De la investigación adelantada en contra del detenido alcalde de Aguazul, Casanare, José Mauricio Jiménez Pérez, conocido como El Patón, para la Fiscalía es evidente que tuvo una íntima alianza con el grupo de Autodefensas Campesinas del Casanare comandadas por Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos, que se convirtió en una “bien definida empresa criminal” que pudo haber conducido a la desaparición forzada de unas 1.500 personas, al reclutamiento de menores y adultos para los paramilitares y a secuestros, homicidios y extorsiones.

Según los fiscales que adelantaron la investigación, era el propio comandante paramilitar quien definía qué obras eran prioritarias o se debían hacer en el municipio. Cuando se mostraba de acuerdo con algún proyecto, el jefe paramilitar debía recibir el 10%  por adelantado, mientras al mandatario local, según los testigos, debía quedarle el 5%.

Pero al alcalde no se le investiga por su actual administración que debería extenderse hasta 2011, sino por la que ejerció entre los años 2001 y 2003. Pese a que el burgomaestre ha tratado de recuperar su libertad, a través de un Hábeas Corpus que está pendiente de fallo en un juzgado de Bogotá y que niega su responsabilidad en los hechos, el ente acusador considera que en las declaraciones de los testigos no hay contradicciones que lo favorezcan a él y a su ex conductor personal Ubaldín Vallejo Montañez, alias Mata Siete, quien era desmovilizado del grupo criminal.

Sobre la responsabilidad penal de los acusados, la Fiscalía señaló que son incontrovertibles las desapariciones de las personas. Uno de los casos fue el de Luis Ariel Bernal López, de quien no se volvió a saber nada desde el 29 de julio del año 2002. Él salió de su casa a pagar el 10% de la contratación que había obtenido para el mantenimiento del acueducto de la población, durante la alcaldía de Jiménez Pérez. El porcentaje iba destinado como pago de una vacuna a los paramilitares de Martín Llanos, pero nunca más se supo de él.

Bernal López fue secuestrado en un vehículo Nissan de color verde, que al parecer era conducido por Vallejo Montañez, cuando la víctima se encontraba frente a la Alcaldía de Aguazul. La misma suerte corrieron sus hermanos José Efraín Bernal y Nelver Bernal, tres meses más tarde. Además, la esposa de Luis Ariel fue amenazada y tuvo que salir del municipio con sus hijos.

Por otro lado, el ex concejal Pedro Antonio Coronel aseguró que los integrantes del cabildo municipal tuvieron que reunirse en al menos dos oportunidades con Martín Llanos en 2002 y 2003. Narró que en una oportunidad fueron obligados a ir al departamento del Meta, donde se les notificó quiénes serían los patrocinados al Concejo, Asamblea, alcaldías, Gobernación, Senado y Cámara de Representantes. Luego tuvieron que ir a un lugar conocido como El Tropezón, donde se encontraron con el jefe de las autodefensas. Según Coronel, el alcalde Jiménez Pérez facilitó el transporte.

Asimismo, los testigos denunciaron que “(hubo) lazos solidarios que ataron a las autodefensas al mando de Martín Llanos con la administración de José Mauricio Jiménez Pérez, quien en últimas era el que coordinaba los encuentros entre los concejales y la ilegal organización con el específico propósito de colocar a la indemne población de Aguazul al dominio del movimiento paramilitar”, se lee en la providencia de llamado a juicio de la Fiscalía.

Sobre el conductor del alcalde, el testigo Luis Antonio Gaucha González aseguró que “Ubaldín iba todos los días y llevaba una persona amarrada a un sitio para entregarla”, pero en el carro de color verde que era pagado por la Alcaldía. El desmovilizado Óscar Andrés Huertas, alias Sarmiento, ratificó las denuncias y dijo que algunos trabajadores de la Alcaldía como Ubaldín eran claves para seleccionar a las personas que debían ser desaparecidas o asesinadas.

Habitantes del municipio, que declararon en contra de Jiménez Pérez, manifestaron que sienten temor por supuestos rumores que señalan que una vez el alcalde quede en libertad, tomará represalias contra quienes declararon en su contra en la Fiscalía y por un eventual regreso de las autodefensas. Como antecedente de ese mal presagio algunas de las versiones que entregaron testigos a las autoridades fueron repartidas en copias, con nombre propio, en la localidad, para causarles desprestigio.