Pese a los anuncios sobre vigilancia y control extremo por parte de la Procuraduría, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE) a las campañas políticas al Congreso de la República, las denuncias sobre ríos de dinero, compra de votos, participación de funcionarios, ingreso de recursos sospechosos y la utilización de los aparatos burocráticos de algunas administraciones departamentales y municipales al servicio de determinados candidatos, siguen a la orden del día.
El jueves, una nueva tormenta política comenzaba a golpear las administraciones del alcalde Samuel Moreno, en Bogotá, y el gobernador Juan Carlos Abadía, en el Valle del Cauca. Sobre el primero, al menos 200 contratistas de la Línea de Emergencias 123 de la Capital habrían sido llamados por el director de esa entidad, el ingeniero José Santos Cogua, para exigirles apoyo electoral y contribuciones económicas para los candidatos del Polo Democrático Iván Moreno Rojas —hermano del alcalde y aspirante al Senado— y Alba Luz Pinilla, quien va a la Cámara de Representantes.
La explosiva denuncia fue hecha el jueves por Caracol Radio, que presentó testimonios de dos empleados del 123, quienes relataron que su jefe le pidió a cada uno de los funcionarios a su cargo conseguir cinco potenciales votantes y entregar $10.000 por persona, con el objetivo de acompañar y colaborar en la financiación de las campañas de Moreno y Pinilla. Según los denunciantes, de esas “contribuciones” dependería el futuro de sus empleos, pues en caso de no corresponder a la exigencia de Santos Cogua, sus contratos no les serían renovados.
El director de la Línea de Emergencias respondió a las acusaciones en su contra asegurando que son “totalmente falsas”. En diálogo con El Espectador, Santos Cogua señaló que “jamás” ha hablado con ningún operador de la entidad para exigirle favores electorales. “Esto que me están haciendo lanza por el suelo mi honra y buen nombre. Si tienen tantas pruebas, pues que las presenten a los organismos de control”, enfatizó.
El funcionario aseguró además que no conoce al senador Iván Moreno ni a la candidata Pinilla. “Los distingo, pero en los medios de comunicación”, dijo, aclarando que llegó al cargo sin padrinos políticos. Por su parte, la Alcaldía se abstuvo de pronunciarse al respecto, al igual que el senador Iván Moreno. Quien sí habló fue la candidata a la Cámara Alba Luz Pinilla, quien sostuvo que tales acusaciones no son más que una “persecución” política, aunque reconoció que sí conoció a Santos Cogua cuando fue subsecretaria de Integración Social en la actual administración.
En cuanto al gobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, las denuncias en su contra corren por de la candidata al Senado por Compromiso Ciudadano Mapi Velasco, quien tras asegurar que el mandatario le ofreció una gran cantidad de dádivas para que aspirara por el partido ADN —que finalmente fue suspendido por el CNE—, le solicitó al procurador Alejandro Ordóñez investigar la “participación en política de Abadía”.
Velasco reveló también otro hecho que, según dijo, demuestra la “corrupción campeante” que hay en el Valle: “Cinco días antes de vencerse la Ley de Garantías, el director del Instituto de Deportes Valle (Indervalle), Raúl Fernando Montoya, fue destituido, pese al reconocimiento de su labor por parte de los deportistas y entrenadores. En su lugar fue nombrado Carlos Alberto Bejarano, ex alcalde de Yumbo, quien fue señalado en un consejo comunal por el presidente Álvaro Uribe de tener presuntos vínculos con el narcotráfico. Tres días después tuvo que nombrar a otra persona, pero Bejarano alcanzó a firmar varios contratos, al parecer con fines electorales”.
Hasta el momento, todos los señalamientos han sido negados por Abadía, quien ha dicho que la Ley impide la participación de funcionarios en política, que él es “cumplidor de la ley” y que otra cosa es que la gente que apoyó su campaña a la Gobernación acompañe ahora a los candidatos que estuvieron en ADN y hoy militan en otros movimientos. Sobre lo del director de Indervalle, no ha dado declaraciones.