Sigue destapándose la caja de Pandora

Un exótico código de ética de DMG en el que se resaltan los principios y valores de sus clientes; detallados conceptos de los ex directores de la DIAN Guillermo Fino y Carlos Antonio Espinosa en asuntos tributarios para consolidar la firma a nivel internacional; tres reportes de millonarios pagos a abogados, consultores, como el litigante Óscar Iván Palacio —quien asistió a la polémica reunión de emisarios de Don Berna con funcionarios de la Casa de Nariño—; entre otras, son algunas de las perlas que contienen los archivos de la detenida abogada Margarita Pabón, mano derecha de David Murcia Guzmán.

Por ejemplo, además del concepto de Fino, aparece su hoja de vida con el perfil profesional y sus referencias personales, o un listado de 48 asuntos pendientes de la abogada Pabón que incluyen concretar una cita con el presidente de Panamá, Martín Torrijos, seguir los contactos en Venezuela, Ecuador y Perú para darle vuelo a su compañía, o la meta de acumular cinco trillones de dólares entre marcas, activos, negocios y empresas del holding DMG. También se documenta una reunión en la que se habla de hacer una propuesta a alcaldes y gobernadores, así como de entablar una denuncia penal en contra del columnista y defensor de Derechos Humanos Iván Cepeda, y en donde aparece el nombre del abogado Ramón Ballesteros.

En otro archivo titulado “Esquema charla DMG con gobernadores y alcaldes”, aparece un análisis sobre el modelo económico colombiano, la seguridad democrática del presidente Uribe y las estadísticas de pobreza y desempleo que tiene el país. En dicho documento se elaboran unas propuestas para socializarlas con los mandatarios locales y regionales como planes de vivienda, mejoramiento de atención en salud, calidad en educación y capacitación empresarial. Sin duda, otro proyecto mesiánico del enigmático David Murcia Guzmán. De igual forma, aparece un listado de 23 asuntos que eran de vital importancia para potenciar el modelo de la firma.

Se revisan compras de lotes en Zipaquirá y la Autopista Norte de Bogotá, se autorizan compras en sociedades, se habla de negociar dos terrenos para ampliar las bodegas, se documenta la compra del 51% del sello musical Gaira de Carlos Vives, y del 50% de la financiera de José Londoño, del pago de gastos de renta de Daniel Ángel por $20 millones, se plantea iniciar una negociación con banqueros internacionales, o de hacer una visita a gobernadores para revisar “compromisos”, así como renegociar convenios con proveedores, reestructurar el equipo de penalistas que los asesoran, adelantar ferias en Ecuador y otros países, comprar diamantes por un millón de dólares y carros por el sistema leasing para la empresa de domicilios.

Por último, tres documentos dejan constancia de pagos entre los meses de junio y julio de este año a Guillermo Fino, Daniel Ángel, el general (r) Maza Márquez, los abogados Óscar Iván Palacio, Gerardo Barbosa o alguien identificado como Jairo Parra Quijano, quien podría ser el reputado ex conjuez de la Corte Constitucional. También aparece el nombre de Alfázar Rodríguez, quien podría ser el asesor presidencial para las regiones, y otros de personas no identificadas aún como Sergio Cañón, Hernando Soto o Adriana Betancourt y alguien a quien se refieren como “el amigo del Putu”, al que le destinaron $400 millones. La caja de Pandora de la firma DMG comienza a destaparse.

Charla con alcaldes y gobernadores

Entre los múltiples archivos encontrados en la USB de la detenida abogada Margarita Pabón, hay uno que llama particularmente la atención. Se titula “Esquema charla DMG con gobernadores y alcaldes”. En él se hace un balance sobre las estadísticas de pobreza en el país, en comparación con otros países como Uruguay, y se propone “una política integral contra la pobreza y de mejoramiento de la calidad de vida”.

También se analiza la apertura económica, la violencia del país y la seguridad democrática del gobierno Uribe, para concluir que es urgente un programa integral de lucha contra la pobreza “a partir de los restaurantes sociales”, al parecer otra de las ideas mesiánicas de David Murcia. De igual forma, se plantea la capacitación empresarial, como mecanismo para cerrar las brechas sociales, así como un plan de vivienda, mejoramiento en atención de salud y calidad de la educación en Colombia.

Según el documento, Murcia quería plantearles a alcaldes y gobernadores propuestas de asociación para combatir estos problemas sociales.

Solicitudes urgentes

Dos documentos con fecha del 15 de junio y 15 de julio del presente año dejaron ver los requerimientos de altas sumas de dinero que Margarita Pabón hacía en un solo día para atender los compromisos de la firma DMG. El 15 de junio, Margarita Pabón hizo una “solicitud urgente” de $673 millones y US$15 mil dólares. De esa suma, según el informe, $12 millones eran para Daniel Ángel, $50 para el abogado Gerardo Barbosa, $12 para Guillermo Fino y $ 400 para un “amigo del Putu”.

Un mes más tarde, Pabón requirió $208 millones. Los destinatarios del dinero eran los mismos de la solicitud de junio, pero un nuevo nombre apareció en ese listado: Jairo Parra Quijano, quien supuestamente sería el reputado jurista y presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a quien le habrían pagado $20 millones. Del mismo modo, aparece referenciado el ex director de la DIAN Guillermo Fino, con $12 millones, Óscar Iván Palacio con $5 millones, quien hizo asesorías en temas laborales a la firma Pabón Castro y el nombre de Alfazar Rodríguez. Además, Luis Bernardo Villegas con $45 millones.

