Hay un proverbio africano, de origen difuso, que en ocasiones es utilizado en informes y comentarios sobre las guerras en África: “Cuando los elefantes pelean, el pasto sufre”. El lema lo utilizó la Federación Internacional de Derechos Humanos para titular un extenso informe sobre los crímenes cometidos en la República Centroafricana, entre octubre de 2002 y marzo de 2003, durante la guerra civil que condujo a la salida del poder del presidente Ange-Félix Patassé.
Contrario a lo que hubiera pasado hace diez años, hoy algunos responsables de crímenes violatorios del Derecho Internacional Humanitario en éste y otros conflictos ya no pueden amnistiarse y seguir la vida sin castigo. Desde la entrada en vigencia del Estatuto de Roma, el 1° de julio de 2002, la Corte Penal Internacional tiene la autoridad de llamar a cuentas a los responsables de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, todos ellos estipulados por el Derecho Internacional Humanitario para proteger a la población no combatiente de las pesadillas inhumanas causadas por la guerra.
Desde hoy, los crímenes de guerra cometidos por cualquier individuo colombiano también podrán ser juzgados por la CPI. Se acaban así los siete años de gracia que Colombia pidió, desde la ratificación del Estatuto de Roma, durante los cuales la CPI tuvo competencia sobre los crímenes de lesa humanidad y genocidio, pero no sobre los de guerra, debido a eventuales negociaciones de paz.
Ahora que el tiempo se agotó, sin embargo, y que Colombia está en observación preliminar por la fiscalía de la CPI, conviene revisar qué sujetos, por cuenta de qué crímenes y por quiénes han sido denunciados y llevados hasta la CPI.
Hasta el momento, la CPI ha sido una corte africana. Enfocada en cuatro países: Sudán, República Centroafricana, República Democrática del Congo y Uganda. El primer caso fue remitido por la ONU, tras las atrocidades cometidas por el gobierno del presidente Omar al-Bashir y los grupos rebeldes que se le enfrentan, especialmente en la conflictiva región de Darfur. Los otros tres casos han sido sometidos voluntariamente por los mismos Estados.
Hasta ahora la CPI ha proferido 13 órdenes de captura, pero sólo cinco individuos están hoy en sus manos , el resto son prófugos, entre ellos, Omar al-Bashir, quien continúa en el poder.
Sólo un juicio ha comenzado formalmente: el de Thomas Lubanga, acusado de reclutar niños en la República Democrática del Congo. El juicio no ha comenzado para los otros cuatro, acusados de crímenes como la esclavitud sexual y el ataque a misiones humanitarias.
Aunque el Estado colombiano asegura que no piensa remitir casos a la Corte, y que en cambio prefiere investigar y hacer justicia en casa, el parecido entre los crímenes de muchos de estos sujetos y los perpetrados por algunos colombianos es evidente.
El magnate
En octubre 26 de 2002, un alzamiento militar en contra del gobierno del presidente Ange-Félix Patassé sacudió la República Centroafricana. El golpe fracasó inicialmente, y las tropas rebeldes se replegaron al norte del país, adonde fueron perseguidas por los aliados del Presidente.
Disminuido, amenazado e intuyendo su debilidad, Patassé pidió ayuda a Jean-Pierre Bemba, líder del rebelde Movimiento de Liberación del Congo (MLC), que en ese entonces luchaba en contra del régimen de la vecina República Democrática del Congo. Hijo de un magnate congoleño y con un MBA de una escuela en Bélgica, Bemba era uno de los más ricos hombres de su país.
Respondiendo al llamado del vecino presidente, 1.000 hombres de Bemba entraron a la República Centroafricana (RCA) y retomaron con brutalidad las zonas ocupadas por los rebeldes golpistas. A su paso, violaron sistemáticamente a las mujeres y asesinaron a sus esposos e hijos. La excusa, como en otros conflictos, era la misma: los civiles eran culpados de apoyar a los rebeldes.
