No será tan fácil

Álvaro Forero es uno de los habitantes del San Juan que lleva 15 años esperando una liquidación. / Cortesía de Pamela Aristizábal

Mirando hacia el occidente desde la décima con calle primera se puede entrever, en medio del humo de las busetas viejas, un edificio café de dos pisos abandonado hace doce años. Hasta 2001, esta mole abandonada —frontera entre el norte y el sur de la ciudad— era el Centro de Salud del Hospital San Juan de Dios. Y hasta allí llegaban prostitutas, gamines, ancianos, que eran atendidos en lo que entonces por siglos fue el hospital más importante de la ciudad.

Hoy, el Centro de Salud, uno de los 22 edificios que comprendían el complejo del hospital, es morada de habitantes de calle y de algunos de los 3.640 empleados del San Juan de Dios, que se quedaron viviendo entre ruinas, esperando una liquidación prometida que sigue sin llegar.

A 20 minutos de allí, en las oficinas de la Secretaría de Salud, un grupo de abogados al servicio de Guillermo Alfonso Jaramillo, secretario de esta cartera, ha pasado los últimos seis meses resolviendo cómo cumplir una de las promesas de campaña más simbólicas del alcalde Gustavo Petro: reabrir el Centro de Salud y, con este acto, comenzar la reapertura total del San Juan de Dios.

El año pasado, durante la campaña a la Alcaldía, la tarea parecía más sencilla. Pero corrido el primer semestre de la administración, es claro para el equipo de asesores de Jaramillo que hacer realidad la reapertura del hospital implica sortear serios obstáculos. El más grave de todos: una mujer con un pool de 30 abogados que, en marzo pasado, interpuso una demanda en la Fiscalía y una queja en la Procuraduría contra nada más ni nada menos que el secretario de Salud.

Su nombre es Anna Karenina Gauna Palencia. Desde 2006 es gerente de la Fundación San Juan de Dios, encargada de ejecutar la multimillonaria liquidación a los empleados del hospital. Y según ella, el San Juan de Dios no se puede reabrir.

¿Por qué tanto enredo?

En 1554, Fray Juan de los Barrios y Toledo donó sus casas para que se construyera un hospital de caridad en la ciudad. Lo hizo, con la condición de que el San Juan de Dios nunca cambiara de lugar y que siempre fuera para los pobres. Esta última condición venía acompañada de una exigencia adicional: el hospital debía gozar de buena salud y asegurar los fondos que garantizan su buen funcionamiento.

Los documentos que soportaron esta cesión, localizados hoy en el Archivo General, son el centro de una silenciosa y compleja disputa jurídica, que se le ha atravesado en el camino a la administración Petro en sus aspiraciones de reapertura.

Todo se comenzó a complicar en 1979, cuando el presidente Julio César Turbay asumió el control del hospital —que desde 1924 había sido administrado exitosamente por la Beneficencia de Cundinamarca— y creó una Fundación para gerenciarlo. Durante las siguientes dos décadas, preso de malos manejos administrativos y sucesivas reformas legales que condujeron a una progresiva privatización de la salud en el país, el Hospital San Juan de Dios entró en crisis, cerró sus puertas en el año 2001 y comenzó un lento y complejo proceso de liquidación que, en 2006, fue delegado a una discreta mujer, de quien poco se conoce, más allá de su llamativo nombre: Anna Karenina Gauna Palencia.

Hoy, Gauna Palencia y el secretario de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, están enfrascados en una difícil pelea legal, en torno a quién tiene la potestad sobre el Centro de Salud del San Juan de Dios y qué debe hacerse con éste.

Desde su llegada a la cartera de Salud del Distrito, Guillermo Alfonso Jaramillo emprendió una férrea y constante crítica a las acciones de la liquidadora. Tanto, que fueron famosas las imágenes de una audiencia de rendición de cuentas ante la Procuraduría, en la que el secretario la increpó con ferocidad y la acusó de malgastar los recursos de la liquidación, “apoderarse” del Hospital San Juan de Dios y de “no rendirle cuentas a nadie”.

Pero detrás del malestar de Jaramillo no sólo se esconde la presunta opacidad con la que la liquidadora ha conducido el proceso desde 2006. El asunto se ha vuelto aún más complicado, pues Gauna Palencia insiste en que las pretensiones de la administración Petro son ilegales, pues nada puede hacer el Distrito mientras sea ella quien tenga la potestad que, como liquidadora, tiene del Hospital.

Jaramillo, asegura Gauna, “desconoce las normas del proceso de liquidación” y “se encuentra entorpeciendo el desarrollo” debido a que el edificio se encuentra “dentro del globo de terreno del Hospital San Juan de Dios, que es propiedad de la Fundación en liquidación”, que ella representa.

“Es como si se le metieran a usted a la casa y le ocuparan un cuarto porque sí”, aseveró uno de los abogados de la liquidadora, que pidió mantener su nombre en reserva. El sustento jurídico de Gauna Palencia se basa en que el predio Molinos de la Hortúa, en donde está ubicado el hospital, fue cedido por la Nación a la Beneficencia de Cundinamarca el 10 de marzo de 1924. Como el hospital fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación “por su valiosa contribución a la salud del pueblo y su extraordinario aporte científico” (allí el científico Manuel Elkin Patarroyo descubrió la vacuna de la malaria), Gauna Palencia argumenta que dentro de las obligaciones del liquidador está “salvaguardar y administrar los bienes y haberes que se encuentran en cabeza de la entidad”.

