A pesar de las muertes, las balaceras cotidianas, un “silencioso” toque de queda que impera cuando cae la noche, los señalamientos, la deserción escolar y las fronteras entre barrios impuestas por las armas, hay una preocupación mayor para los habitantes de La Loma. En esta vereda del corregimiento de San Cristóbal, incrustada en lo más alto de la tristemente famosa Comuna 13 de Medellín, un rumor tiene a sus habitantes contando los minutos.
Desde el Jueves Santo, cuando en menos de 24 horas fueron asesinadas ocho personas, la población civil no ha hecho más que esperar una inminente incursión armada que prevén para finales de mes. La voz popular que entre susurros recorre estas laderas dice que el 30 de abril se cumple un inquietante plazo. Para entonces, dice esta voz sin nombre, el combo de San Pedro tendrá que haber ‘barrido’ con los grupos armados que controlan la parte alta de La Loma, desde donde se puede controlar militarmente gran parte de la conflictiva Comuna 13.
En este lugar estratégico, conocido como La Palomera, el Ejército mantuvo durante meses un puesto de vigilancia luego de hacerse al control de la zona con la ‘Operación Orión’ que en 2002 llevó por primera vez a la Fuerza Pública hasta muchos de los barrios de la zona. Sin embargo, desde hace meses la presencia militar desapareció y ahora los habitantes denuncian cómo este hecho ha sido aprovechado por los grupos armados para ‘probar’, a cualquier hora del día, sus armas de largo alcance desde las partes altas de la montaña.
Como dice María Triviño*, “últimamente el rumor dejó de ser rumor. A las personas armadas y a las balaceras uno como que ya se acostumbró. Pero cuando empiezan a aparecer muertos, uno se angustia mucho más”, sentencia esta líder comunal, que tuvo que sacar a su hijo de la zona por temor a que fuera reclutado.
La versión que circula con mayor fuerza entre la comunidad señala que los asesinatos cometidos durante Semana Santa fueron ejecutados por miembros de las bandas de la parte alta de la Comuna 13 que limita con San Cristóbal, aparentemente siguiendo órdenes de alias Sebastián. Al parecer este grupo delincuencial, que aglutina a numerosos combos de toda la zona, se habría hecho al control de gran parte de la Comuna 13 y ahora estarían detrás de La Loma, entre otras razones, por el valor militar de su privilegiada ubicación.
“Esto se lo toman porque se lo toman”, afirma, muy seguro de sí, Checho*, un ex combatiente que ha tenido la oportunidad de constatar el arsenal con el que cuentan los combos de la Comuna 13. Rifles, ametralladoras, ‘changones’ y hasta chalecos antibalas. Venga o no la incursión, por lo menos desde hace tres meses los enfrentamientos armados acabaron con una paz fluctuante y con la tranquilidad de la población civil.
Héroes de la supervivencia
“¡Ay, Dios mío bendito! —grita María Triviño al otro lado de la línea telefónica durante una entrevista con El Espectador—, se armó la balacera. Dios mío, ¡tírense al suelo!”. Para Checho no hay día en que las balas no pasen rasantes por las paredes de su casa. “Después de que habíamos pasado un año sin muertes en el barrio. Había paz, estaba bueno el parche”.
Desde que se reactivó la violencia, los habitantes de La Loma volvieron a dormir bajo sus camas, a ‘estudiar’ bajo los pupitres. Las miradas de este barrio popular buscan desconocidos. Los oídos se mantienen atentos para correr ante el estallido. Aquí los rumores del día y las balas de la noche tienen a los lugareños desayunando miedo, almorzando incertidumbre y yendo a la cama con hambre de sosiego.
Aunque el toque de queda implícito impide la realización de cualquier celebración, es normal que un habitante de La Loma, entrada la noche, llame a su casa a preguntar: “¿Hay fiesta en el barrio?”. Si los ‘muchachos’ andan de ‘fiesta’, lo mejor es no subir y esperar a que ‘escampen’ las balas. “Yo me considero un héroe”, afirma Checho. “Seguro me va a preguntar por qué. Pues porque llego vivo a mi casa”.
Las huellas que viene dejando la violencia no sólo se pueden ver en los testimonios de las gentes. En Facebook uno de los bandos abrió un perfil desde el que se hacen señalamientos y amenazas. “No somos gamines ni combito, somos una oficina organizada”, se lee en el “muro” de este ‘sujeto’ web, cuya situación sentimental es “viudo”. Allí, los integrantes de la banda de San Pedro han subido fotografías de sus armas y de sus blancos. “t matamos 6 te queda 1” (sic), se puede leer en una de las fotografías que este grupo etiquetó durante los últimos días.
El enfrentamiento ‘digital’ puede ser explicado, en gran medida, debido a que estos grupos son en un alto porcentaje integrados por menores de edad. Así lo evidencia la Personería de Medellín: “Los grupos armados ilegales están conformados cada vez más por niños, niñas y adolescentes, ya que son más fácilmente influenciables y porque no generan mayores costos de sostenimiento económico”.
Los señalamientos entre habitantes de barrios diferentes, además, han impulsado un alto índice de deserción escolar. En lo que va del año, 62 alumnos de Loma Hermosa, una de las dos instituciones educativas que operan en La Loma, han desertado. Esta situación, según explica la comunidad, se debe a la ley que las armas han impuesto y que establece que los habitantes de La Loma no pueden estar en el sector de San Pedro y viceversa.
