La concejala Gilma Jiménez anunció el viernes que está dispuesta a acudir a la Corte Penal Internacional (CPI) para resolver casos en los que se hayan cometido delitos atroces contra menores de edad, argumentando que se trata de delitos de lesa humanidad.

La intención de Jiménez es la de recurrir al tribunal internacional como sugieren sus directrices: luego de que se agoten los recursos legales nacionales y continúe habiendo impunidad. La cabildante asegura que desde ahora está preparando una fila de casos en los que en su opinión no ha habido justicia. Entre ellos se encuentra el de Katherine Huertas, de nueve años, quien fue violada y asesinada por Rudy Alonso Suárez, un hombre que a su vez fue condenado originalmente a 40 años de cárcel. Sin embargo, se vio beneficiado por una rebaja de pena que redujo a 27 años su tiempo de reclusión. Una injusticia a ojos de la concejala Jiménez.

No obstante, según Alfredo Beltrán, ex magistrado de la Corte Constitucional, delitos como asesinatos y violaciones a menores de edad, si son aislados, no son considerados como de lesa humanidad por la CPI.

De acuerdo con el Estatuto de Roma, al que está suscrita Colombia y que rige a la CPI, se considera delito de lesa humanidad la violación y el asesinato si se hacen de forma generalizada y sistemática contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Es decir, que los delitos sean anunciados antes de ser cometidos, que la justicia no actúe para impedirlos y que hayan sido parte de un ataque de una organización contra determinado grupo poblacional.