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Cuando en el Congreso se discute lo que el Gobierno llama Proyecto de Ajuste Tributario, que busca extender el impuesto al patrimonio por cuatro años, a partir de 2011, para recaudar $1,3 billones, entre quienes tengan capitales a partir de $3 mil millones, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT) manifestó algunos reparos sobre la iniciativa gubernamental.
Considera que la transitoriedad del impuesto al patrimonio no se ha cumplido, lo que no ofrece garantía de seriedad que permita confiar en que llegado el 2014 desaparecerá un tributo que para entonces tendrá 12 años de vigencia. El documento del ICDT añade que la nueva propuesta tributaria genera un mensaje de inestabilidad de las reglas de juego y defraudación de las expectativas dadas por el propio legislador cuando aprobó por primera vez el gravamen. También pidieron que se elaboren estudios rigurosos sobre el impacto que un impuesto de esa naturaleza genera a largo plazo en la economía.
También llamó la atención sobre las señales contradictorias que se les envían a los inversionistas. El centro de estudios tributarios sostiene que el impuesto al patrimonio castiga la inversión en capital productivo, cuando por otro lado se pretende estimular, a través de los contratos de estabilidad jurídica, el régimen tributario de zonas francas y la deducción sobre la inversión en activos fijos reales productivos.