En uno de los programas de atención que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) presta en la zona, la situación es más grave aún. La deserción llega al 50 por ciento. Por otra parte, el desplazamiento desde La Loma, según las denuncias que ha recibido la Personería de Medellín, se ha duplicado durante abril en comparación con la suma de los tres primeros meses de 2010. El índice de homicidios es el más alto de la ciudad. Esta lista negra una vez más está encabezada por la Comuna 13, con 56 asesinatos durante el primer trimestre del año. De igual manera, esta comuna lidera el índice de desplazamientos forzados en la ciudad. Las buenas personas de “la 13”, como años atrás, se preguntan si el número que les tocó por sorteo seguirá para siempre asociado con la mala suerte que trae la violencia.
San Cristóbal, por su parte, hace parte de la zona rural-occidente donde, según Medicina Legal, se han presentado 32 decesos violentos en este año. Es decir, la zona de la ciudad con el segundo mayor incremento de asesinatos en comparación con el primer trimestre del año anterior.
A este explosivo coctel de factores hay que sumar la desconfianza que los habitantes sienten por la Fuerza Pública. Todas las fuentes de la comunidad consultadas por El Espectador coincidieron en el mismo sentido.
Al respecto, el Instituto Popular de Capacitación (IPC) destacó una investigación —de la que también participaron el Instituto de Estudios Regionales (Iner) de la Universidad de Antioquia y la Personería de Medellín— según la cual “en los barrios que componen la Comuna 13 la percepción sobre la Fuerza Pública es altamente negativa, al punto que la desconfianza hacia las autoridades militares ha derivado en un sentimiento de miedo y profunda vulnerabilidad que ha terminado limitando la participación comunitaria, el disfrute de los espacios públicos y la capacidad de locomoción”.
Hace unos días, el representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Cristian Salazar, fue más allá: “Hemos documentado denuncias en la Comuna 13 donde hay indicios de que la Policía colabora con una banda para combatir a otra”.
La situación de La Loma y su vecina, la Comuna 13, es insostenible. La comunidad clama por una pronta intervención del Estado para evitar lo que algunos califican como “una masacre anunciada”, aunque María Triviño piensa que a veces “el rumor es más peligroso que la certeza”.
*Nombres cambiados por petición de los entrevistados.
“Esta ciudad está caliente”
No sólo en la Comuna 13, sino en las demás la gente se limita a comentar que “esta ciudad está caliente”. Han sido denunciados episodios violentos en la Comuna 1 (popular), Manrique, San Javier, Castilla, los municipios de Itagüí y Bello, el corregimiento de Altavista y, ahora, San Cristóbal. Juntos, estos barrios configuran un cinturón de alerta que rodea a toda la ciudad de Medellín y gran parte del Valle de Aburrá. Además, según diversas versiones recogidas por diferentes medios, todo parece indicar que el pacto firmado por alias Sebastián y Valenciano, hace días que se rompió en mil pedazos.
La Personería confirma alerta
Es ta visión general del problema la comparte la Personería de Medellín : “En el primer trimestre ocurrieron 503 homicidios, 178 más que los registrados durante ese mismo período en 2009, lo cual representa un incremento del 54,8% (…) Los actores generadores de este incremento y de otras formas de violencia siguen siendo los grupos armados ilegales, quienes se disputan el control territorial y poblacional, generando graves violaciones de derechos como: homicidios, lesiones, amenazas, desplazamiento forzado, extorsiones al transporte, el comercio y habitantes, vinculación de niños, niñas y adolescentes en sus actividades, tráfico y distribución de sicotrópicos y violencias sexuales”.
“Conozco a los bandidos, pero no tengo cómo encarcelarlos”
El coronel Luis Eduardo Martínez, comandante de la Policía Metropolitana del Vallé del Aburrá, confirmó un recrudecimiento de la violencia porque esas bandas “quieren dominar todo ese corredor de arriba para sacar droga”. Admitió: “El tema es muy complejo. Yo conozco a todos los bandidos de Medellín, pero no tengo cómo llevarlos a la cárcel porque falta justicia.
No son los fiscales, no son los jueces. Es la ley, una ley para ángeles y querubines. Es un problema que viene de muchos años atrás, casi cultural. Hemos desdoblado la Policía de la estación madre, nos acercamos a la comunidad para generar confianza, coordinamos con el Ejército para que se tome la parte alta, patrullamos en el sector rural, allanamos las casas de vicio, cambiamos la Policía, inclusive, para evitar que nos la puedan corromper. Podemos meter 100.000 policías, pero el sicariato es muy difícil de prevenir.
Hemos quitado las armas que quiera, hemos capturado los bandidos que quiera; los lleva uno a la cárcel, pero hay que dejarlos en libertad porque la ley así lo establece, y sigue el problema. Medellín tiene 7.500 efectivos para la ciudad. Allá está el personal que consideramos debe estar (250 en la Comuna 13 y 150 en San Cristóbal). Habrá solución cuando haya una decisión de todo el mundo para decir ‘no más’. Y nos vamos contra los bandidos con una ley muy fuerte, y los acabamos”.