Dilema de Adriana Córdoba

Adriana Córdoba se ha pronunciado sobre los retresos en el Sistema Integrado de Transporte y enla ausencia de sustento técnico en la rebaja en las tarifas de transporte. / Oscar Perez

¡Es un acto de traición! Desconoce totalmente lo que le ordena la ley. Hay normas mínimas de lealtad; Adriana no es cercana a Petro, pero lo que hizo muestra una absoluta falta de cortesía.

El malestar era evidente. Varios de los más cercanos colaboradores del alcalde Gustavo Petro se debatían entre la indignación y la furia al enterarse, hace una semana, que la veedora distrital, Adriana Córdoba, había remitido a la Procuraduría General de la Nación un extenso informe en que detallaba la forma en la que muchos de los más altos funcionarios del Distrito se habían posesionado previa modificación de los manuales de funciones de sus cargos.

La ciudad se enteró escuetamente del hecho la semana pasada, a través de la sección de chismes políticos del noticiero CM&. En su tradicional 1,2,3, el medio reveló que Córdoba había estudiado la forma en la que, por ejemplo, se modificaron los criterios necesarios para que el hoy exsecretario de Gobierno Antonio Navarro Wolff asumiera el liderazgo de esta cartera o para que muchos otros secretarios y directivos se posesionaran en diversos sectores administrativos de la ciudad.

El medio no divulgó el contenido del informe (de hecho, según el Estatuto Orgánico de Bogotá, esta información es clasificada). Sin embargo, la sola noticia enrareció un ambiente ya enrarecido, entre algunos sectores del gobierno distrital y la veedora, elegida por el propio alcalde y reconocida entre la ciudadanía por ser la esposa de uno de los políticos más comprometidos con la vigilancia y la defensa de lo público: el exalcalde Antanas Mockus.

En el interior de la administración se venía cuestionando la forma en la que Córdoba había asumido su función de veeduría. Sus dos pronunciamientos críticos sobre la falta de planeación en la implementación del Sistema Integrado de Transporte y la ausencia de criterios técnicos en la reducción de la tarifa de Transmilenio causaron malestar hace algunos meses, cuando fueron divulgados por El Espectador.

Ya en ese entonces, en el círculo cercano al alcalde comenzó a sugerirse que la veedora se estaba extralimitando en sus funciones (establecidas originalmente en el Decreto 1421 de 1993). Entre otras, aseguran hoy, porque Córdoba “creyó que tenía las facultades legales para evaluar nuestras propuestas de política pública y... olvidó que a las actuaciones de la veeduría no se les puede dar publicidad”, según sostiene un alto funcionario. Un asesor de confianza añade: “La veedora tiene que reportar al alcalde. La nombra el alcalde y trabaja para el alcalde”.

La tensión entre ambos lados llegó a tal punto, que discretamente veedora y alcalde se dieron cita el pasado viernes para hablar sobre el polémico informe y revisar si ambos lados hablaban el mismo idioma.

Durante la reunión la veedora le explicó que su intención nunca había sido hacer público el informe. Tampoco había querido dañar malintencionadamente a la administración, sino señalar que la repetida modificación a los manuales de funciones del Distrito eran un indicador de que era necesario “reformarlos estructuralmente y hacerles una revisión integral que los ponga a tono con los desafíos de la sociedad moderna y el mundo interdisciplinario”, explicó Córdoba al término de la reunión.

No obstante, la veedora también se ratificó en su interpretación del papel de la Veeduría y los principios que guían su gestión: “Promover la conciencia de lo público en la ciudadanía, velar por que se tomen mejores decisiones públicas y ayudar a construir las condiciones institucionales para que se trabaje con eficiencia”.

Independientemente de la interpretación que se le dé a esa biblia de la gestión pública en Bogotá, que es el Estatuto Orgánico, así como al Acuerdo 24 de 2003, que estructura la Veeduría organizacionalmente, lo cierto es que lo que ha ocurrido hasta ahora demuestra que la de esta semana no fue la primera ni será la última polémica protagonizada por la representante de una entidad, que ha permanecido invisible en muchos momentos de la historia de la ciudad.

Córdoba es una persona de altísimo “prestigio y gran aceptación”, como la catalogó esta semana CM&. Y lo que ella representa —el imaginario mockusiano de transparencia y civilidad— activa fácilmente a los medios de comunicación y a la ciudadanía. A esto se suma el pequeñísimo presupuesto que hoy tiene la entidad (una cuarta parte de lo asignado por la anterior administración), lo que hace aún más necesario la utilización de los medios como plataformas para promover los principios de control que esgrime.

Pero el malestar en la administración —producto en parte de la filtración del mentado informe— revela la encrucijada de una veedora comprometida con su labor pero miembro de una administración a la cual vigila : “Ella está haciendo su trabajo y lo está tratando de hacer bien”, comenta una de sus asesoras. “Y está en una posición muy difícil, porque en realidad no es su interés acabar con la administración Petro”.