Esta semana se cumplió un año de el crimen en Chía de Luis Santiago Lozano, el niño de 11 meses cuya muerte fue planeada por su padre, Orlando Pelayo. Ese fue quizás el caso de asesinato infantil que más copó las noticias y que más llamó la atención de la ciudadanía. Tanto así, que hubo amagos de linchamiento y por varios días Pelayo fue uno de los rostros más juzgados de Colombia.
Para las estadísticas, en cambio, la muerte del pequeño fue solamente uno de los cerca de 900 asesinatos de menores de edad que según Medicina Legal se presentaron en el país durante 2008. De ellos, 300 tenían menos de 14 años; y 104, con un escandaloso índice de un muerto cada tres días, eran menores de cuatro años. En Bogotá, de igual forma, las cifras parecen estar muy lejos de la calma. Se registraron 3.183 episodios de maltrato infantil, casi nueve diarios.
La concejal Gilma Jiménez está parcialmente en desacuerdo con la forma en que se ha manejado la información. Ha insinuado a lo largo de los últimos días, en especial desde que se conoció el caso de Élber Alejandro, el niño de siete años golpeado y abandonado en la localidad de Engativá hace dos semanas, que los eufemismos deben dejarse a un lado: “Tenemos que entender que en muchísimos casos no se puede hablar de maltrato infantil, sino de tentativa de homicidio. La cosas por su nombre”, sentenció la concejal, no sin antes explicar las razones: el menor quedó ciego, sordo y no puede alimentarse por sus propios medios.
No obstante, Jiménez va un poco más allá e insinúa que si bien las cifras son escabrosas, no tienen en cuenta el subregistro, los episodios que no se reportan, que ocurren en lugares apartados. “De acuerdo con números de la Unicef, en Colombia son asesinados siete niños por día. No existe en Colombia un grupo poblacional al que se le violen más los derechos que a los niños Entre el 10 y el 15% de estos datos y los de Medicina Legal, ocurren en Bogotá”.
Por otra parte, el jueves justamente, el presidente de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, Carlos Alejo Barrera, opinaba frente a los medios de comunicación que el referendo por la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños, promovido por Gilma Jiménez, no era necesario y que los mecanismos actuales de justicia eran suficientes para hacerle frente al problema: “A estos delincuentes que atentan contra los derechos de los niños se les imponen duras penas que no tienen ningún beneficio”, aseguró Barrera.
“Respeto, pero no comparto”, respondió Jiménez, e invitó al jurista a votar por el no en diciembre, cuando el referendo sea sometido a consulta popular.
Muerte de Luis Santiago, ¿impune?
Un año después del crimen de Luis Santiago Lozano, la justicia sigue sin poder establecer quién es el autor material del crimen. 365 días después del hecho, tres personas se encuentran condenadas, entre ellas Orlando Pelayo, el padre del menor, por mandarlo a secuestrar y asesinar. Sin embargo, aún no hay castigos para quienes cometieron directamente el homicidio.