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Andrés Pérez, secretario general de la ETB, y Fernando Panesso, presidente de la compañía.

La decisión de la ETB de conseguir un socio estratégico que le inyectara capital a la empresa, quedó congelada el martes por decisión del Juzgado 38 Administrativo de Bogotá. El ente falló a favor del sindicato de la compañía, que dos semanas atrás había interpuesto una acción popular para frenar el proceso porque iba en contravía de “los derechos colectivos a la moralidad administrativa, patrimonio público y seguridad pública”. El anuncio se reflejó de inmediato en una fuerte desvalorización de la acción de la compañía, que cayó 14,10%, ubicándose en $1.005.

La telefónica distrital tiene tres días para pronunciarse. Andrés Pérez, secretario general de la empresa, aseguró que “somos respetuosos de las decisiones de los jueces, pero en este caso no la compartimos”, y explicó que apelarán el fallo ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Los principales argumentos de la ETB son dos. En un principio sostienen que este es un proceso de capitalización, no una venta. “En este caso no se requiere tramitar la Ley 226 del 95 (que es la que los sindicalistas están reclamando), que dice que debe hacerse primero una oferta al sector social y luego a los trabajadores. Esa ley aplica sólo en caso de venta”, dijo Pérez.

El secretario general de la ETB explicó que el segundo argumento de la compañía es que este proceso es “la mejor manera de proteger el patrimonio publico. El juez cree que podría haber un perjuicio y que lo mejor es suspenderlo; en cambio nosotros estamos seguros de que a mediano plazo la empresa podría verse afectada si no tiene una capitalización privada y un socio con gran experiencia para competir en un mercado de grandes jugadores”.

La decisión de buscar un socio estratégico que le “inyectara capital” a la ETB fue aprobada el pasado 27 de marzo en asamblea general de accionistas. En esa ocasión la gran mayoría de los accionistas minoritarios que estaban presentes se negaron a la propuesta, argumentando que “la capitalización es una forma de privatización”, pero bastó sólo un “sí” del Distrito, accionista mayoritario, para que el proceso arrancara. Pasaron siete meses para que el sindicato de la empresa se pronunciara a través de una acción popular, argumentando nuevamente que este era un proceso de “privatización” y que el Concejo de Bogotá debía autorizarlo. El Juzgado 38 les dio la razón en primera instancia.

Según el cronograma de la ETB, mañana los proponentes (entre los que se conocen Telefónica y Telmex) debían certificar el cumplimiento de los requisitos para ser socios de la compañía, que incluían tener como mínimo un millón 500 mil líneas telefónicas o cinco millones de accesos de telefonía móvil, poseer al menos cien mil accesos de internet y demostrar ingresos mínimos por US$1.000 millones durante el último período fiscal.

Por ahora la ETB congelará el proceso sometiéndose al fallo que reza que la compañía “deberá abstenerse de continuar con la recepción de documentos de precalificación de proponentes, así como desarrollar cualquier otra actividad contemplada en el reglamento”.