En las entrañas de la mafia mexicana

Aquella tarde de finales de enero, el hijo de La Tuta no tuvo suerte con los gallos de pelea. En medio de un palenque abarrotado, el muchacho perdía una y otra vez hasta que se quedó sin un peso. Excitado, decidió ir por más. Alguien camuflado entre el público hizo una llamada perdida y los agentes federales lo esperaron a la salida. En su camioneta no hallaron armas ni drogas, pero sí un papel, una lista con nombres de políticos, jueces, fiscales, policías... Y, junto a cada nombre, una cantidad.

Ya han pasado casi seis meses desde aquella detención. En la pared del despacho de un jefe de investigadores de la Policía Federal hay un mural con textos, gráficos y una fotografía en la que aparecen las cabezas cortadas de cinco hombres jóvenes esparcidas por una pista de baile. Junto a los rastros de sangre, un cartel que avisa: “La Familia no mata por dinero, no mata mujeres, no mata inocentes, muere quien debe morir, sépalo toda la gente. Esto es: Justicia Divina”.

En la mesa del agente federal está la lista de políticos, jueces y policías corruptos incautada al hijo del narcotraficante apodado La Tuta. Esos tres elementos —la violencia extrema, la corrupción de las autoridades y una increíble presencia mística— configuran el poder de La Familia. Un poder que asusta porque, a diferencia del resto de los carteles, su objetivo va más allá del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Quieren más. Lo quieren todo...

Sí —admite un alto mando antidrogas—, desde luego no se trata de un cartel más dedicado al narcotráfico. La Familia aspira a sustituir al Estado.

Y basta una visita rápida a la ciudad de Morelia —capital de Michoacán— para percatarse de que lo está consiguiendo. Las administraciones locales apenas pueden recaudar impuestos, pero, en cambio, ya son muy pocas las gasolineras, las tiendas de comestibles, los productores de aguacate y hasta los organizadores de conciertos que no pagan religiosamente su diezmo para que la mafia los proteja. No hace falta decir que los sicarios de La Familia controlan directamente los prostíbulos, las máquinas tragamonedas, la piratería, la venta de armas y, por supuesto, el tráfico de drogas.

Según los datos de la policía, el cartel opera en 87 de los 113 municipios de Michoacán —la cuna del presidente Felipe Calderón— y sus tentáculos hace tiempo que dejaron de ser locales. La DEA —la policía antinarcóticos norteamericana— ha detectado ramificaciones de La Familia en 16 de sus estados. La organización utiliza para ello a los emigrantes. Y tiene dónde escoger: Michoacán es el segundo estado mexicano que más mano de obra exporta a Estados Unidos.

Un vistazo a los orígenes

Todo empezó con el siglo. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió el poder después de 70 años y México tuvo que aprender a vivir con una realidad distinta. Hasta entonces, el presidente de la República hacía y deshacía en todo el país. México era un Estado federal, pero los gobernadores, los alcaldes, los jefes de policía y por supuesto los líderes sindicales y sociales de cada demarcación pertenecían al PRI. “A poco que uno se desmadrara”, recuerda un alto cargo de la seguridad del Estado, “nos decían: llévalo a Los Pinos —la residencia presidencial—. Bastaba una charla con el presidente de turno para que todo volviera a su cauce“.

Con las fuerzas del orden sucedía igual. Aunque cada cuerpo policial dependía de un gobernador o un alcalde, cuando llegaba el caso obedecía de forma implícita y efectiva el dictado que llegaba de la capital. Ya no es así. La imagen más gráfica se presenció hace poco.

Durante tres horas, a plena luz del día y en mitad de la calle, policías municipales y estatales de Nuevo León se enfrentaron con agentes de la Policía Federal. Se encañonaron mutuamente con pistolas y armas largas. No pasó nada, pero fue de chiripa. En otras ocasiones, agentes federales o miembros del Ejército han optado por solventar situaciones parecidas de insurrección a tiro limpio.

En algunos lugares, como Michoacán, el poder del Estado fue haciéndose cada vez más débil y eso fue aprovechado por los narcotraficantes. La Familia, cuya presencia en la zona se remonta a dos décadas atrás, dio un salto cualitativo.

Ya no les bastaba con la producción de heroína y marihuana —hay constancia de plantaciones de amapola en 37 de los 113 municipios de Michoacán— ni siquiera con el control del puerto de Lázaro Cárdenas, a donde llega la cocaína de Suramérica y la efedrina de Europa y Asia con destino a Estados Unidos. La Familia quería más. Quería el control social, y hasta espiritual, de sus vecinos. Y empezaron de la manera más sencilla, desde abajo, poco a poco.