En mayo de 2008, la CPI ordenó su arresto. Habían pasado cinco años desde que sus hombres entraran a la RCA. Bemba se había convertido en uno de los cuatro vicepresidentes de un gobierno de transición que buscó poner punto final al conflicto congoleño. Y tal vez hubiera podido seguir disfrutando de su fortuna y su poder, pero en la vecina República Centroafricana, su enemigo ahora estaba en el poder (François Bozize, que en marzo de 2003 logró dar el golpe y asumir el poder).
Fue precisamente Bozize quien remitió en 2004 los crímenes perpetrados en la RCA por los hombres de Bemba ante la CPI.
Bemba fue capturado en mayo de 2008. Se le juzga por haber permitido dos crímenes de lesa humanidad: violación y asesinato, y tres crímenes de guerra: violación, asesinato y pillaje de viviendas.
El reclutador de niños
Thomas Lubanga nació en 1960, el mismo año en que su país, la República del Congo, se declaró independiente de Bélgica. Nació en la provincia oriental de Ituri, y allí creció entre armas y tensiones étnicas, hasta convertirse en un hábil comandante de varias milicias: primero, apoyando a las fuerzas ugandesas, durante la Segunda Guerra del Congo (1996-2003), y luego, en torno a identidades étnicas, para defender las tierras de su etnia, la Hema.
Como líder de la Unión de Patriotas Congoleses, es hoy acusado ante la Corte Penal Internacional (CPI) por haber tolerado el reclutamiento de decenas de menores de 15 años durante el Conflicto de Ituri (un subproducto de la Segunda Guerra del Congo, en el que su milicia Hema se enfrentó contra la etnia Lendu).
Según la fiscalía ante la CPI, los hombres de Lubanga entrenaron a los menores en campos militares, en sesiones que duraban meses y que concluían en acciones militares.
En marzo de 2004, el gobierno de transición formado para ponerle fin a la Segunda Guerra del Congo le pidió a la Corte que investigara sobre sucesos ocurridos en su territorio desde julio de 2002 (cuando entró en vigencia el Tratado de Roma).
La Haya lo acusó por alistamiento y reclutamiento de menores en el conflicto, estipulados como crímenes de guerra.
Fue capturado en marzo de 2006 y su juicio comenzó en enero 2009.
Seis meses después, la fiscalía terminó su alegato, después de exponer 4.908 documentos, invitar a 101 víctimas y llamar a 28 testigos. Ahora viene la defensa.
El que atacó a una misión de paz
Bahr Idriss Abu Garda se presentó de manera voluntaria ante la Corte Penal Internacional el 18 de mayo de 2009. Con el inicio de su proceso, este sudanés se convirtió en el primer guerrillero en ser juzgado ante la CPI (su organización, el Frente Unido de Resistencia, se alzó en armas en contra del régimen islámico que gobierna actualmente Sudán). La fiscalía lo acusa de cometer tres crímenes de guerra: asesinato de no combatientes, ataque intencional a misiones de mantenimiento de paz, y pillaje, especialmente relacionado con el sangriento ataque al puesto militar de Haskanita, ubicado en el norte de la región de Darfur, en septiembre de 2007. En dicho episodio, mil hombres fuertemente armados atacaron la misión de Mantenimiento de Paz de la Unión Africana en la zona, acabando con la vida de 12 cascos azules e hiriendo a muchos otros.
El dilema entre la paz y La Haya
En 1986, Yoweri Kaguta Museveni dio un golpe de Estado y se hizo al poder en Uganda. Un año después, en el norte del país, un líder espiritual, inspirado en el milenarismo, se alzó en contra del régimen y fundó el Ejército de la Resistencia del Señor. El pastor-guerrillero se llama Joseph Kony, y junto a tres de sus comandantes, es requerido ante la Corte Penal Internacional por reclutamiento de niños y utilización de menores como esclavos sexuales.El gobierno de Museveni remitió el caso a la CPI, tras años de estancamiento en los diálogos de paz.
Actualmente hay un problema: Kony asegura que no habrá paz hasta que se asegure una amnistía. Pero eso ya no está en manos de Uganda, sino de La Haya.