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Un sinnúmero de ONG estaban siendo rastreadas ilegalmente por agentes del DAS.

El nombre de Jaime Fernando Ovalle Olaz, ex coordinador del Grupo de Inteligencia Política del DAS, salió a relucir por primera vez a la opinión pública cuando el senador Gustavo Petro, documentos en mano, denunció en octubre del año pasado que Ovalle suscribió dos memorandos en los que pidió información sobre él y otros integrantes del Polo Democrático que evidenciaron un milimétrico espionaje. El escándalo pronto cobró las cabezas de Ovalle y de la directora María del Pilar Hurtado. Se dijo entonces que no era política del DAS hacer seguimientos ilegales y que el caso Petro había sido excepcional.

Mientras el país asistía a una nueva controversia gestada en las entrañas de la policía secreta, el nombre de Jaime Fernando Ovalle fue perdiendo resonancia. Pero, súbitamente, por cuenta de las indagaciones de la justicia a la olla podrida del DAS, su notoriedad ha vuelto al ruedo. Y de qué manera. Aparece mencionado de cabo a rabo en el expediente por el escándalo de las ‘chuzadas’, pues como coordinador del Grupo Especial de Inteligencia G-3 fue el responsable de configurar una cacería sin antecedentes a organizaciones de Derechos Humanos, centrales de trabajadores, congresistas, periodistas y un largo etcétera de personalidades, incluido el director para América Latina de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

Ovalle Olaz, natural de Bogotá, con 53 años de edad, graduado en Comunicación Social y Periodismo y durante 16 años analista de inteligencia, en declaración juramentada a la Procuraduría sostuvo que “el DAS no puede adelantar ninguna diligencia relacionada con vigilancia, seguimiento e interceptaciones sin una orden judicial” y que con la creación del G-3 se buscaba estudiar a actores y hechos políticos “que representen riesgos, amenazas u oportunidades al alto Gobierno”. Lo que no dijo fue que como coordinador de ese grupo entre 2004 y 2005 se ordenó interceptación de líneas y correos electrónicos, así como seguimientos, fotografías y perfiles de abogados de organizaciones de DD.HH.

Entre los blancos figuraban el Colectivo José Alvear Restrepo y su director, Alirio Uribe, con un curioso título para las pesquisas: ‘Caso Transmilenio’; pero además aparecieron representantes de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Fensuagro, Minga, Comisión Colombiana de Juristas, Cáritas Diocesanas, Asamblea Permanente por la Paz, Redepaz, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Acnur, los periodistas Hollman Morris, Daniel Coronell, un listado de dirigentes del Polo como Petro, Piedad Córdoba, Gloria Cuartas, Wilson Borja y de algunos militares (r) como Manuel José Bonnet, Álvaro Valencia Tovar, Juan Salcedo Lora, entre otros. A todos ellos se les consultaron antecedentes, anotaciones de inteligencia, hábitos, debilidades e información íntima.

El caso más aberrante es el que tiene que ver con el Colectivo José Alvear Restrepo. El CTI documentó cerca de 5.000 páginas del DAS en las que se registra información de inteligencia, placas de vehículos usados por 14 abogados de ese bufete, un listado de teléfonos fijos y celulares interceptados, rastreo de movimientos, fotografías con posición del núcleo familiar, información financiera y de propiedades. Según la investigación, el 18 de marzo de 2004 se envió un oficio a la subdirección de contrainteligencia para empezar a ‘chuzar’ a representantes claves de esta ONG. Ninguna con orden judicial. Los rastreos incluían información biográfica, pasaporte, certificado judicial, lugares frecuentados, “nombre de hijos, amantes, amigos y compañeros”.

El correo de Alirio Uribe y los de otras 37 personas con nexos con esa organización fueron intervenidos y su información reportada, la mayoría de veces a través de manuscritos, a Jaime Fernando Ovalle. Los abogados Eduardo Carreño, Reinaldo Villalba, la periodista Claudia Julieta Duque, Rafael Barrios, entre otros, fueron objeto de ‘chuzadas’, como quedó en evidencia en un informe de 299 páginas en el que se lee en la parte inferior “control escuchas”. Además, agentes del DAS tomaron fotografías de la sede del Colectivo de manera encubierta y seguían a sus miembros en marchas, eventos académicos y manifestaciones públicas con reportes a Ovalle y al ex director de inteligencia Carlos Alberto Arzayús Guerrero.

