Foto: David Campuzano

Por las  calles del casco urbano de San Vicente se pasea la Fuerza Pública atenta a los movimientos de los habitantes.

A primera vista la plaza principal de San Vicente del Caguán —Caquetá, sur de Colombia— resulta tremendamente parecida a las imágenes que del conflicto en Bagdad suelen mostrar de vez en cuando los noticieros.

Cuatro trincheras, fabricadas con sacos de color verde repletos de arena, que montados uno encima del otro forman una especie de casa pequeña, cercan la sede de la Alcaldía del municipio, ubicada en una de las esquinas del lugar. Armados hasta los dientes, unos 15 hombres, entre soldados y policías, rostro adusto, mirada atenta, fusil firme, vigilan desde allí dispuestos a disparar en el momento que consideren necesario.

Tres camiones del Ejército yacen estacionados justo en frente. También son de color verde. Y verdes los miembros de la Fuerza Pública que hormiguean por todos los rincones. En el parque, en la puerta de la iglesia, junto a la venta de patacones. Con su armamento y su ojo inquisidor, algunos con evidente impaciencia, se pasean alertas. Esperan. Varios niños juegan en los columpios. Muy cerca empieza a sonar un vallenato a todo volumen. Alguien canta. No, no estamos en Bagdad, aunque a veces lo parezca.

Comienza diciembre y un triste árbol de Navidad, decorado con unas cuantas cintas de colores y sin iluminación, intenta engalanar la plaza, que se hizo mundialmente famosa porque ahí ocurrió el desplante que alias Manuel Marulanda Vélez, hasta el día de su muerte máximo jefe de las Farc, le hizo a Andrés Pastrana, entonces máximo jefe del Estado colombiano, cuando empezaban los frustrados diálogos de paz en la zona de distensión. En el sitio exacto donde alguna vez estuvo la célebre mesa con la silla vacía, un grupo de alegres muchachos corren ahora detrás de un balón.

Un cabo tercero de la Brigada Móvil número 9 del Ejército, que opera en la región, mira distraídamente la escena y vuelve a tomar de su botella con gaseosa. Hace dos semanas llegó al poblado. Me cuenta que nació en Ipiales, Nariño, y que usualmente combate en la cordillera Central. Comentando los acontecimientos de las últimas horas en este municipio, considerado el segundo más grande del país —su área es de 28.300 kilómetros cuadrados, en él cabría cuatro veces el departamento de Caldas—, el suboficial lamenta que al cumplirse 10 años del comienzo de la llamada zona de despeje, a este pueblo no lo haya podido componer nadie.

Su apreciación no es gratuita. Hoy es noticia nacional la renuncia de ocho de los 10 médicos del hospital local San Rafael, el único en San Vicente, que de un momento a otro pasó de atender a 300 personas diarias a sólo recibir a los pacientes más urgentes. Se fueron por intimidaciones. Cuatro días antes, las Farc atacaron una misión médica y mataron a uno de sus compañeros. Sucedió en la vía que conduce hacia la vereda Campo Hermoso, apenas a media hora de donde nos encontramos. Uno de los soldados que viajó en helicóptero al sitio de la tragedia, inmediatamente después de que ésta sucedió, me contará en un rato que los explosivos detonados por los guerrilleros al paso de la caravana benefactora no dejaron rastro de la humanidad del médico muerto. “No le quedó nada por dentro… usted no se alcanza a imaginar eso”, dirá lleno de horror.

Hoy también se conoció que los 15 concejales del municipio están amenazados. El cabildo se tuvo que trasladar a la sede de la Policía. Igual está el alcalde. La guerra. La misma guerra que desde hace años, que parecen más bien siglos, castiga a la población sanvicentuna. El caos que una década después de la malograda apuesta por la paz crece y se ensancha cada vez más. Razón no le falta al cabo.

Porque más allá del discurso de la seguridad democrática, de los intentos de las autoridades por recuperar una zona que la guerrilla les arrebató a los colombianos desde los mismos inicios del movimiento subversivo y de la evidente y arrolladora presencia de la Fuerza Pública en cada cuadra, en cada calle, es claro que las Farc siguen incrustadas en el corazón de San Vicente del Caguán. Siguen siendo parte de la cotidianidad de aquellos que un día cedieron su terruño con la ilusión de la paz y que ahora pagan el alto precio de tener que vivir en medio del fuego cruzado.

