Foto: Fiscalía

Por vía satelital, los familiares de las víctimas del ex líder de las Auc, Salvatore Mancuso, pudieron ver sus declaraciones. En Washington, nadie pudo entrar a la audiencia.     

Aunque un poco relegado por la marea de noticias alrededor de las pirámides, el tema de las confesiones de los paramilitares sigue dando de qué hablar. Una grave acusación, hecha ayer por Salvatore Mancuso desde Washington , volvió a poner sobre la palestra la discusión de si hubo participación o no de servidores públicos en la masacre de Ituango (Antioquia), cometida en dos episodios entre junio de 1996 y octubre de 1997, que significó la muerte de 19 campesinos.

Según el ex comandante del bloque Catatumbo de las Auc, quien fue extraditado a Estados Unidos el pasado 13 de mayo junto con otros 13 jefes paramilitares como Cuco Vanoy, Macaco y Hernán Giraldo, los ‘paras’ recibieron apoyo del Estado para ejecutar a cinco labriegos en el corregimiento La Granja el 11 de junio de 1996, y a 14 personas más el 22 de octubre de 1997. Según Mancuso, el “general (Carlos Alberto) Ospina”, entonces comandante de la Cuarta Brigada del Ejército con sede en Medellín, le suministró “apoyo logístico” a Carlos Castaño para realizar los asesinatos en Ituango.

Mancuso aseveró que, en por lo menos 10 ocasiones, se reunió con el fallecido Pedro Juan Moreno (secretario de Gobierno durante la administración departamental de Álvaro Uribe Vélez). Según el ex jefe ‘para’, Moreno fue pieza clave para el surgimiento y auge de las Convivir en Antioquia. Pedro Juan Moreno, junto con Álvaro Uribe Vélez, promovieron la aparición de este tipo de empresas privadas de seguridad, que a pesar de la polémica que generaron, finalmente fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional. Sin embargo, Mancuso reveló que las Convivir antioqueñas apoyaban al Ejército y recaudaban auxilios económicos para los ‘paras’.

Sobre la masacre de El Aro (1997), Mancuso dijo que el operativo, coordinado por el extinto líder paramilitar Carlos Castaño, tenía el fin de “abatir” a varios integrantes del Secretariado de las Farc, que supuestamente estaban en la región. Mancuso aseguró que Iván Márquez, miembro del Secretariado, logró salir del área sólo porque un helicóptero de la guerrilla lo rescató; y que, además, la zona fue sobrevolada por un helicóptero de la Gobernación de Antioquia. Mancuso aseguró que él mismo ingresó en un helicóptero a la zona de combates para llevar municiones a los paramilitares y para sacar a los heridos y a los muertos.

El presidente Álvaro Uribe, sin embargo, ha sido enfático en negar que él o su hermano Santiago (quien también ha sido acusado de estar involucrado en estos hechos) participaron de alguna forma en estos trágicos sucesos. Francisco Villalba, ex paramilitar condenado por estas masacres, señaló al Primer Mandatario de haber participado en reuniones en las que se planeó la masacre de El Aro, con Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. Cuando se conoció este testimonio, Uribe Vélez instó a la Fiscalía de inmediato para que hiciera las investigaciones correspondientes. Aunque hace algunos meses se dijo que Villalba se había retractado, éste ratificó su testimonio, pero del tema no se volvió a hablar.

En esta versión libre desde Estados Unidos, Mancuso no se refirió únicamente a la élite dirigente antioqueña. También mencionó a la Fuerza Pública. Señaló que Ejército y Policía abastecían de municiones a las autodefensas y que, para hacerlo, incluso reportaban falsos combates en los que relacionaban el gasto de una gran cantidad de insumos de los cuales, la mayoría, se los vendían o regalaban a los ‘paras’. Mancuso dijo además que en Norte de Santander, donde hacía presencia el grupo que él  comandaba (bloque Catatumbo), uniformados y altos mandos militares de La Gabarra,  Tibú y Puerto Santander, estaban en su ‘nómina’.