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Si bien el nivel de escolaridad de los bogotanos ha mejorado gracias a la continuidad de políticas educativas de las últimas administraciones y a aciertos de la actual al jugársela por la gratuidad —lo que la convierte en ejemplo para el modelo nacional— y a su esfuerzo por la promoción del bilingüismo, aún es necesario superar problemas de violencia en colegios de zonas deprimidas, y quedan dudas sobre la celeridad de algunas obras para mejorar su infraestructura.
En el colegio Juan Evangelista Gómez, del barrio La Victoria, la comunidad académica sigue atónita, porque en una riña dentro del claustro una niña de 12 años le rompió el tabique a otra, de la misma edad. El caso, aterrador para muchos, parece ser sólo un ejemplo de la situación que se vive en las zonas más pobres de la ciudad. La Personería acaba de revelar un estudio realizado a 37 de los colegios más conflictivos de la capital y los resultados son sorprendentes: el 58% de los alumnos ha ingerido bebidas alcohólicas en el plantel educativo, más del 40% ha sido testigo de que se consumieron drogas y el 70% asegura que se presentan constantes agresiones verbales.
El tema de la deficiencia en las instalaciones también requiere mayor atención. En el sector de Bosa, por ejemplo, los estudiantes llevan dos años esperando la adecuación del colegio Germán Arciniegas.
Son muchas las buenas noticias en materia de educación. Los megacolegios comienzan a dar resultados, la alianza educativa con las universidades y colegios privados para tutelar instituciones del Distrito ha elevado su nivel académico, el modelo de concesión ha ayudado a reducir la deserción y la ciudad invierte más del 30% de su presupuesto en el sector (cerca de $3,6 billones). Pero aún se puede mejorar. Las verdaderas ventajas de dichos esfuerzos sólo se verán a largo plazo.