Preocupado por el alto índice de accidentes en las carreteras por cuenta de conductores de transporte público ebrios, el gobierno de Evo Morales en Bolivia emitió a mediados de febrero el Decreto Supremo 420. El dictamen oficial ha causado un intenso malestar entre la mayoría de sindicatos de transportadores, quienes desde el miércoles efectúan un paro de 48 horas para tumbar la iniciativa gubernamental.
El decreto les quita la licencia a los conductores que manejen borrachos. Pero además, pone fuera de la circulación a las empresas en las que trabajan. Este último punto es el que tiene enfurecidos a los sindicatos, que consideran que el gobierno se extralimita al querer castigar a las empresas.
“Es de público conocimiento que el sector del autotransporte, en general, ha recibido muchos beneficios en la mayor parte de los gobiernos, debido a que está unido y siempre, mediante sus efectivas medidas de presión, ha logrado doblar el brazo a las autoridades”, reflexionaba el miércoles Carlos Alberto Mostajo, columnista del diario La Razón, al esbozar un argumento a favor de la medida.
“Estamos viviendo una dictadura en una etapa democrática. La resolución es que todo el transporte entrará en el paro”, aseguró este miércoles el secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Franklin Durán.
El gobierno, sin embargo, parece resuelto a sostenerse en su determinación de forzar a que las empresas se comprometan de lleno en evitar que sus choferes manejen en estado de embriaguez.
“Los choferes creen que debemos darles libertad para continuar en esta espiral de agresiones a la población en las carreteras”, dijo el ministro de Obras Públicas, Wálter Delgadillo.
Por su lado, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, aseguró que su oficina hacía todo lo posible por mitigar el efecto del paro, y aseguró que la jornada “será de los borrachos”. Los choferes, aseguró ante la prensa, “quieren que el Ejecutivo retroceda con el fin de tener licencia libre para farrear y matar”.