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El informe, realizado por un comité interinstitucional creado en enero de 2008, recoge las percepciones e informes realizados por 21 instituciones estatales, 20 organizaciones de la sociedad civil y tres agencias de Naciones Unidas en materia de los resultados de la acción estatal frente a la protección de los Derechos Humanos.
“El Estado lamenta la negativa de algunas organizaciones a participar en este proceso”, dice el informe en su preámbulo, antes de lanzarse a hacer un examen de las políticas que ha puesto en marcha para luchar contra la violencia, evitar los falsos positivos y la desaparición forzada, desminar los campos y garantizar el acceso a la justicia, entre otras. Una revisión que, el informe acepta, es parcial, pero que tiene como principal objetivo establecer alrededor de 60 compromisos. Entre estos se cuentan: mejorar la atención a víctimas de minas antipersona, fortalecer la confianza en el poder judicial, prevenir efectivamente el desplazamiento y lograr la universalización de la educación básica.
El documento también rescata los pasos dados en la implementación de la Ley de Justicia y Paz, de la cual dijo el vicepresidente Santos, durante la presentación del informe: “no hay un país que haya diseñado mecanismos tan agresivos y abiertos con la víctimas como lo que está haciendo Colombia”.
Por El Espectador
