El 19 de agosto de 2007, en la vía que une los municipios de Puerto Asís y La Hormiga, en el departamento del Putumayo, unidades de la Fiscalía detuvieron un camión de valores que, según sus ocupantes, transportaba varias cajas con comida, guantes, víveres y botas de caucho. Sin embargo, al realizar la inspección, los investigadores encontraron que se trataba de $7.370 millones en efectivo, en fajos de $10.000 y $50.000. De inmediato, el dinero fue remitido a la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio (Unaim), en Bogotá.

En ese momento las autoridades creían haber incautado el contenido de una caleta de las Farc, pero súbitamente apareció una abogada, quien en representación de David Eduardo Hemulth Murcia Guzmán, fundador y propietario de DMG, reclamó el dinero como suyo. Fue la primera vez que las autoridades judiciales elaboraron los primeros indicios sobre la extraña procedencia del capital de DMG. Quince meses después, este primer hallazgo es la punta de la investigación que ayer permitió a un juez de control de garantías dictar siete órdenes de captura.

Las órdenes de captura cobijaron al propio David Murcia Guzmán, a su esposa Johana Iveth León, a su madre Amparo Guzmán de Murcia, a su cuñado William Suárez, a la abogada de la compañía, Margarita Pabón, y a uno de sus principales socios, Daniel Ángel, quienes afrontan cargos por concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y captación masiva de dinero. A ellos se sumó Antonio Bastidas, por el delito de cohecho.

Según el fiscal Mario Iguarán, “estas personas no estaban en capacidad de poder patrocinar, fundar o desarrollar una empresa de esa naturaleza. Lo hicieron con recursos de origen ilícito. Eran conocedores de la ilicitud de esos recursos que han procurado aparentar con legalidad”, y agregó: “Esta es una investigación de 14 meses que se inicia cuando se hace una incautación de 7 mil 370 millones de pesos en La Hormiga (Putumayo); de ahí vienen otras investigaciones que se van anexando, iniciadas, por ejemplo, en Tunja y Manizales”.

Aunque sólo se hicieron  efectivas las capturas de Daniel Ángel y Margarita Pabón, ayer mismo empezaron a trascender los detalles de esta investigación que apunta a develar una gigantesca operación de lavado de activos con conexiones en Panamá, México y Brasil. El punto ahora es establecer el origen de la millonaria incautación y otros miles de pesos más en otras operaciones de DMG, pues aunque se tiende a creer que las Farc pueden estar detrás de la operación, también hay indicios de que el paramilitarismo, al parecer, se involucró en este enorme ilícito.

El Espectador pudo establecer que una vez iniciado el proceso por la incautación del camión en el Putumayo, un grupo de especialistas de la Dijín sigilosamente se trasladó a este departamento, y durante varios meses verificaron un inusitado movimiento de dinero en efectivo en todos los municipios del Putumayo, y que en algunas ocasiones estos dineros venían de procedencia de las Farc, y en otras, de los frentes paramilitares que otrora manejó Carlos Mario Jiménez, más conocido como Macaco. La investigación se centró en los movimientos de esos capitales.

Sin recaudar testimonios por las dificultades de las pesquisas, los investigadores de la Dijín y la Fiscalía concentraron sus tareas en seguimientos e interceptaciones telefónicas. Así pudieron constatar que la mayoría de los capitales incautados terminaba convirtiéndose en millonarios giros a cuentas bancarias a Bogotá y el Eje Cafetero, y que de estas regiones se