El próximo mes de septiembre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) tendría que estar adjudicando otro millonario contrato relacionado con las basuras. Se trata de la licitación para escoger las empresas que durante los próximos siete años se dedicarán a la recolección, el barrido y la limpieza (RBL) de los desechos en las calles. Un negocio de $2,5 billones que se suma al accidentado trámite en el relleno sanitario Doña Juana, que se encuentra suspendido por la Corte Constitucional que investiga si los recicladores fueron o no incluidos en los pliegos de condiciones.
Sin embargo, la Uaesp decidió prorrogar por seis meses más los contratos de los actuales operadores de RBL en la capital (las firmas Atesa, Aseo Capital, Lime y Ciudad Limpia), que se vencen el próximo 15 de septiembre. Es decir, ahora van hasta mediados de marzo de 2011.
Así lo estableció El Espectador, que conoció una carta, firmada el pasado 28 de mayo por la directora de la Unidad, Miriam Martínez, en la que se le solicita a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) el establecimiento de las Ases o Áreas de Servicio Exclusivo, requisito indispensable para empezar a estructurar la licitación. En la misiva, Martínez le pide a la CRA ampliar la vigencia de las Ases actuales hasta marzo de 2011. De igual manera, la noticia de la prórroga fue confirmada por la propia Martínez la semana pasada en un debate en el Concejo.
Aunque aún no se conocen las condiciones de la ampliación, desde ya varios concejales manifiestan su preocupación por el hecho, debido a que, en su concepto, éste podría generar un aumento en la tarifa que pagan los ciudadanos. De esa manera lo expresó el presidente de la comisión accidental de basuras del Concejo, Antonio Sanguino: “Hay una negligencia evidente en la Uaesp para dejar vencer los términos de la licitación, lo que obliga a la prórroga. Por esto deberían responder además la directora pasada y aquellos asesores que han orientado el proceso”.
Sanguino dijo que espera que la Unidad logre modificaciones tarifarias en la ampliación de los contratos, de manera que no se vea afectado el bolsillo de los bogotanos que pagan por RBL.
En el mismo sentido, el concejal Carlos Vicente de Roux envió hace tres semanas un derecho de petición a Miriam Martínez en el que le pregunta si negociaría con los concesionarios de RBL el precio de servicio aplicable durante la prórroga y, de ser así, si incluiría dentro de esos propósitos la reducción del mismo.
Ante la consulta de este diario por estos temas, la Uaesp respondió el domingo que los contratos en efecto se prorrogaron por seis meses debido a que este es “el tiempo mínimo requerido para llevar a cabo el proceso de licitación, adjudicar, y para que los nuevos operadores estén en condiciones técnicas de operar de acuerdo con lo exigido en los pliegos, como la implementación de nuevas tecnologías y vehículos modernos con mecanismos de monitoreo y pesaje”.
Asimismo, la entidad aseguró que por esta prórroga “en ningún caso ni circunstancia habrá incremento de tarifas”.