Es la conclusión que queda luego de escuchar al cabo contar que en una modistería del pueblo se negaron a coserle un parche con su apellido en el uniforme, argumentando temor a posibles represalias de la guerrilla. Y de conocer a Berta*, defensora de Derechos Humanos de la región, quien considera que por estas tierras, para bien o para mal, todo el mundo tiene algo que ver con las Farc. Después de tanto tiempo de convivir con ellos, de tenerlos tan cerca, siempre hay alguien con un ahijado, un tío, una sobrina o una hermana en la subversión.

Berta asegura, además, que la guerrilla es el Dios y la ley en buena parte de las 295 veredas e inspecciones que tiene San Vicente. El área rural del municipio, donde habitan unas 25 mil personas —en el casco urbano viven 36 mil— es su fuerte. Allá la Policía no hace presencia y el Ejército escasamente puede vigilar en algunos sitios. Tienen retenes, arman campamentos, trafican droga. Deciden quién entra y quién sale. Imponen sus códigos. Allá también esperan sentados el dinero de los comerciantes, ganaderos y, en general, de todo aquel que cuente con patrimonio, así sea poco, a quienes obligan a pagar vacunas a cambio de no ser secuestrados o asesinados.

De hecho, justo por estos días una fila de vehículos pasa lenta por la vereda Puerto Llano, donde las Farc montaron oficina para recibir el pago de fin de año. Cinco mil pesos por cada cabeza de ganado. “Parece un desfile”, me cuenta un periodista de la región.

La situación es reconocida, incluso, por los propios funcionarios de la administración municipal. Uno de ellos, quien pidió que su nombre fuera omitido, le contó a El Espectador que hasta sus padres tenían que “cancelar su boleta”.

Y en diálogo con este diario, el mismo alcalde, Hernán Cortés, aseguró que “no es un secreto para nadie que acá a muchos les toca pagar vacuna… pero es que le queda muy duro al Ejército colocarle un soldado a cada ciudadano”. El mandatario, a pesar de todo, cree con firmeza que el Estado sí recuperó San Vicente. Para demostrar su tesis, menciona la “eficiencia” de programas estatales como Familias en Acción, del que se benefician unas 10.000 personas. También habla del Centro Regional de Educación Superior (Ceres) y del Sena, donde muchos jóvenes sanvicentunos logran hacerse profesionales.

Del despeje dice que fue el acabose de San Vicente del Caguán. “Antes, los funcionarios nos desplazábamos por todas partes sin problemas. Había armonía y la guerrilla se hacía cargo de la seguridad. Termina el despeje y comienzan las represalias en contra nuestra por la llegada del Estado”.

Así, 10 años después de la “llegada del Estado”, es la comunidad la que paga los platos rotos en el enfrentamiento institucionalidad vs. subversión. De los abusos de ambos bandos se escucha de todo. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con los menores de edad, la orden de la guerrilla es reclutar niños a partir de los 12 años. Por otro lado, habitantes, cuyos nombres por seguridad de ellos no mencionamos, aseguran que algunos miembros de la Fuerza Pública pretenden utilizarlos para descubrir milicianos: “Tu mamá me dijo que tenía un arma como la que yo estoy cargando ahora. Cuéntame, niño, ¿dónde está?”.

*Nombre cambiado.

Datos clave

Inicio del despeje

El 7 de noviembre de 1998 salieron los últimos militares que custodiaban San Vicente del Caguán, dando paso al inicio oficial de la zona de despeje o distensión. El mundo puso los ojos en el intento de Colombia por acabar con un conflicto armado de más de 40 años.

Duró 39 meses

Fueron 42.000 kilómetros cuadrados los que el Gobierno despejó para dialogar con la guerrilla. Cuatro municipios del Meta y uno del Caquetá —San Vicente— quedaron sin presencia del Estado. El despeje duró 39 meses. Terminó por la falta de voluntad de las Farc, que engañaron a todo el país.

Concejales asesinados

Durante la administración municipal pasada, en San Vicente del Caguán fueron asesinados cuatro concejales. Igualmente, el secretario general del cabildo y su esposa. Todas las víctimas fueron atacadas en sus propias casas. Se presume que fue la guerrilla.

Tradición de guerra

Un hecho de guerra ocurrido en San Vicente del Caguán durante el gobierno de Virgilio Barco frustró otros diálogos de paz con la guerrilla, que atacó un convoy militar en Riecito, en la vía que comunica a Puerto Rico con San Vicente.

Petróleo

Mucha expectativa ha generado en los habitantes más pobres de San Vicente el hallazgo de petróleo, este año, en la vereda Los Pozos. Varias empresas están ya realizando las perforaciones. Muchos sueñan con las regalías; sin embargo, esa zona se encuentra en litigio, pues el gobierno del Meta asegura que las tierras pertenecen a ese departamento.