Yo adoctrino

“Yo adoctriné a 9.000 personas”. Quien habla es Rafael Cedeño. Alto, camisa blanca, ojos azules. La Policía Federal lo detuvo el pasado 18 de abril, mientras participaba, junto a otros 40 integrantes de La Familia, en un bautizo. Es verdad que, además del agua bendita, El Cede y sus amigos se llevaron buenos pertrechos a la ceremonia. La policía se incautó de tres fusiles automáticos AR-15, un fusil de asalto AK-47, cinco granadas de fragmentación, seis armas cortas, munición como para aburrir y droga, mucha droga. Cedeño —a decir de sus captores— no perdió la templanza en ningún momento y desde el principio estuvo dispuesto a contar su historia, que empieza dos décadas atrás, borracho y drogado, un tipo sin futuro tirado en una calle de Morelia.

La organización —dirigida por dos tipos apodados El Chango y El Chayo— decide formar a sus cuadros de colaboradores a partir de los drogadictos que recoge en la calle. Los interna en unos albergues llamados Gratitud y los saca de la adicción.

De forma paralela, implica a sus familias en el proceso. Los saca de la droga y les da una perspectiva de vida distinta basada en su biblia, los principios espirituales de El más Loco —uno de los apodos del Chayo—. Pero quiere algo a cambio. Quiere fidelidad. “Los muchachos rehabilitados”, cuenta uno de los jefes de la Policía Federal, “pasan a formar parte de la estructura criminal de la organización”. Unos se dedican a la distribución de droga al menudeo. Otros son los llamados halcones. Recorren en vehículos las ciudades para informar al cartel de los movimientos de la policía o el ejército.

Hay un tercer grupo. El de los sicarios. Su cometido es secuestrar a los vendedores de droga de los carteles rivales, retenerlos por unas horas y hacerles una oferta: “Si quieres vender nuestra droga, bienvenido. Si no, ya sabes...”.

El “ya sabes” son cinco cabezas desperdigadas en una pista de baile del municipio de Uruapan. Con una pancarta al lado a modo de firma. Porque, además del trasfondo místico, los capos de La Familia también son pioneros en otro aspecto. La publicidad. No basta matar a alguien. Hay que hacerlo de la forma más sangrienta posible y con publicidad. La Familia —según un informe de la policía que no se puede reproducir por la crueldad de sus imágenes— tiene una verdadera estrategia mediática.

Después de matar a sus rivales, les corta la cabeza y los exhibe en sitios públicos, junto a letreros donde amenaza a sus rivales —fundamentalmente del grupo de Los Zetas— e incluso avisa de quién será el próximo asesinado. Los mensajes de La Familia no sólo van dirigidos a los carteles rivales. También se dirigen a la población. Y, por increíble que pueda parecer, lo hacen con anuncios pagados en los principales periódicos. Su objetivo: ganarse el afecto de los ciudadanos. ¿Cómo? De nuevo, asumiendo funciones propias del Estado.

Uno de los mensajes insertados a toda página en La Voz de Michoacán y en El Sol de Morelia dice: “Nuestra misión es erradicar el secuestro, la extorsión directa y telefónica, los asesinatos por paga, el secuestro, los robos... Quizás en este momento la gente no nos entienda... Desgraciadamente, hemos recurrido a estrategias muy fuertes por parte de nosotros, ya que es la única manera de poner orden en el Estado y no vamos a permitir que esto se salga de control...”.

Hubo otro periódico donde La Familia quiso poner un anuncio pagado. Un individuo llegó a la redacción y pidió ver al director. Le puso un sobre con dinero encima de la mesa y le dijo: “Quiero publicar esto”. El director le dijo que no era posible. Esa misma noche, el periodista fue a su casa, hizo la maleta y abandonó la ciudad.

Así estaban las cosas cuando, la noche del pasado 15 de septiembre, coincidiendo con la celebración del grito de la Independencia en Morelia, unos desconocidos arrojaron granadas de fragmentación sobre la multitud. El primer atentado narcoterrorista de la historia de México dejó ocho muertos. Lo único que hay claro es que se trató de un ajuste de cuentas entre La Familia y Los Zetas.

El presidente Calderón ordenó a la Policía Federal que pusiera especial atención sobre el estado que lo vio nacer. Y lo que allí vieron los agentes fue lo que todo el mundo: La Familia había sido capaz de tejer una gran red de afectos y complicidades aprovechando la ausencia del Estado. El secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, dio orden a sus agentes de que se infiltraran, intervinieran comunicaciones, averiguaran qué había de verdad en los rumores que decían que tal o cual alcalde, que tal o cual juez...

Y fue entonces cuando el hijo de La Tuta empezó a perder en las peleas de gallos. Y salió del palenque por más dinero. Y fue detenido. Y, en vez de armas o drogas, los agentes encontraron un papel con una lista de funcionarios. Junto a algunos nombres había cifras de hasta 80.000 pesos mensuales de sueldo —más de US$4.000— por compaginar la vida de alcalde de pueblo con la de colaborador del narcotráfico.

Cinco meses después detuvieron a 11 alcaldes y a otros 17 altos funcionarios por su relación con el narcotráfico. La lista tiene más nombres. De más altura. Los verdaderos gallos de pelea. Esos que nunca bajan al palenque.