Millonarios fraudes a la salud

El desagüe de los recursos públicos destinados para atender los servicios de salud de los colombianos sigue ensanchándose por cuenta de las mafias corruptas enquistadas en las alcaldías y empresas administradoras del régimen subsidiado de salud. Para la muestra dos botones que lo retratan, no tanto por los montos de dinero robados al Estado como sí por las peculiares maneras de hacerse a éstos.

Por ejemplo, hace pocos días un juzgado condenó a la ex representante legal de la Cooperativa Solidaria de Salud del Norte (Salud Norte ARS) porque se apropió de más de $116 millones que fueron destinados para aumentarse ridículamente el sueldo de $1’680.000 a $8’000.000; recibir viáticos por nada más y nada menos que $21’800.000 para costear sus consumos diarios en todo el país, al tiempo que en gastos de representación exorbitantes “invirtió” sumas de dinero que superaron los $50 millones.

Un escenario extravagante en el cual la ex representante legal de esta ARS, Elvira Carvajal, creó una cuenta paralela a través de la cual se giraron a destiempo dineros públicos con el propósito de dispersar los recursos de la salud. Como si fuera poco, se probó que Carvajal se aprovechó de la poca formación del Consejo de Vigilancia de la ARS, donde era vista “como una madre o redentora” que predicaba la Biblia antes de cada reunión. Además, por medio de borradores de actas se falsificaban documentos para autorizar sus excesos y se compró un lote al norte de Bogotá por un valor de $475 millones cuyo verdadero precio era de apenas $197 millones.

Todo esto y además irregularidades en contratos médicos, obligaciones dejadas de cancelar por atender sus lujosos viajes por el país, que terminaron afectando a más de 80 mil afiliados a esa ARS por la que el Estado pagaba, por cada uno de ellos, $140 mil anuales. Es decir, la empresa dirigida por Carvajal recaudaba anualmente cerca de $11.200 millones. La justicia probó que Carvajal exhibió recibos de sus viajes que correspondían “a restaurantes finos”, entre otros, o dejaba de pagarles a sus empleados el auxilio funerario que les otorgaba la empresa, que era de $500 mil, para quedarse con la plata.

Y, como si fuera poco, antes de que la justicia actuara y descubriera el gigantesco fraude, Carvajal se había declarado “gerente vitalicia” de la ARS para seguir disfrutando de las mieles de los viáticos excesivos o sus absurdos gastos de representación. En últimas se estableció que recursos destinados para el tratamiento de enfermedades de alto costo no se ejecutaron como exige la ley, pero, en cambio, sus viáticos y gastos sí, y de qué manera. “Se la pasó de paseo por varios años con recursos de la salud, una vergüenza”, le dijo a El Espectador un investigador de este caso.

Otro particular ejemplo de fraude al Estado quedó documentado en la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, que llevó el expediente de dos funcionarios de la Alcaldía de Santa Rosa del Sur de Bolívar que sustrajeron recursos de Salud y, para justificar el millonario faltante en la caja del Banco Agrario, solicitaban préstamos con entidades crediticias de la región cuando los alertaban de una próxima auditoría. La Fiscalía detectó que con esta treta se reportó una estafa en el banco superior a $1.036 millones, que estaban destinados para los fondos locales de salud de la región.

El empleado del Banco Agrario Alexánder Peñaloza le contó a la justicia en detalle cómo su alianza con dos funcionarios de la secretaría de Hacienda municipal, Marney Olaya y Fermín Marín, permitió el fraude. Falsificando firmas y autorizando la transferencia de fondos públicos sin soportes se sustrajeron estas sumas de dinero que dejaron sin fondos programas vitales de salud en el sur de Bolívar. Pero lo que más causó impacto en los investigadores era la forma en la que se “tapaba” en el banco los dineros que desviaban estos funcionarios.

Se estableció que cada vez que se iba a realizar una auditoría al Banco Agrario o a la Secretaría de Hacienda, estos funcionarios acudían a otros bancos del departamento, simulaban un préstamo y de esta manera en el papel hacían desaparecer los recursos faltantes, que no eran pocos. La situación se repitió, al parecer, una y otra vez hasta que los investigadores fueron alertados y se ordenó una auditoría sorpresa en la que finalmente se descubrió el entuerto. Por estos hechos se acogieron a sentencia anticipada los procesados, quienes fueron condenados por el delito de peculado por apropiación.

Apenas un par de ejemplos sencillos de la alcantarilla de la corrupción enquistada en uno de los asuntos más sensibles del país: los recursos para atender los servicios de salud. Millones se pierden al año, calculan las autoridades, en mordiscos regionales de funcionarios que para atender sus lujosos estilos de vida dejan sin nada a los más necesitados.