“Se evidencia que el control de comunicaciones del DAS les permitía obtener información previa de citas y fechas de eventos a los que asistirían los integrantes del Colectivo, lo cual facilitó que los eventos fueran cubiertos por detectives del DAS y quedaron evidencias de memorandos que ellos rinden”, se lee en el informe del CTI. El DAS seguía a miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y le pidió al Banco de la República una consulta de saldos o divisas extranjeras recibidas en los últimos años por las ONG mencionadas. También se ordenó recopilar información de cuatro magistrados de la Corte Constitucional, el abogado Ramiro Bejarano y otros políticos de los que pidieron celulares y cartillas decadactilares. Buena parte de esta información habría sido entregada por los agentes que hacen parte de sus esquemas de seguridad.

De igual manera, figuran archivos del vicepresidente Francisco Santos, del ex director del DAS Andrés Peñate y de monseñor Nel Beltrán, o reportes de fuentes reservadas y control técnico sobre Iván Cepeda y Hollman Morris, este último en una investigación denominada “Caso Puerto Asís”. A Morris le esculcaron sus correos, en un informe confidencial lo tachan de “periodista beligerante” y se siguieron de cerca sus actividades en el extranjero. Toda esa información iba para Ovalle que, en varias oportunidades, solicitó la utilización de gastos reservados para desarrollar actividades de seguimiento al Colectivo José Alvear y, en particular, la suma de $2’500.000 “para mejoramiento de la inteligencia que soporte fachadas e historias ficticias en el mismo caso”.

Precisamente la justicia indaga si esta utilización de gastos reservados y la comprobación de que nunca existió oficialmente el G-3 deriva en delitos penales. Fueron muchos más los seguidos, como el jesuita Javier Giraldo, Ana Teresa Bernal, monseñor Tulio Duque Gutiérrez o Gustavo Gallón, a los cuales, según memorando enviado a Carlos Arzayús, era necesario seguirlos porque eran de tendencia opositora, “con el fin de restringir o neutralizar su accionar” o lograr “la judicialización de operaciones de inteligencia a cubierta (diversas fases de la guerra sicológica)”. En algunos informes relacionados con estas organizaciones aparece registrada la siguiente frase: “¿Cómo podemos sabotear?”. Un cerco infame del cual empiezan a aflorar las evidencias.

Los pasos del DAS en la reelección

En el informe de 228 páginas del CTI de la Fiscalía sobre el espionaje del DAS a personalidades públicas aparecen pesquisas del organismo de inteligencia a varios magistrados de la Corte Constitucional. Lo particular es que la información recaudada por el grupo G-3 se dio entre 2004 y 2005, cuando ese alto tribunal estudiaba el acto legislativo que aprobó la reelección presidencial inmediata. En ese contexto se solicitaron las hojas de vida de los magistrados Jaime Araújo Rentería, Alfredo Beltrán, Rodrigo Escobar y Clara Inés Vargas.

También se solicitaron los datos biográficos y se hicieron estudios de inteligencia del ex fiscal Alfonso Gómez Méndez, del director del semanario ‘Voz’ Carlos Lozano Guillén, del ex candidato presidencia Álvaro Leyva Durán y de los dirigentes del Polo Luis Eduardo Garzón y Carlos Gaviria Díaz.

Los que una vez hicieron parte del polémico G-3 dejaron su rol de investigadores para pasar a ser investigados. El grupo, liderado por Jaime Fernando Ovalle, estaba conformado por 14 detectives más: Jorge Armando Rubiano, Blanca Cecilia Rubio, Carlos Alberto Herrera, Sandra Lucía Muñoz, Lina María Romero, Yuli Paulín Quintero, Astrid Fernanda Cantor, Mario Orlando Ortiz, Sonia Rodríguez Briceño, Juan Carlos Sastoque, Ronald Rivera Rodríguez, Deysi Carolina Cancino, Néider Ricardo Hoyos y María Osana Ruiz Vargas.