empezar a sacar adelante el proyecto del TLC en el Congreso. Esos temas tienen que ver con derechos sindicales, impunidad en las investigaciones y otros temas. Pero va a haber una larga espera antes, y ni siquiera el acuerdo con Panamá, que está primero, se considerará por ahora, especialmente en medio de la crisis económica. Menos aún, con la incertidumbre por la reelección.
C.O.T.- Es decir, ¿el hecho de que la reelección presidencial esté pendiente contribuye a demorar la decisión de Washington respecto del TLC?
A.I.- No es el tema principal, pero está empezando a ser un factor que enturbia el ambiente.
C.O.T.- El vicepresidente Santos dijo que el país debería renunciar al componente norteamericano del Plan Colombia por el “maltrato” norteamericano. ¿Esas opiniones desaniman el apoyo de Washington? A.I.- Las declaraciones del Vicepresidente no le han hecho grave daño a la voluntad de cooperación con Colombia, aunque sí han dejado dudas sobre la seriedad del Gobierno al pedir que se acabe un programa de US$6.000 millones porque unos demócratas se hubieran atrevido a cuestionar su desempeño en derechos humanos. Sin embargo, su embajada ha absuelto la mayor parte de esas dudas. El fracaso en la erradicación de la droga ha sido una mayor frustración.
C.O.T.- Le voy a insistir: el Vicepresidente ha sido muy beligerante contra Estados Unidos y no sólo por el Plan Colombia. Además, un ex asesor presidencial no fue muy cortés con algunos de sus congresistas.
A.I.- En Washington se extrañan por la ausencia de declaraciones de indignación de los funcionarios colombianos por los asesinatos de activistas, la impunidad en esos casos y la situación de los desplazados o de las víctimas de los falsos positivos. Algunos demócratas del Congreso sí han dicho que están molestos por las respuestas de los altos dignatarios, especialmente por las del vicepresidente Santos. Ellos parecen más molestos por las críticas que se les hacen, que por el hecho de que se hayan perdido tantas vidas inocentes.
C.O.T.- Desde hace varios años el Partido Demócrata le ha estado llamando la atención a Colombia por violaciones a derechos humanos. A su juicio, ¿el Gobierno Uribe ha respondido adecuadamente los reclamos?
A.I.- Entre los demócratas con quienes intercambio ideas, la respuesta es un “no” contundente. Aunque la frecuencia de los asesinatos ha bajado en los últimos años, ellos se dan cuenta de que los índices de impunidad no han variado. El daño que ha hecho el escándalo de los falsos positivos es más grave de lo que yo imaginaba. Hay mucha inquietud por el hecho de que estos casos hubieran sucedido después de tantos años de cooperación y de declaraciones de Colombia sobre mejoría en el tema de derechos humanos.
C.O.T.- El Gobierno ha dicho que su respuesta a los falsos positivos fue contundente porque destituyó a 27 oficiales del Ejército. ¿Esa respuesta es suficiente para Estados Unidos?
A.I.- En estos casos la petición norteamericana no es muy difícil de aceptar: que no haya impunidad. Destituir a 27 oficiales es un paso increíblemente importante, e indica que algunos funcionarios del Gobierno reconocen la gravedad de esos crímenes y el horror que inspiran en el resto del mundo. Pero destituir no es lograr que haya justicia. En este momento hay más de mil miembros de las Fuerzas Armadas en investigación. Cooperar con los investigadores y fiscales de manera transparente es la mejor forma de probar que se está cambiando. Dado eso, es preocupante que el Presidente y el ex ministro Juan Manuel Santos insistan en que es un tema del pasado o, peor aún, en que es una estratagema de la guerrilla para minar la moral de la tropa. Esas afirmaciones públicas alientan a elementos dentro de las Fuerzas Militares que preferirían defender la institución a todo costo.
C.O.T.- La prensa norteamericana ha sido generosa en reconocimientos para la administración Uribe, pero últimamente lo critica mucho. ¿La posición de la prensa influye en los políticos de Estados Unidos o, al contrario, son éstos quienes influyen en la prensa?
A.I.- Colombia recibe tan poca cobertura en Estados Unidos que un artículo de uno de los periódicos importantes (New York Times, Los Angeles Times, Wall Street Journal, Washington Post) tiene un impacto enorme en las percepciones de los círculos políticos. Los medios siguen teniendo mucha credibilidad.
