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La Personería de Bogotá reveló un informe en el cual afirma que más del 90% de las empresas que ejecutan actividades de explotación minera en la ciudad son ilegales. Una de las causas es, de acuerdo con el personero, Francisco Rojas Birry, la desarticulación que existe entre las diferentes instituciones de control ambiental para coordinar acciones que permitan legalizar esta actividad en Bogotá.
Las 170 empresas son vigiladas por tres entes diferentes. El Ministerio de Ambiente regula a tres de éstas, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) les hace seguimiento a 54 y la Secretaría Distrital de Ambiente controla a 113. La feria de la vigilancia resulta en el incumplimiento de la mayoría.
En gran parte, las actividades mineras de la ciudad se enfocan en la producción de materia prima para la construcción, como arcilla, piedra o gravilla, así como la elaboración de tubos, entre otras cosas. De acuerdo con la Personería, 116 de estas empresas se ubican dentro del perímetro urbano y 54 en el área rural.
El problema radica, además del carácter ilegal de muchas ladrilleras y otras instalaciones, en la contaminación y el alto impacto ambiental que genera el funcionamiento de éstas. Algunas de las instalaciones no cuentan con un manejo apropiado de los desechos que generan, lo que resulta en la polución del aire y las fuentes de agua cercanas, como el río Tunjuelo, uno de los más contaminados de la ciudad.
Todo lo anterior no es un asunto que concierne a un grupo reducido de ambientalistas o hippies. La Personería estima que 826.000 personas se ven afectadas por las actividades de las canteras. El Plan de Ordenamiento Territorial estableció que la minería debería efectuarse en los Parques Mineros Industrializados, que suman tres, ubicados en los sectores de Tunjuelo, Mochuelo y Usme. En total, sólo 28 empresas tienen título minero debidamente aprobado, con un plan de manejo ambiental aceptado por los organismos de control.
Afuera de los Parques Mineros hay ubicadas 150 empresas. La Secretaría Distrital de Ambiente vigila a 105; a cinco les fue aprobado el plan de recuperación o se recuperaron naturalmente, a 14 no les fue aprobado el plan y 86 no lo han presentado. De las 43 empresas que son jurisdicción de la CAR de este grupo, tres se pusieron en regla. En algunos casos la Personería comprobó que incluso hay instalaciones que tienen orden de cierre, pero, no obstante, siguen operando regularmente.
Las autoridades ambientales, así como la Personería, saben que una explotación minera irracional, aquella que arrasa con todo, deteriora de tal manera el medio ambiente que los derrumbes e inundaciones se vuelven una amenaza constante debido a la debilidad de la tierra. De la misma forma, la calidad de vida de las personas que viven en zonas aledañas a ladrilleras y otras instalaciones se ve seriamente afectada debido al mal manejo de desechos y subproductos de la explotación minera.