Tambalea la Emergencia Social

Si el contenido de los decretos de la Emergencia Social, expedidos por el Gobierno para conjurar la crisis de la salud por la que atraviesa el país, desató un debate nacional del cual el Gobierno no se ha podido sacudir, una nueva revelación respecto a la forma  como fueron concebidas dichas normas las puso a tambalear.

Se trata de una denuncia realizada por el candidato presidencial de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, quien reveló que el Gobierno contrató (por $725 millones) la elaboración de los decretos con firmas de las que forman parte funcionarios que al mismo tiempo están vinculados con EPS, es decir, con entidades que serán directamente beneficiadas o perjudicadas con el contenido de las normas que ellas ayudaron a expedir.

Las denuncias de Vargas Lleras se refieren a Teresa Tono (miembro de la junta directiva de la Nueva EPS, de la cual el Estado es socio en 50%.), Julio Portocarrero y Augusto Galán, ex director de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), cuya participación en el proceso fue reconocida por el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, quien defendió las calidades profesionales de los involucrados.

Analistas de distintas tendencias coinciden en que la Emergencia Social era indispensable para evitar el colapso del sistema de salud que tiene un déficit de $2,2 billones. Sin embargo, no son pocas las voces que aseguran que los decretos expedidos al amparo de la Emergencia son inconstitucionales y que ni siquiera resistirán la prueba ácida de la revisión en el Congreso, pues incluyen una reforma tributaria elaborada por decreto.

“Resulta inconcebible que para la definición de políticas, cuyo propósito era garantizar un ahorro y la liquidez del sistema general de salud, el Ministerio haya contratado una asesoría externa, por un monto de $725 millones, como consta en el Contrato 640, firmado el 29 de diciembre de 2009”, dijo Vargas Lleras.

Al ser consultado por El Espectador, Augusto Galán comentó “que fui contactado para dar luces en la orientación de los decretos, a título personal y ad honórem (sin remuneración)”.

Al ser indagado sobre una probable inhabilidad para intervenir en calidad de asesor, consideró no tener inhabilidad ética para participar en los lineamientos a las normas de la Emergencia Social.

Ante el escándalo desencadenado por la denuncia de Vargas Lleras, el ministro de la Protección Social se defendió argumentado que “no hay un contrato orientado a que ninguna entidad externa entre a hacer la redacción de los decretos”.

Precisó que el Ministerio de la Protección Social suscribió un contrato de prestación de servicios con el Centro de Gestión Hospitalaria para brindar asesoría profesional al Ministerio en el desarrollo de las medidas de políticas definidas por el Gobierno, a partir de las propuestas que le fueron presentadas en el marco de las respuestas a las órdenes proferidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-760 de 2008. El contrato tendrá vigencias hasta el próximo 31 de julio.

Para la senadora liberal Cecilia López, el hecho de que Augusto Galán haya participado como asesor “confirma que las EPS metieron la mano. Y la verdad es que no les fue nada mal, lo cual me parece inadmisible”.

Y le dio la razón a Vargas cuando manifestó que “si tienen que contratar a alguien por fuera, ¿qué hacen los funcionarios del Ministerio de la Protección Social? Es la confirmación de que no hay un Ministerio de la Protección Social”.

De otra parte, Sergio Clavijo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), cuestionó la constitucionalidad de la Emergencia y manifestó que la Corte Constitucional seguramente la declarará inconstitucional “por no haber un hecho sobreviniente que la justifique”.

Otras denuncias provinieron del ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, cuando manifestó que en los cruces de bases de datos para la unificación de los Planes Obligatorios de Salud (POS) de los regímenes subsidiado y contributivo se han detectado cerca de 30 mil personas que declaran renta y pertenecen al régimen subsidiado.

Y sobre los recursos que con la medida de excepción recibirá el sistema, la revista The Economist ha dicho que parecen insuficientes. Pero Zuluaga indicó que con el aumento del IVA a la cerveza, licores, cigarrillos y juegos de suerte y azar se recaudará $1 billón para financiar el Fondo de Prestaciones Excepcionales en Salud (Fonpres), que garantizará el pago de prestaciones fuera del POS, de acuerdo con los estándares que se establezcan.

La Emergencia Social tiene aún pendiente una discusión en el Congreso de la República, y el análisis jurídico por parte de la Corte Constitucional, para determinar la suerte final de la reforma.