En una estrategia por dejar en claro que la corrupción, las interceptaciones ilegales y las alianzas con mafiosos por parte de funcionarios del DAS no son un fenómeno exclusivo del gobierno Uribe, el director de la entidad, Felipe Muñoz, dijo anoche en el Congreso que la institución estuvo involucrada en por lo menos una decena de los más sonados crímenes de los últimos 25 años en el país, entre ellos el del director de este diario Guillermo Cano, en 1986.
Entre esos crímenes también estarían los de José Antequera, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, Manuel Cepeda, Álvaro Gómez y Jaime Garzón. "Exigimos al Ministro del Interior y al director del DAS que entreguen las pruebas que tienen sobre la participación del organismo en estos asesinatos. Con esto corroboran que se trató de acciones sistemáticas", señaló Iván Cepeda, vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado e hijo del inmolado político Manuel Cepeda Vargas.
Durante el debate convocado por el senador Gustavo Petro (el último antes de retirarse para encarar de lleno su campaña presidencial), Muñoz y el ministro del Interior, Fabio Valencia, capotearon los dardos del Polo Democrático, que en cabeza de Petro aseguró que la reelección del presidente Álvaro Uribe fue presionada desde el DAS. El mininterior rechazó esta afirmación por considerarla irrespetuosa con la Corte Constitucional y hasta se preguntó: "Si hubiese sido así, ¿entonces por qué no se hizo también ahora?".
El propio Valencia Cossio había dicho antes del debate que la crisis del DAS era "estructural" y reconoció la participación del organismo en los homicidios de Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Álvaro Gómez Hurtado.
El Gobierno también intentó defenderse por medio del ataque. Se preguntó ante la plenaria del Senado quién orquestó las interceptaciones ilegales contra el Presidente y por qué estas grabaciones salieron a la luz pública.
El ministro Valencia finalizó su intervención afirmando que el Primer Mandatario no ordenó hacer ningún seguimiento y que el problema radicaba en que había personas interesadas en llevar al Presidente a la justicia internacional, con la hipótesis de que casos como el de las ilegales interceptaciones telefónicas del DAS eran delitos de lesa humanidad.