Evidencias en poder de un fiscal de la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía fueron determinantes para que se dictara medida de aseguramiento en contra de 23 dirigentes políticos del Urabá antioqueño, presuntamente relacionados con el narcoparamilitar Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, ex comandante del bloque Élmer Cárdenas.
El caso trascendió hace apenas dos semanas, cuando en un operativo relámpago de las autoridades fueron detenidos Gustavo Germán Guerra Guerra, alcalde de Arboletes (Antioquia); Alberto José Jiménez Martínez, aspirante en el año 2006 al Congreso de la República; Benjamín Eduardo Díaz Rodríguez, ex alcalde de Necoclí, entre otros.
Por ahora, el ente acusador ha establecido que El Alemán —requerido en extradición por el gobierno de los Estados Unidos por delitos de narcotráfico— desplazó el poder legítimo de las autoridades y corporaciones públicas en el Urabá y paulatinamente se fue tomando el poder de alcaldías, concejos municipales, asambleas departamentales e incluso logró a través de terceros una curul en el Congreso.
La presencia de hombres del bloque Élmer Cárdenas prácticamente obligó a los pobladores de municipios como Arboletes o Necoclí a aceptar a regañadientes el poder a la sombra de los grupos de autodefensa. En ese contexto de alianzas terminaron procesados los dirigentes políticos de Urabá. El delito: concierto para delinquir agravado.
La influencia que consolidó el ex jefe paramilitar Freddy Rendón en el Urabá antioqueño y chocoano se evidenció entre los años 2000 y 2006. En especial se configuró en las distintas elecciones regionales a alcaldías, asambleas o concejos. Y también en los comicios de 2006 al Congreso de la República. Eso, por lo menos, es lo que demuestran las pruebas recopiladas por la Fiscalía.
De acuerdo con este organismo, los 23 dirigentes políticos habrían participado en el proyecto “Urabá Grande, Unido y en Paz”, liderado soterradamente por Rendón Herrera y diseñado con el propósito de controlar políticamente al Urabá antioqueño a través de las juntas veredales, alcaldías, concejos municipales y, eventualmente, la Asamblea de Antioquia y el Congreso. El proyecto también apuntaba a ahogar los movimientos sindicales y de izquierda que tenían lugar en esta zona del país.
Otros de los políticos a quienes se les profirió medida de aseguramiento fueron Guillermo Ceren Villorina, notario único del Círculo de Turbo; William Saleme Petro, ex diputado a la Asamblea de Antioquia; Carlos Náscar Pájaro Torres, ex alcalde de San Juan de Urabá; Gladys Elena Bedoya Ramírez, funcionaria de la Alcaldía de Apartadó, y Jairo Alberto Banquet Páez, ex concejal de Turbo. Lo que hasta ahora empieza a saberse del grado de infiltración de las autodefensas en Urabá revela una siniestra estrategia para tomarse esa zona.