Pero la Secretaría de Salud tiene su propia argumentación jurídica para desestimar la posición de la liquidadora. “La señora está liquidando lo que no existe”, comenta Camilo Páramo, asesor jurídico del secretario de Salud. Páramo se basa en un fallo del Consejo de Estado de 2005 a favor de los trabajadores de la Fundación San Juan de Dios, según el cual la Fundación dejó de existir y su creación —por parte del presidente Turbay— fue ilegal. ¿La razón? Según Páramo, el Consejo de Estado argumentó entonces que la creación de la Fundación contravino la voluntad de Fray Juan de los Barrios y Toledo de que cualquier modificación del hospital debería asegurar sus sostenibilidad, asunto que frustró la decisión del gobierno Turbay.

Adicionalmente, Páramo explica que la facultad para abrir el centro de salud radica en un comodato en donde la Beneficencia de Cundinamarca le cedió la franja del Centro de Salud a la ciudad en el año 1973. “El Distrito pagó y es el tenedor legítimo de ese fragmento en donde se está construyendo el centro”.

Lo anterior es sólo parte de un enrevesado lío jurídico que, al menos por ahora, se disputa en la Procuraduría General, instancia adonde acudió la liquidadora para presionar al secretario de Salud para que ceda en sus aspiraciones. Adicionalmente, Gauna Palencia interpuso una demanda por injuria y calumnia en contra de Jaramillo, luego de que éste la acusara no sólo de derrochar los dineros de la liquidación, sino de vender irregularmente bienes pertenecientes a la Fundación.

Los otros obstáculos

Pero la novela del San Juan tiene aún más aristas. A la pelea entre la liquidadora y el secretario se añade la confusión sobre los salarios que se deben pagar a los 3.640 trabajadores, el año desde el cual se tiene que comenzar a pagar esta liquidación, y los límites del liquidador dentro de ese proceso.

En una sentencia de 2008, la Corte Constitucional resolvió que los trabajadores debían recibir los pagos hasta septiembre de 2001 (año en que salió el último paciente del hospital). Pero aproximadamente 500 funcionarios rechazaron la sentencia de la Corte y pusieron tutelas en donde reclaman sus salarios hasta 2006, o en algunos casos, hasta el presente.

Esta situación ha hecho imposible determinar cuánto es, en realidad, la suma del pasivo pensional que se les debe a los trabajadores. Dependiendo a quién se le pregunte, la suma oscila entre $120 mil millones y $3 billones.

Como si esto no fuera suficiente problema, la Corte estableció en la Sentencia SU484 de 2008 que el pago a los trabajadores debía ser realizado por la Nación, el Distrito y la Beneficencia de Cundinamarca. Según Camilo Páramo, asesor jurídico de la secretaría de Salud, el Distrito ha entregado $3.500 millones, que corresponderían al 25% de la deuda. La Nación debería pagar otro 50% y Cundinamarca el 25% restante.

A la fecha de hoy, aún es incierto cómo se logrará cubrir el pasivo a manos del Departamento, que públicamente ha manifestado que no tiene recursos. Sin embargo, altas fuentes en el interior de la Gobernación de Cundinamarca le revelaron a El Espectador que hace semanas se fragua un pacto que permitiría que el Distrito asuma este pasivo, a través de las ganancias producidas por los futuros proyectos de renovación urbana que se realizarán en esta zona de la ciudad.

Sobre este punto, Anna Karennina Gaunna le dijo a El Espectador que la liquidación está en vías de normalizarse a través del Seguro Social, pero que es consciente de que “hay una imposibilidad jurídica y financiera de garantizar el pago total de las acreencias de la entidad, pues es un pasivo superior a los $2 billones. Hasta el momento se han cancelado $21.460 millones”.

Lo cierto es que hoy en día los trabajadores siguen quejándose por la ausencia de resultados en el proceso de liquidación y algunos continúan reclamando los salarios que desde 1997 no han sido entregados.

Pese a que en el Plan de Desarrollo del Distrito se consignó la reapertura del Centro de Salud y a que en la Secretaría hacen planes para hacerlo el próximo 13 de diciembre, con una inversión de $200.000 millones, la incertidumbre para los trabajadores del San Juan continúa.

En los últimos 12 años, las enfermeras que pusieron tutela asisten todos los días a su lugar de trabajo y firman la lista de asistencia, de entrada y salida, pues según dicen, a ellas “aún no las han despedido”.

Hace unas semanas, El Espectador las acompañó a una reunión con el secretario de Salud. El encuentro se llevó a cabo en el primer piso del enmohecido Centro de Salud. No había suficientes sillas. Los funcionarios de la entidad pasaron un mal rato encontrando un tomacorriente que funcionara para conectar un computador. Durante la reunión, una de las enfermeras leía un libro del filósofo Antonio Gramsci. En él se leía resaltado:

“El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos”.

Una promesa progresista en tres fases

Fue una promesa pública que hizo desde los tiempos de su campaña a la Alcaldía: el hoy mandatario Gustavo Petro se comprometió con los bogotanos a reabrir el Hospital San Juan de Dios como un centro que, como ha sido la tradición de esta institución, les dé privilegios a los más necesitados en materia de salud. Puntualmente, de esta manera quedó estipulado en el Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana: “Se desarrollarán cuatro hospitales públicos de cuarto nivel.

En la ciudad no existen hospitales públicos de cuarto nivel y sería importante evolucionar a desarrollarlos en el marco de la red pública, en la cual se podría articular un nuevo Hospital San Juan de Dios”. Es la única mención que hace la hoja de ruta del alcalde Petro para los próximos cuatro años con respecto al enfermo hospital que ya cumple 15 años con sus puertas cerradas. ¿Cómo lo hará? El secretario de Salud, Guillermo Jaramillo, anunció que se hará en tres fases y que en ésta la administración entregará la primera de ellas.