Foto: Diana Sánchez

Los magistrados de la Corte Constitucional avalaron la ley de regalías.

“Las decisiones de la mayoría se legitiman en la medida en que se cumplan los requisitos de la Constitución y las leyes”. Así de contundente fue el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Mauricio González, al explicar por qué, con una votación de 7-2, la corporación le dio la extremaunción al referendo reeleccionista y sepultó la posibilidad de que cualquier presidente en el futuro pueda permanecer más de dos períodos consecutivos en la Casa de Nariño.

A las 6:20 de la tarde del viernes, en una concurrida rueda de prensa que contó de manera inusual con la Sala Plena del alto tribunal, González, ex secretario jurídico del presidente Uribe y postulado por él a la Corte, paradójicamente fue el vocero que acabó de una buena vez con la “encrucijada del alma” del Jefe de Estado. De un plumazo, y advirtiendo que tanto él como el magistrado Jorge Pretelt Chaljub se apartaron de la decisión mayoritaria, el presidente de la Corte confirmó que la iniciativa popular había naufragado por su protuberante cadena de irregularidades.

Luego de 18 días de discusiones y tras analizar las cerca de 1.500 intervenciones ciudadanas, la Corte hundió la Ley 1354 de 2009, que posibilitaba un tercer mandato consecutivo de Álvaro Uribe al acoger la ponencia negativa que el pasado 3 de febrero radicó el magistrado Humberto Sierra Porto. La violación de los topes en la financiación del referendo, la conformación de una fundación paralela al comité promotor para burlar los mandatos legales, la ausencia de certificación del Registrador, la irregular convocatoria a sesiones extras de diciembre de 2008, los votos de cinco tránsfugas de Cambio Radical y la modificación de la pregunta fueron los vicios que la corporación encontró insubsanables.

“No se trata, por lo tanto, de meras irregularidades formales, sino de violaciones sustanciales al principio democrático, uno de cuyos componentes esenciales es el respeto de las formas previstas para que las mayorías puedan pronunciarse legítimamente”, resaltó el magistrado González y añadió que la corporación Colombia Primero controlaba a la sombra la contabilidad y el manejo de los fondos recaudados para respaldar la iniciativa, trasladando dichos dineros —más de $2.000 millones— al comité que gastó seis veces más de lo permitido en aportes globales, y además se presentaron aportes individuales que superaron hasta 30 veces lo autorizado por el Consejo Nacional Electoral.

Una transgresión a los principios constitucionales de transparencia y pluralismo que derivó en que, con recursos ilimitados, se privilegiara la propuesta de la reelección presidencial. Fue una burla a la ley, señaló González, y a renglón seguido explicó que por tal razón no se adjuntó la certificación del Registrador sobre la legalidad del trámite. Dicha ausencia manchó la legalidad del referendo. La cascada de irregularidades continuó, pues en el tercer debate en Comisión Primera del Senado se modificó la pregunta que habilitaba a Uribe como candidato en 2014, para que lo pudiera hacer inmediatamente.

Este súbito cambio, en criterio de la Corte, constituyó un error grave en la formación de la ley, pues el Congreso excedió sus limitaciones de poder de reforma, ya que las casi cuatro millones de firmas que avalaban la propuesta le dieron el sí a un nuevo mandato de Uribe, pero no consecutivo. La corporación, además, estableció que cinco congresistas de Cambio Radical, para evitar el hundimiento de la iniciativa, se trastearon olímpicamente al Partido de la U, aun cuando el comité de ética de su colectividad los había sancionado y se encontraban impedidos para votar.

En contravía con el concepto del procurador Alejandro Ordóñez, el alto tribunal, en representación de su presidente González, resaltó: “Entre los distintos elementos que configuran toda democracia se encuentra el respeto de los procedimientos formales previstos para el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana. Para la Corte Constitucional, más que meros ritualismos tales formas están instituidas en garantía de las reglas fundamentales de la democracia participativa y de representación y son componentes sustanciales del principio democrático”. Y a renglón seguido se tocó el punto más candente de la discusión sobre el referendo: cómo una nueva reelección quebraría la democracia colombiana.

Sin rodeos, el magistrado González explicó que un tercer mandato de Álvaro Uribe en el gobierno, es decir, 12 años ininterrumpidos despachando desde Palacio, “desconoce algunos ejes de la Constitución Política como el principio de separación de poderes, el sistema de frenos y contrapesos, la regla de alternación y períodos preestablecidos, el derecho de igualdad y el carácter general y abstracto de las leyes”. Al considerar la decisión del año 2005 de esa corporación, se reiteró que si un presidente se reelige sólo por una vez no se altera el espíritu de la Carta Magna, pues las instituciones seguirán controlándose mutuamente.

En esencia, la Corte Constitucional cerró el camino para que Álvaro Uribe Vélez retorne al solio de Bolívar una vez termine su mandato y para que, quien quiera que lo suceda, no pueda aspirar sino a una reelección. El 7 de agosto de 2010 el escenario político se barajará de nuevo, el péndulo de la democracia se moverá en consecuencia, el ajedrez institucional recompondrá sus fichas a lo largo y ancho del país y Uribe Vélez, queriéndolo o no, irremediablemente pasará a hacer parte del club de los ex presidentes.