Para aquellos que hemos reclamado por mucho tiempo que la arquitectura financiera internacional necesita reformas profundas, la llamada a convocar una segunda conferencia de Bretton Woods es afortunada. Cabe recordar, por supuesto, que después de las crisis asiática y rusa de 1997-1998 se hicieron solicitudes similares, que los países industrializados no tomaron en serio.
Quizás el hecho de que ahora están en el centro de la tormenta los lleve a tomar la tarea con empeño.
Hay dos problemas fundamentales con el reciente llamado a la reforma. El primero es que carece de contenido: no es claro en qué consistirían las discusiones sobre un eventual Bretton Woods II. El segundo es que el proceso comenzó con un paso en la dirección equivocada, al excluir a la mayoría de los países de los diálogos. Es obviamente saludable que el Grupo de los 7 o un subconjunto de países del G-7 muestre liderazgo, pero no puede haber una reforma fundamental sin un proceso inclusivo que dé voz adecuada tanto a los países industrializados como en desarrollo, y tanto a los países grandes como a los pequeños. Las instituciones de alcance mundial, no grupos ad hoc de países, deben estar en el centro del proceso de reforma.
El tema más claro de la agenda es cómo corregir el déficit de regulación prudencial que caracteriza los mercados financieros mundiales. Esta discusión debe comenzar por acuerdos sobre los principios regulatorios. Uno obvio es que las regulaciones deben ser comprensivas, para evitar los vacíos significativos que condujeron a la turbulencia actual.
Las regulaciones deben tener también un fuerte contenido anticíclico, lo que implica aumentar el capital y provisiones (o reservas) de las entidades financieras e impedir el excesivo endeudamiento (apalancamiento) durante los auges, y evitar que la inflación de activos retroalimente las expansiones crediticias. Se debe descartar la dependencia de los modelos internos de evaluación de riesgo de las entidades financieras, el principal centro de atención del segundo acuerdo de Basilea sobre regulación bancaria. Esa estrategia ha demostrado ser peligrosa y, de hecho, ya se ha visto cómo el uso de modelos similares de riesgo por parte de las instituciones puede aumentar la inestabilidad financiera.
Todo nuevo sistema regulatorio debe estar basado en una red adecuada de instituciones nacionales y regionales (del cual carece aún la Unión Europea) e incluir una verdadera supervisión internacional de las instituciones financieras de alcance
mundial. La mayoría está de acuerdo con que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no debe ser el centro del sistema regulatorio. El Banco de Pagos Internacionales y el Comité de Basilea están en una mejor posición para asumir esta tarea, pero deben ampliar sus membresías y evitar uno de los problemas principales que enfrentó el Comité de Basilea en los últimos años: la falta de representación de los países en desarrollo.
Tres temas centrales de reforma del FMI deben ser incluidos también en la agenda. El primero es la necesidad de una verdadera moneda mundial de reservas, basada quizás en los derechos especiales de giro del FMI. Esto contribuiría a superar tanto la inequidad como la inestabilidad que es inherente a un sistema mundial de reservas basado en una moneda nacional.
El sistema actual está plagado de ciclos de confianza en el dólar y de perturbaciones periódicas asociadas a políticas adoptadas por los Estados Unidos sin tener en cuenta sus impactos globales y que terminan, por lo tanto, por ser impuestas sobre el resto del mundo.
El segundo tema es la necesidad de colocar al FMI y no al G-7 —o en realidad cualquier “G”— en el centro de la coordinación de las políticas macroeconómicas a nivel mundial. Esta es la única forma de dar a los países en desarrollo una voz adecuada en este campo. El ejercicio de supervisión multilateral de los desequilibrios internacionales de pagos que lanzó el Fondo en 2006 fue un paso interesante en esa dirección, pero careció de claros compromisos de las partes y de efectividad.
El tercer tema es la principal demanda de los países en desarrollo: el FMI debe prestar durante las crisis de balanza de pagos con rapidez y sin condiciones excesivas, especialmente cuando la fuente de la crisis es una reversión súbita de los flujos de capital o un brusco deterioro de los términos de intercambio. Esto convertiría al FMI en algo más parecido a un banco central, que proveería liquidez en forma ágil, de manera similar a la forma como los bancos centrales de los países industrializados han proporcionado liquidez en escala masiva durante meses recientes. En el caso del FMI, el financiamiento de la liquidez necesaria podría ser provisto por emisiones anticíclicas de derechos especiales de giro.
