Delegados de las campañas políticas protestaron ante las fallas en la entrega de resultados de la Registraduría.

El presidente Álvaro Uribe siguió echándole leña al fuego en lo que tiene que ver con la polémica surgida alrededor de la Registraduría y el proceso electoral del pasado domingo para escoger un nuevo Congreso y al candidato conservador a la Presidencia. El miércoles, el Primer Mandatario arremetió nuevamente contra el registrador Carlos Ariel Sánchez, reiteró las denuncias sobre consumo de licor durante la noche de los comicios, puso en tela de juicio la confianza en su labor de cara a las presidenciales y advirtió de la supuesta politiquería que se ha apoderado de la entidad que maneja.

“Mientras las Fuerzas Armadas han hecho una gran tarea para derrotar la interferencia de la violencia en el ejercicio libre de las elecciones, la Registraduría crea enorme desconfianza. La Registraduría no fue capaz —es inexplicable— de hacer un conteo de votos que manda la ley. La Registraduría violó la ley seca. Eso es muy grave. ¿Cómo se les exige ley seca a los colombianos y no la cumple la Registraduría?”, declaró Uribe al término de un conversatorio en la Universidad Católica.

A su vez, ante la lluvia de críticas, de lavadas de mano de los diferentes actores responsables de la entrega de información de los resultados electorales, de denuncias sobre la posible injerencia de hackers que sabotearon dicho proceso y de protestas frente a varios de los sitios donde se está llevando a cabo el reconteo de los votos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le dio un ultimátum a la empresa ID System —encargada de suministrar el software para el desarrollo de los escrutinios—, en el sentido de que tiene hasta las 9:00 de la mañana de este jueves para que el sistema esté funcionando adecuadamente en todo el país.

Los problemas que se presentaron este miércoles en Bogotá y Arauca, donde hubo fallas en el sistema informático electoral diseñado para el conteo y acopio de información, obligaron al CNE a suspender los escrutinios, en medio del rechazo energúmeno de delegados de diferentes campañas, que obligaron a la intervención de la Policía. Según explicó Marco Emilio Hincapié, presidente del organismo electoral, de incumplirse la orden, la Registraduría deberá contratar con una nueva firma en el menor tiempo posible.

En medio de la lluvia de cuestionamientos —incluyendo las declaraciones anoche del ministro Fabio Valencia Cossio pidiendo su renuncia y hablando de una “hecatombe” ante su ineficiencia—, el registrador Carlos Ariel Sánchez conminó al presidente Uribe a denunciar ante las autoridades competentes los actos de politiquería que dice conocer y señaló que lo que quieren es sacarlo del camino para que no coordine las elecciones presidenciales del 30 de mayo.

A su vez, los candidatos presidenciales de la oposición entraron también a terciar en la polémica. Gustavo Petro, del Polo Democrático, advirtió que si el Gobierno pone un nuevo registrador, él no tendría garantías, y Rafael Pardo, aspirante liberal, agregó que lo que le están cobrando a Sánchez es el no haber certificado el referendo reeleccionista en su momento.