Colombia, al tablero

Las violaciones a los Derechos Humanos en el país “continúan siendo graves, masivas y sistemáticas, en muchos casos se han agudizado y permanecen en la impunidad. La responsabilidad de estas violaciones, en gran parte, se atribuye al Estado colombiano, ya sea por perpetración directa o por tolerancia o apoyo a los grupos paramilitares”. Así comienza el informe de las organizaciones no gubernamentales en el país, que será presentado hoy durante el examen que se le hará a Colombia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En el documento, las ONG arremeten contra el gobierno del presidente Uribe, a quien señalan de desconocer la existencia, desde hace más de 40 años, de un conflicto armado, “poniendo en tela de juicio la aplicación del derecho humanitario”. Además, indican que el país está enfrentando una grave crisis del Estado social de derecho, como consecuencia del irrespeto a la separación de poderes por parte de la Rama Ejecutiva. Y enfatiza que “aunque el Gobierno permanentemente insiste en presentar su política de seguridad democrática como una política de Derechos Humanos, la ejecución de la misma ha generado mayores violaciones a los derechos y libertades ciudadanas”.

En la elaboración del informe participaron más de 1.200 organizaciones agrupadas en la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz; la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos; la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y la Alianza de Organizaciones Sociales Afines, quienes denuncian las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y desplazamiento forzado, y llaman la atención sobre el hecho de que Colombia es el país con el mayor número de asesinatos de sindicalistas en el mundo.

El texto hace un balance desde 2002 a la fecha sobre las violaciones a los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad en el contexto de la violencia sociopolítica; las infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de los grupos armados ilegales (guerrilla y autodefensas) y las Fuerzas Armadas; la negación del conflicto armado y la ausencia de una política de paz por parte del Gobierno; la vigencia del poder de los grupos paramilitares; la impunidad y vulneración de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación; el desplazamiento forzado y la usurpación de tierras y territorios; la situación de los derechos económicos, sociales y culturales; la negación del derecho a defender los Derechos Humanos; los ataques a la independencia del poder judicial y la violencia contra afiliados a organizaciones sindicales.

En su conclusión manifiestan que el Estado colombiano no ha cumplido en los últimos cuatro años con sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, ni ha implementado efectivamente las recomendaciones, tanto de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, como de los órganos de vigilancia de los tratados ratificados por el país. En este sentido, exhortan a la plena implementación de dichas recomendaciones para contribuir a una mejora sustancial de la situación de Derechos Humanos en el país y le solicitan al Gobierno cooperar con todos los procedimientos especiales recomendados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.