En todos estos campos, el FMI debe hacer un uso más activo de instituciones regionales. Por una década he venido señalando que el FMI del futuro debe ser visto como la cúpula de una red de fondos de reserva regionales —es decir, como un sistema con un diseño más similar al del Banco Central Europeo o al del sistema de la Reserva Federal en los Estados Unidos.
Un diseño institucional de este tipo podría ser adoptado también en el campo de la regulación prudencial. Una red más densa de instituciones estaría mejor diseñada para una comunidad internacional heterogénea y podría proporcionar mejores servicios y dar una voz más fuerte a los países más pequeños.
Finalmente, una de los principales defectos de la arquitectura financiera actual es la falta de un esquema institucional apropiado para manejar los problemas de sobreendeudamiento a nivel internacional, es decir, una corte similar a las que existen a nivel nacional para manejar las quiebras de las empresas. El sistema actual depende de mecanismos ad hoc, que generalmente llegan demasiado tarde, cuando los problemas de sobreendeudamiento ya han tenido un impacto devastador sobre los países. El único mecanismo regular a nivel internacional en este campo es el Club de París, pero sólo maneja deudas oficiales. El segundo acuerdo de Bretton Woods debería resolver este problema, creando una corte internacional de quiebras.
La crisis financiera actual ha hecho patente la necesidad de reformar la actual arquitectura financiera internacional. Pero cualquier llamado a una segunda conferencia de Bretton Woods debe tener contenido concreto.
La agenda debe incluir un sistema mundial de regulación y supervisión prudencial; un FMI profundamente transformado, que maneje una moneda mundial de reservas, coordine las políticas macroeconómicas a nivel internacional y cuente con líneas de crédito ágiles; y la creación de una corte internacional de quiebras.
* Project Syndicate 1995-2008. Ocampo es uno de los 15 miembros de la Comisión de la Asamblea General de la ONU para la Reforma del Sistema Monetario y Financiero Internacional.
Un colombiano con mucho poder
José Antonio Ocampo nació el 20 de diciembre de 1952 en Cali. Es economista con grado de Ph. D. en economía de la Universidad de Yale (1976) y bachiller en economía y sociología de la Universidad de Notre Dame (1972).
En Colombia se desempeñó como investigador y director del CEDE de la Universidad de los Andes desde 1976 hasta 1982. Fue coeditor de la revista |Coyuntura y desde 1984 a 1988 fue director de Fedesarrollo.
En el sector público fue asesor en asuntos cafeteros del Gobierno, Ministro de Agricultura y Desarrollo Social entre 1993 y 1994, Director del Departamento Nacional de Planeación entre 1994 y 1996, y Ministro de Hacienda y Crédito Público entre agosto de 1996 y noviembre de 1997.
A partir de 1998 se desempeñó como Secretario ejecutivo de la Cepal y en 2003 se posesionó como Subsecretario de Asuntos Económicos y Sociales en la ONU. Este año fue nombrado en la comisión de reformas.
Miembro de la Supercomisión
El Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz encabeza la Comisión de la Asamblea General de la ONU para la Reforma del Sistema Monetario y Financiero Internacional.
La comisión está conformada por 15 expertos, entre los que se encuentra el colombiano José Antonio Ocampo. Del grupo también forman parte Arminio Fraga (Brasil), Mohamed El-Arian (Egipto), Charles A. E. Goodhart (Reino Unido), Roger W. Ferguson, Jr. (E.U.). Kristin Halvorsen (Noruega), Yaga Venugopal (India), Jean-Paul Fitoussi (Francia), Jomo Kwame Sundaram (Naciones Unidas), Yu Yongding (China), Avinash Persaud (Barbados), Eisuke Sakakibara (Japón), Chukwuma Soludo (Nigeria) y Heidemarie Wieczorek-Zeul (Alemania).