Referendo es inconstitucional

<strong>El Espectador</strong> estableció que por vicios en el trámite de la ley del referendo reeleccionista, como la recolección de firmas, el jurista les pidió a sus colegas que hundan la iniciativa popular.

Argumentando protuberantes vicios en el trámite de la ley del referendo reeleccionista, en una extensa ponencia de más de 400 páginas, el magistrado de la Corte Constitucional Humberto Sierra Porto pidió hundir la iniciativa popular y, de paso, despejó la ola de rumores que desde hace varias semanas venían tejiéndose sobre su posición jurídica. Una a una y con sumo detalle, Sierra Porto abordó las irregularidades que a su juicio impiden la constitucionalidad de la norma que busca habilitar un tercer mandato consecutivo del presidente Álvaro Uribe.

El Espectador confirmó que la violación de los topes en la financiación del referendo fue uno de los argumentos centrales del magistrado ponente para solicitarles a sus ocho colegas de la Corte la inexequibilidad de la ley que lo convoca. En contravía con el concepto que el pasado 12 de enero presentó el procurador general, Alejandro Ordóñez, —en el que le dio la bendición al referendo—, Sierra Porto consideró que existen yerros insubsanables en el proceso de recolección de firmas, la competencia del Congreso para modificar la pregunta y la votación irregular en las sesiones extras convocadas en diciembre de 2008, a última hora y cuando la iniciativa agonizaba, entre otros.

En cambio, el jefe del Ministerio Público avaló el referendo argumentando que “cuando el pueblo actúa activamente en los mecanismos de reforma que prevé la Carta Política siempre lo hace en su condición de soberano”, y que los vicios de trámite en los que incurrió la norma no constituyen un obstáculo y apenas pueden derivar en responsabilidades administrativas, en particular en lo que tiene que ver con la financiación de la recolección de firmas, asunto que sigue siendo objeto de candentes debates en el Consejo Nacional Electoral.

El miércoles en la noche, el alto tribunal negó la recusación en contra del magistrado Mauricio González y lo habilitó para participar en la discusión del referendo. El jurista había sido cuestionado por haber sido esposo de la abogada Marcela Monroy, cuya firma ha tenido contratos con el Estado, y por haber sido secretario jurídico del presidente Uribe. La Corte Constitucional, según declaró su presidente el magistrado Nilson Pinilla, declaró infundadas las acusaciones y le dio un espaldarazo al criterio jurídico de González, quien llegó al alto tribunal en octubre de 2007.

A escasos 27 días hábiles para que se venza el plazo de la inscripción de candidaturas presidenciales (12 de marzo), la pregunta es si el tiempo que resta es suficiente para que la Corte profiera el fallo y, de ser avalado, el referendo pueda ser votado en las urnas. Sólo hasta el próximo miércoles el alto tribunal comenzará las discusiones y en la zozobra por la suerte de la ley, el polvorín político y judicial no daba tregua en la noche de este miércoles, las especulaciones seguían a la orden del día y, desde sus respectivas orillas, cada bando hacía cuentas de los votos a favor y en contra de la iniciativa popular.

Entre tanto, en la Casa de Nariño reinaba el miércoles el desconcierto  ante las versiones sobre la ponencia en contra del referendo y candidatos presidenciales, como Antanas Mockus, se pronunciaban a través de Twitter en el sentido de que, de ser así, ello aumentaba la responsabilidad de los aspirantes a suceder a Uribe. El también candidato Sergio Fajardo señaló que el fallo debe respetarse y Jorge Robledo, senador del Polo Democrático, advirtió que “el presidente Uribe lleva varios años queriendo hacer de los magistrados unos cortesanos”.

Armando Benedetti, uribista pura sangre, sostuvo que en el trámite del referendo no se cometieron vicios y que la ponencia de Sierra Porto será política: “Los fallos, por ajustados que estén a la ley, son políticos”, enfatizó. De cualquier manera, la carrera contrarreloj del referendo ya empezó. Como plazo máximo la Corte tiene 60 días para pronunciarse, aunque en los corrillos del Palacio de Justicia se da como un hecho que en menos de un mes habrá humo blanco.