Opinión |27 Jun 2009 - 10:00 pm

Por el Estado Social de Derecho y la Autonomía Universitaria

Por: Miguel Pinilla*

A PROPÓSITO DE LA COLUMNA DE Lisandro Duque titulada “¿Ministra de Educación?”, quisiera expresar, en primer lugar, que me sorprende adversamente, puesto que somos conocedores de su trayectoria como intelectual de altos méritos y profesor universitario avezado de las estructuras y de la normatividad que rigen para las universidades y los ciudadanos del común.

Invoco, como elementos inspiradores de mi respetuoso reclamo, dos preceptos consagrados en la Constitución del 91: la noción de Estado Social de Derecho y la Autonomía Universitaria. La primera, acoge y promueve los postulados universales del derecho al debido proceso, a la defensa y el principio in dubio pro reo (toda duda favorece al investigado). Y la segunda, en virtud de la cual las instituciones de educación superior gozan del privilegio de autodeterminación en su calidad de entes autónomos, tal como lo establece la Ley 30 del 92.

Sorprende que una glosa suya, encauzada a criticar decisiones de la Ministra, sea utilizada deliberadamente para defenestrar al rector de la Universidad Industrial de Santander, Jaime Camacho Pico, con señalamientos que acogen versiones incompletas y no verificadas de un incidente ocurrido hace dos años, sobre el cual las autoridades fueron advertidas y que en la actualidad es investigado. Dicho incidente sale a la luz, curiosamente a manera de artero argumento político en boca de sectores opuestos a Camacho, cuando éste decide someter su nombre para un segundo período como rector de la UIS. No escapará a la percepción del editorialista el inmenso daño que hace a la universidad, cuando esgrime a priori información incompleta y en un contexto a toda luz injusto e inconveniente.

Al afirmar que “el rector fue pillado en una grabación telefónica… que lo vincula con un ‘plan pistola’, en alianza con las ‘Águilas Negras’, contra profesores y estudiantes...”, el columnista profiere tácitamente una condena basada en imprecisiones, entre otras al hablar de un grupo al margen de la ley específico —sin que se tenga fundamento cierto y verificable de ello—, atribuyéndose la función de juez y omitiendo el mandato constitucional del debido proceso.

Ha de saber el profesor Duque que el autor de la grabación fue el mismo rector, atendiendo instrucciones sugeridas por las autoridades, puesto que para esa época contaba ya con un esquema de seguridad, dadas las amenazas contra miembros de la universidad.

Más adelante, el columnista afirma que la Ministra “está contenta con la reelección del rector Camacho... demasiada frescura y dejadez… respecto a posibles reincidencias de tan oscuro personaje”. El significado de “oscuro personaje”, con el que injustamente pretende restar mérito al rector, no es preciso y sí, en cambio, aberrantemente injusto, puesto que se refiere a un joven y destacado intelectual que ha sido galardonado por su importante recorrido académico. Un joven profesor, poseedor de los más altos títulos, quien con el admirable aval de su interés, enjundia y disciplina, en pocos años logró granjearse la admiración de muchos y quizá gratuitas animadversiones.

Quienes hemos sido testigos de su exitosa carrera, podemos afirmar que se trata de una persona intachable, distante de aquellos tenebrosos criminales que siembran muerte y sufrimiento a su alrededor. Con todo énfasis y convicción, el profesor Duque debería moderar su lenguaje e intentar proveerse de mayor información que le permita ver el otro lado de una versión que se propaga como niebla siniestra y que acaso, inadvertidamente, él está favoreciendo.

Debería saber el profesor Duque que luego de la grabación, jamás el interlocutor anónimo volvió a contactar al rector y que este confió —en espera del desarrollo de los acontecimientos—, que el asunto no pasaría a mayores, como en efecto sucedió.

Quisiera señalar, además, que en el momento que se dio a conocer la grabación, el período académico estaba lejos de terminar, por lo que en previsión de peores males, el Consejo Académico decidió cancelar las clases. Luego en pleno uso de sus funciones y atendiendo las razones expresadas por diversos sectores, el Consejo revocó lo actuado e invitó a reiniciar las clases.

Este ejemplo de autonomía universitaria fue seguido por el Consejo Superior al ratificar al rector para un nuevo período, no sólo para dar proyección a los logros alcanzados bajo su liderazgo, sino porque el proceso de su designación se acogió a reglas establecidas. Quienes conocemos de cerca los procesos de toma de decisiones que se surten al amparo de la autonomía universitaria, descartamos toda sugerencia que pretenda desvirtuar la independencia de criterio de los Consejeros Superiores, quienes libremente han expresado su decisión en interpretación clara del criterio consultado de los sectores que representan.

*Ex rector UIS

  • Miguel Pinilla* | Elespectador.com

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