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Por el escándalo de las ‘chuzadas’ hay cuatro ex directores del DAS investigados.

Uno de los detalles que pasó desapercibido de la providencia en la que el vicefiscal Fernando Pareja Reinemer ordenó la captura de cuatro detectives del DAS y confirmó la medida de aseguramiento contra cinco ex funcionarios más de esa entidad, el pasado viernes, es que dejó abierta la puerta para que se discuta abiertamente si las conductas ilícitas cometidas en el marco del bochornoso espionaje desplegado por el organismo de inteligencia podrían investigarse como crímenes de lesa humanidad, bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI).

Aunque Pareja fue enfático en afirmar que, por ahora, no se puede establecer conexión entre los delitos que establece el Estatuto de Roma (que creó la CPI) como crímenes de lesa humanidad y los actos ilegales por los que se sindica a los funcionarios del DAS, aseguró que “esto no significa que no se deba investigar este tópico”. Así lo advirtió en la decisión que profirió el pasado viernes 5 de marzo, conocida por El Espectador, en respuesta a una solicitud que elevaron representantes de las víctimas que consideran que las conductas perpetradas por los integrantes del DAS sí corresponden a esta categoría porque fueron sistemáticas.

En esencia, lo que planteó el Vicefiscal es que si aparece una prueba que señale que en virtud de la interceptación de llamadas o correo electrónicos, seguimientos ilegales o búsqueda selectiva en bases de datos efectuadas por detectives del DAS en contra de organizaciones no gubernamentales, periodistas, sacerdotes, políticos y magistrados, se cometieron otras conductas delictivas como el homicidio, torturas, secuestros u otras que contempla el Estatuto de Roma, “tendría que avanzarse en el debate” para determinar si hechos de este tipo podrían ser sujetos de la jurisdicción de la CPI.

Sin duda, un giro jurídico que podría poner en escenarios internacionales la dimensión del espionaje del DAS. El Estatuto de Roma es claro en tipificar como delitos de lesa humanidad (aparte del asesinato, el exterminio y la tortura, entre otros) “la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia por motivos políticos” o “actos inhumanos de carácter similar que causen intencionadamente grandes sufrimientos o atenten contra la integridad física o la salud mental o física” de los afectados. En este escenario vale la pena recordar los hostigamientos de los que fueron objeto miembros de la oposición, seguimientos a magistrados (y sus familias) por parte del organismo de inteligencia y hasta la ridiculez de “un manual para amenazar”, creado por el DAS, para amedrentar a defensores de derechos humanos.

Es más, en la decisión queda claro que los funcionarios del DAS “se concertaron para atacar de un modo sistemático a varias personas u organizaciones que se oponían al Gobierno Nacional actual”, generando las actividades de carácter ilícito que se han hecho evidentes en desarrollo de la investigación. Hay que tener presente que a la luz de la legislación internacional, para que un crimen sea declarado de lesa humanidad debe formar parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Al menos en este caso, para el vicefiscal Fernando Pareja, aplica el concepto de “sistemático”.

Incluso va más allá. “La conducta de concierto para delinquir que se les imputó a los funcionarios vinculados a este proceso podría extenderse a otros casos en los cuales se probara que ese acuerdo de voluntades comprendió alguno de los delitos enlistados en el Estatuto de Roma bajo ese concepto”, enfatizó Pareja Reinemer. Sin embargo, dejó en claro que ése debería ser el trasfondo del debate: determinar el alcance de las investigaciones a la luz del derecho internacional, pues la CPI sólo operará cuando la justicia interna no juzga o no puede juzgar los hechos de competencia del tribunal, “o cuando sus perpetradores están por encima de la justicia de sus propios Estados, lo cual –en criterio del Vicefiscal– no es el caso de Colombia”. De cualquier manera el debate está servido.