El juez que estafó al Seguro Social

Un cartel de procesos ilegales para defraudar al Estado. Eso fue lo que propició, según la Fiscalía, el juez segundo civil municipal de Ciénaga (Magdalena), Antonio Rafael Vives Cervantes. De acuerdo con las indagaciones del organismo, el ex funcionario —posesionado en tal cargo desde el 16 de septiembre de 2004—, junto con abogados particulares y defensores de la Nación, tramitó entre 2006 y 2007 un total de 72 demandas irregulares que provocaron un detrimento patrimonial al Instituto de Seguros Sociales (ISS) por más de $8.500 millones.

La ejecución de este fraude le valió a Vives Cervantes un llamado a juicio por parte de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía, cuya primera audiencia tendrá lugar esta semana. En las 124 páginas de esa providencia fueron detalladas paso a paso las prácticas ilícitas que cometió el ex juez para tener que responder hoy ante la justicia por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción y cohecho propio. La Fiscalía estimó que, por cuenta de este carrusel de demandas, se perdieron $8.500.724.526 del erario.

En el expediente quedó plasmado el concepto que dio la Procuraduría: Vives Cervantes debía ser llamado a juicio. “Prevalido de su condición de juez de la República obró como ordenador del gasto con la expedición de los títulos judiciales (...) permitiendo con ello tanto su propio beneficio como el de abogados y terceros, dejando en evidencia traslúcida el interés ineludible de defraudar al Seguro Social”, expresó el delegado del Ministerio Público, quien señaló que Vives tramitaba los procesos acudiendo no a su secretario sino a una persona ajena al despacho, “con el claro propósito de ejecutar un acto contrario a sus funciones”.

El representante del ex funcionario alegó que no era posible para su defendido saber si los documentos presentados por los demandantes eran falsos o auténticos, punto que fue clave para que los investigadores determinaran el fraude que estaba sucediendo en el despacho del juez Vives Cervantes. La Fiscalía, sin embargo, no admitió este argumento y, por el contrario, controvertió la manera en que Vives dio paso a las 72 demandas que hoy lo tienen en serios aprietos. Por ejemplo, la “brevedad sorprendente” con que resolvió estos casos que, por lo general, pueden durar años en los archivos de los juzgados.

“Se cuestiona es que en lapsos sorprendentemente cortos se tramitaran procesos ejecutivos en los que, además, se ordenó el pago de costas como si se tratara de litigios de suma complejidad”, replicó la Fiscalía. El ente investigativo encontró que, extrañamente, pasaban sólo días desde que la demanda llegaba a la oficina del juez Vives Cervantes para que ésta fuera fallada, que los dineros que debía pagar el ISS se establecían por montos e intereses  muy superiores a los de ley, que se presentaban documentos alterados y que los abogados del Seguro Social ni siquiera se molestaban en refutar las pretensiones de los demandantes.

Pero Antonio Rafael Vives Cervantes no es el único bajo la lupa por este gran fraude al ISS. Un grupo de abogados, tanto particulares como litigantes de la Nación, está siendo investigado por el fiscal 53 de la Unidad de Derechos Humanos, por entablar demandas ejecutivas contra el Seguro Social “sobre la base de obligaciones inexistentes. Estas demandas fueron ilegalmente tramitadas en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ciénaga, contando además con la inactividad judicial de los abogados del Seguro Social encargados de una defensa que nunca se ejerció”.

Gustavo Tobías y Leonardo Fabio Reines, ambos investigados por haber pertenecido a este cartel, reconocieron bajo juramento que Vives Cervantes recibía un porcentaje —del 10%, según Reines— de los dineros con que el Seguro Social, por orden del propio Vives, se veía obligado a indemnizar a sus supuestos afectados.  Ahora que comienza este juicio, será tarea del Tribunal Superior de Magdalena determinar si verdaderamente hubo participación de quien fue juez civil de Ciénaga entre 2004 y 2007, Antonio Rafael Vives Cervantes, en este carrusel de demandas con el que se perdieron miles de millones de pesos de los contribuyentes.