Foto: Óscar Pérez

En materia de desplazamiento, el Gobierno destaca que de 115 municipios críticos en el país se pasó a 50.

Mientras los alcaldes y gobernadores del país expresaban el jueves su preocupación por lo que parece ser, por ahora, un problema humanitario sin solución a la vista, debido al alto índice de desplazados en el país, quienes, según Acción Social, llegan a 3,1 millones, el representante a la Cámara Gilberto Rondón, ponente de la reforma tributaria, propuso destinar a ese sector de la población el 25% de lo que se recaude por impuesto de guerra.

Sin duda, la fórmula presentada deberá ser objeto de debate en el Legislativo. El año pasado el Estado recaudó por el impuesto de guerra $3,1 billones y se proyecta que para 2009 sea de aproximadamente $2,1 billones, lo que significaría que los desplazados podrían verse beneficiados con $500 mil millones, si la propuesta es acogida.

Aún sin conocer la iniciativa, los mandatarios locales y regionales sostuvieron ayer una reunión con el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, a quien le pidieron más atención del Gobierno sobre la crisis humanitaria que se vive en las regiones como consecuencia del desplazamiento forzado.

Como casos puntuales, el alcalde de San José del Guaviare, Pedro Arenas, reveló que semanalmente se reciben 50 registros de familias desplazadas, la gran mayoría con un núcleo familiar bastante numeroso: “Lamentablemente circunstancias como la erradicación de cultivos ilícitos y el conflicto armado ocasiona ese desplazamiento”, señaló.

Por su parte, el alcalde de Mocoa (Putumayo), Mario Ruiz Narváez, señaló que las estadísticas que maneja el municipio hablan de más de 23.700 desplazados, mientras que en el departamento hay cerca de 120.000. Según el burgomaestre, la situación es cada vez más complicada debido a que los recursos para atender a esta población son aportados por la administración municipal.

Álvaro Grijalba, secretario de Gobierno del Cauca, manifestó a su vez que la situación que se registra actualmente en la Costa Pacífica y en el sur de su departamento es crítica por la guerra entre grupos guerrilleros y de narcotraficantes.

La viceministra del Interior, Viviana Manrique, y el director estratégico para asuntos de desplazamiento, Álvaro Escobar, insistieron en articular las políticas seccionales con las del Ejecutivo.

Escobar explicó que se debe  monitorear hogar por hogar para conocer los problemas en educación, salud y alimentación, y así brindar mejor atención.