Partidas de defunción con confesión de ‘paras’

Los familiares de los desaparecidos de los hornos del horror en Norte de Santander; de los mutilados y lanzados a ríos como Magdalena y Cauca y de aquellos quienes fueron enterrados en fosas de cuya ubicación sólo supieron paramilitares que luego fueron asesinados (que rondan los 30.000), podrían tener un procedimiento expedito para reclamar a los victimarios y al Estado por la violencia desaforada a la que fueron sometidos sus seres queridos, y facilitar la debida reparación que merecen por el prolongado padecimiento que han sufrido.

En una carta enviada por Luis González León, director de la  Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, al superintendente de Notariado y Registro, Orlando García-Herreros, le solicita autorizar la entrega de registros de defunciones “por fuera de los marcos tradicionales”, utilizando para ese propósito las declaraciones de los paramilitares reconociendo la hora y fecha de los asesinatos. En esencia, González, en la misiva conocida por El Espectador, recuerda que aunque la legislación prevé que en los casos de desaparecidos también se puede obtener ese certificado, el procedimiento es dispendioso y demorado y puede extenderse por varios años previa publicación de edictos, pagados por los familiares de las víctimas.

Señala entonces que teniendo en cuenta sesenta años de violencia con millares de hechos de desaparecidos, se debe analizar la posibilidad de flexibilizar el procedimiento con el fin de ofrecer “soluciones ágiles, eficaces y definitivas” para terminar con el calvario de los familiares de los fallecidos, que no sólo sufren por la pérdida de su ser querido, sino porque no pueden emprender las respectivas acciones de reparación contra el Estado y los victimarios. Además de la confesión del paramilitar, la Fiscalía demostraría la existencia de la víctima con el registro civil de nacimiento o partida de bautismo y la respectiva denuncia de las circunstancias en que la persona desapareció en manos de los grupos armados ilegales.

El director de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía enfatizó que la carencia de los partidas de defunción crea problemas que van desde la imposibilidad de impulsar procesos de sucesión o herencias, hasta reclamar prestaciones, pensiones o dineros depositados en cuentas de ahorro o corrientes. Con el fin de crear mayor conciencia sobre esta situación la Fiscalía llevará a cabo una entrega e inhumación simbólica de  restos el próximo 5 de junio en el municipio de Puerto Nare en el departamento de Antioquia.

Ese día, además de recibir un osario de parte de las autoridades y una fotografía ampliada (o un retrato hablado en los casos que  no se cuenta con imágenes) los familiares de los desaparecidos podrán sepultar ropa o artículos personales de gran valor para la víctima. Dos de los casos que serán recordados ese día y que serán parte del acto simbólico son los de los hermanos Luis Mendis y Oliverio Antonio Buriticá Ríos (de 36 y 37 años, respectivamente) quienes fueron secuestrados el 24 de diciembre de 2003, en la vereda La Arabia de Puerto Nare, Antioquia. Los dos hombres fueron amarrados y transportados en una camioneta por integrantes del frente Ómar Isaza de las Auc hasta la vereda El Prodigio, de esa misma población.

Hasta ese lugar llegaron, al otro día, familiares y amigos de los retenidos para pedir que les perdonaran la vida. Los paramilitares permitieron que los allegados de los hermanos Buriticá hablaran con ellos, aunque era evidente que habían sido torturados. Después de varios días de incertidumbre fueron asesinados y sepultados en una fosa común que nunca fue hallada, aunque varios ex integrantes del grupo armado reconocieron los homicidios y hablaron sobre el destino final de las víctimas, a quienes señalaron como presuntas auxiliadoras de la guerrilla.

Consultada sobre la petición del director de la Unidad de Justicia y Paz al Superintendente de Notariado y Registro, Yanette Bautista, de la Fundación Nidia Érika Bautista (que agrupa a familiares de desaparecidos), aseguró que ellos rechazan los registros de defunción por considerar que ignoran el daño a la integridad mental que han sufrido y no contemplan las consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “la cual ha señalado que el sufrimiento de los familiares de los desaparecidos equivale a tortura”.

En un comunicado dado a conocer el pasado 22 de abril la fundación señaló que “sumado al calvario de impunidad y a la incertidumbre permanente por desconocer la suerte de sus seres queridos, los familiares de las víctimas, en su mayoría madres y mujeres, no son reconocidos por la ley, y los funcionarios públicos les exigen requisitos inhumanos para acceder a ciertos beneficios establecidos para las víctimas de la violencia política”, como ocurre con Acción Social. Asimismo, señala que un certificado de defunción le quita al Estado la responsabilidad de recuperar a las víctimas.

Por eso la fundación demandó por inconstitucionalidad la norma del certificado de defunción e impulsa en la actualidad un proyecto de ley que hace tránsito en el Congreso, en el cual se crea la figura de la “declaración de ausencia” (como en países como Argentina y Uruguay), que permite avanzar con las reclamaciones mientras se trata de establecer qué ocurrió con los desaparecidos.

Este es el facsímil de la carta enviada por Luis González al Superintendente de Notariado.