Reunión con el abogado Ballesteros

En otro archivo titulado “Reunión Ballesteros 8 de febrero de 2008” aparece un documento de seis puntos. En el primero se menciona que el ex candidato a la Alcaldía de Bucaramanga Freddy Anaya tiene unos terrenos importantes entre Florida y Piedecuesta para desarrollo de vivienda y se hace referencia a que por ahí “va a pasar el Metrolínea uniendo cuatro grandes municipios”.

En un segundo punto se trata “la propuesta para los gobernadores” en donde se tratan temas como reestructuración administrativa, montajes de los sistemas de control interno, procesos de contratación, entre otros aspectos, al parecer, para beneficiar a DMG.

En el punto 3 se habla de “un poder de denuncia penal contra Iván Cepeda Castro (defensor de DD.HH.)”. También se especifica un contrato para la auditoría forense por un valor de $460 millones. Más adelante se menciona un equipo de confianza de crisis y por último se anuncian como asociados a los abogados Ramón Ballesteros y José Pablo Durán Gómez.

El penalista Ballesteros es famoso por ser el abogado de la polémica Yidis Medina Padilla, condenada por la Corte Suprema de Justicia.

Los conceptos de Espinosa y Fino

Los ex directores de la DIAN Carlos Alberto Espinosa Pérez y Guillermo Fino Serrano, según otros documentos hallados en los archivos de Margarita Pabón, le entregaron al menos dos conceptos a la abogada, hoy recluida en la cárcel El Buen Pastor.

Pabón consulta a Espinosa por un proyecto de creación de sociedades de comercialización internacional, a lo que el ex funcionario público responde con un texto de siete páginas en el que explica las leyes y decretos referentes a este tipo de empresas, y hasta sugiere que la sociedad sea de propiedad exclusiva de colombianos, con un capital de máximo $50 millones.

Por su parte, Fino se dirige a Pabón para manifestarle sus apreciaciones sobre un complejo de viviendas sociales que requiere una inversión de $1.500 millones de pesos y rinde un par de conceptos en materia tributaria. Pero, además, agrega anotaciones sobre la ejecución del proyecto en sí. “No hay ningún problema con pactar la construcción de los apartamentos con la empresa del grupo (DMG Construcción)... Necesitamos una definición rápida”, expresa Fino.

Pendientes de Pabón

En un documento fechado  el 29 de agosto de 2008 aparece un listado de 48 asuntos que tiene pendientes la abogada de DMG, entre los que se cuentan: revisar los negocios de la firma en Panamá y Venezuela, así como seguir “los contactos para abrir relaciones con Ecuador y Perú”. Se habla de estar pendiente de una reunión “con el presidente de Panamá que está coordinando Adriana Betancourt, quien tiene el texto de la reforma”. Se hace una relación de bienes de David Murcia, como apartamentos y yates, sobre los cuales hay que hacer abonos o pagos, se revisa unos lotes en Colón (Panamá) y se comenta sobre eventuales inversiones en Cable Uno. Se reporta en el documento que hay que replicar con urgencia el negocio y posicionar afuera la marca DMG. La excentricidad y desvarío llegaron a niveles que se registran en este documento. Por ejemplo, se dice que DMG superará a empresas como Dell, Coca Cola o Sony. El propósito era posicionar cinco marcas que llegaran a costar 200 billones de dólares. “Como segunda meta saltamos a conseguir 300 billones de dólares a través de bancos y fondos de inversión y la siguiente meta es llegar a tener 5 trillones de dólares entre marcas, activos, negocios y empresas”. Por último, se refiere a que hay que registrar a DMG como una sociedad nueva.

Código de ética

En los contratos que la gente firmaba con DMG por el concepto de publicidad personalizada, la empresa agregaba un particular anexo: el código de ética. En este documento, David Murcia Guzmán se dirigía a su “gran familia” y les pedía ser “consistentes con los principios y valores adoptados por el grupo”, como el respeto y la justicia. DMG le solicitaba a sus consumidores compromiso, lealtad, solidaridad, integridad, honestidad y transparencia: “El promotor orientará su actuar con equidad, respetando los derechos de los ciudadanos”. En este paradójico texto, Murcia Guzmán les pide a sus promotores hablar bien en todo momento del grupo y de las organizaciones que lo conforman, y transmitir la información recibida de forma fidedigna, con el fin de evitar “problemas legales”. Según el documento, no cumplir el código podía provocar el retiro inmediato del promotor.

Capturas por pirámides

Diecisiete nuevas órdenes de captura profirió la Fiscalía General en contra de personas involucradas en la promoción de las firmas captadoras ilegales de dinero, también llamadas ‘pirámides’. Las detenciones comenzaron a hacerse efectivas ayer. Los operativos, que son efectuados por agentes del CTI, se realizan en las zonas del país más afectadas con la estafa masiva a los contribuyentes. Una vez detenidos los indiciados enfrentarán cargos por captación ilegal de dinero y enriquecimiento ilícito, según manifestaron fuentes de la Fiscalía.