Un poderoso gancho de izquierda aplicó el jueves Barack Obama, presidente de EE.UU., al sistema financiero de su país, al proponer ante el Congreso un nuevo impuesto a las instituciones financieras que tendrá vigencia por diez años, con el que pretende recaudar cerca de US$90.000 millones y con el que busca recuperar parte de los US$700.000 millones repartidos al sistema financiero para evitar su quiebra tras la crisis de 2008.
“Queremos nuestro dinero de vuelta, y vamos a conseguirlo”, advirtió el mandatario durante su discurso, y denunció que muchos de los bancos auxiliados por la Casa Blanca, que obtuvieron grandes ganancias en el último año, siguieron pagando “bonificaciones obscenas” a sus ejecutivos. “Si estas compañías están en tan buena forma como para permitirse bonos masivos, seguramente también lo están para devolver cada centavo entregado por los contribuyentes”, agregó.
Este gravamen será aplicado a aquellas firmas con más de US$50.000 millones en activos. Según Obama, el 60% de la cifra a recuperarse provendría de las diez principales instituciones financieras del país.
Como era de esperarse, la noticia levantó ampolla en Wall Street. “Aplicar una política tributaria a la gente es mala idea. Las compañías tienden a pasar sus costos a los consumidores”, se quejó Jamie Dimon, presidente del J.P. Morgan Chase, a la prensa.
También trascendió que las compañías que tendrían que pagar este nuevo impuesto son 50, entre bancos, aseguradoras y comisionistas de bolsa. Esta propuesta tendrá que ser discutida y aprobada dentro del proyecto de presupuesto que el Congreso considerará en febrero próximo.
Esta vez los lobbistas tendrán menor margen de acción, pues el Legislativo creó una comisión para determinar las causas de la crisis que sumió al país en la recesión.