Los reparos de la Defensoría del Pueblo a la Emergencia Social

En una extensa misiva en la que evalúa la inconveniencia de varios de los decretos contenidos en la Emergencia Social dictada por el Gobierno, la Defensoría del Pueblo le pidió al Ministerio de la Protección reexaminar y reconsiderar estas medidas y, en su defecto, buscar mecanismos concertados con los actores del sistema para garantizar la sostenibilidad de la seguridad social de los colombianos.

En primer término, la Defensoría del Pueblo observó que si bien es comprensible garantizar los recursos para el sistema de salud, es preocupante que los decretos afecten principios contenidos en convenios internacionales. Por ejemplo, el organismo cuestionó la posibilidad de que los usuarios del sistema tengan que acudir a la figura de las cesantías, afectando su capacidad de ahorro.

En opinión de la Defensoría del Pueblo, una medida de tal naturaleza incide negativamente en las opciones de una familia para proveer soluciones de vivienda o educación, o incluso en el derecho de una vejez digna. Además, puede convertirse en una barrera de acceso al dilatar innecesariamente la atención oportuna de los usuarios, mientras espera que se surtan los trámites de obtención de sus ahorros o créditos.

De la misma manera, el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, llamó la atención sobre aquellas medidas que limitan la libertad que tienen los médicos para decidir cuál es el tratamiento que más conviene a un paciente, supeditando sus decisiones a evidencias científicas o relaciones de costo-efectividad. Una restricción de tal tipo implica la pérdida de oportunidad del paciente para restablecer su salud y, en el peor de los casos, conlleva a diagnósticos tardíos.

La Defensoría del Pueblo consideró que las sanciones a los médicos tratantes restringen su marco de actuación y pueden desestimular la formación de los especialistas, puesto que los médicos generales serían quienes realicen actividades de baja y mediana complejidad. En particular, esta situación podría ser notoria en casos de pediatría, ginecoobstetricia o anestesiología.

En su carta al ministro de la Protección, Diego Palacio, considera importante obtener recursos a partir de los juegos de suerte y azar o el impuesto a los licores y el cigarrillo, pero en múltiples aspectos técnicos cree, en general, que es mejor reconsiderar estas medidas, porque son más notorias las afecciones a los afiliados y sus familias, así como a la misma provisión de recursos para el sistema de salud.