C.O.T.- La Corte Suprema solicitó un relator especial de la ONU para vigilar la independencia de las investigaciones sobre el espionaje a la justicia. ¿Cuánto se afecta la imagen de Colombia en Estados Unidos por este hecho?
A.I.- Preocupan las críticas del presidente Uribe a los magistrados que investigan la parapolítica y llaman la atención, entre otros casos, la demanda contra el ex presidente de la Corte César Julio Valencia, las intimidaciones que ha sufrido el magistrado auxiliar Iván Velásquez, o las acusaciones infundadas de que la Corte apoya el terrorismo. El tema es un poco complicado de entender aquí, pero sí hay interrogantes sobre el balance entre las Ramas del Poder que necesita cualquier democracia para poder sobrevivir. Vale anotar que los mismos temores se expresan por la independencia judicial en Venezuela.
C.O.T.- La comparación con Venezuela ha surgido varias veces en esta entrevista. ¿Usted comparte la apreciación de quienes dicen que los presidentes Uribe y Chávez se parecen? ¿En qué se diferencian y en qué son comparables?
A.I.- Es una pregunta complicada. Ambos líderes aman el poder, agreden a sus opositores, son militaristas y han utilizado su popularidad para debilitar las instituciones que limitan su poder. Chávez ha ido mucho más allá que Uribe en el esfuerzo de politizar y debilitar los entes de control, aunque el Presidente colombiano puede estar siguiendo sus pasos si continúa nombrando a personas cercanas a su gobierno en la Fiscalía, la Procuraduría, las cortes, el Banco de la República, la Comisión de Televisión y otras entidades. Chávez ha cerrado importantes medios de comunicación, algo que nunca ha pasado en Colombia. Pero, de otro lado, en Venezuela no se conoce un número grande de asesinatos políticos, desapariciones, paramilitarismo o falsos positivos. Entonces hay algunas similitudes, pero las diferencias también son considerables.
Panorama contradictorio
C.O.T- ¿En su recorrido reciente por el país cómo encontró el ambiente en materia de orden público, seguridad urbana y libertad de debate?
A.I.- Noté más preocupación por la seguridad de la que había percibido en los últimos años, pero eso tiene poco que ver con las Farc, que ya no constituyen un factor de inquietud. La gente comenta sobre el incremento de la delincuencia común en las ciudades. En cuanto a la posibilidad de hacer un debate político amplio, es evidente que hay temas difíciles de abordar. Por ejemplo, abusos de derechos humanos y relaciones entre el paramilitarismo y sectores legales, son puntos que aún no se discuten de manera transparente. Y existe la sensación de que por estar en la oposición política, las personas se exponen a seguimientos y señalamientos públicos de que son afines con la guerrilla.
C.O.T.- Usted es un analista de Colombia. ¿La condiciones aquí han avanzado o retrocedido en cuanto a garantías y respeto por los derechos?
A.I.- Veo un panorama contradictorio. Las garantías democráticas se han expandido en el sentido de que candidatos de la izquierda pueden hacer campaña, competir en las elecciones y seguir vivos. No queda claro si ese es un avance permanente: la seguridad de los políticos de izquierda podría empeorar dramáticamente si su popularidad excede el porcentaje minoritario del que gozan en la actualidad y si llegaran a poner en riesgo el actual dominio de la derecha.
Radiografía de Colombia en Washington
En su condición de director del Programa para Colombia y Centroamérica del Centro de Política Internacional de Washington, Adam Isacson está elaborando un estudio sobre las variaciones de orientación social que ha tenido el antiguo Plan Colombia y sus efectos reales en el campo de acción. El documento se publicará en septiembre. Según Isacson, “el Plan Colombia ha fracasado. No hay otra manera de expresarlo si se mide en hectáreas de cultivos, toneladas de cocaína, precios de la pasta básica, precios de la droga en Colombia y Estados Unidos, y porcentaje de la población estadounidense que consume cocaína, porque no ha habido ningún cambio importante desde 2000, año en que se inició el Plan”.
El programa de Colombia del Centro de Política Internacional se concentra en evaluar las modificaciones que se le han hecho a la ayuda norteamericana y su aplicación en 13 zonas del país donde se pretende hacer llegar, de manera coordinada, las instituciones civiles del Estado. El propósito del informe será orientar el futuro apoyo de Estados Unidos a esos planes que tienen menos énfasis en lo militar y mayor esfuerzo en lo social. El estudio será una radiografía sobre lo que se ha hecho, lo que está funcionando y cuáles cambios y ajustes serían necesarios para orientar el futuro apoyo de Estados Unidos.