(Con información actualizada al final)
El repentino cambio físico de Adriana Correal Rodríguez y la adquisición de un vehículo Renault Megane por parte de su esposo Augusto Orlando Díaz Lara, ambos funcionarios de la Fiscalía, fueron dos de las pistas que encontraron las autoridades para relacionarlos con el sicario que en la Navidad de 2005 asesinó a los cuatro integrantes de la familia Contreras, dedicada al negocio de las esmeraldas, en el barrio Modelia en Bogotá. Por eso, ambos detectives terminaron en la cárcel.
De acuerdo con las pesquisas, los dos investigadores le exigieron al detenido asesino, identificado como Alejandro Montoya, $50’000.000 para alterar las evidencias halladas en la escena del crimen. El homicida había olvidado en la casa de las víctimas un canguro con una libreta en la que tenía anotados los números de teléfono de Díaz Lara y de un hermano de su esposa. Así mismo una lata de cerveza en la que habían quedado impresas sus huellas digitales.
Un amigo en común los había presentado meses antes con el argumento de que Montoya, debido a su “trabajo”, podía tener inconvenientes con la ley y ellos lo podían ayudar. Y así fue. El 1º de octubre de 2005 el investigador Díaz Lara visitó en la cárcel de Ubaté, Cundinamarca, a Montoya, quien se encontraba detenido allí por otro homicidio. Supuestamente uno de los temas de los que se habló ese día fue el de la ubicación de Luis Eduardo Contreras, el hombre que en la noche del 19 de diciembre de ese año fue asesinado junto a su esposa Luz Elvira y sus hijos Óscar Eduardo y Orfa.
Montoya confesó a la justicia que para pagar el dinero a los dos esposos e investigadores, quienes lo acosaban constantemente so pretexto de que había que negociar a otros detectives, tuvo que pedirle $10’000.000 a un amigo de un lavadero de carros, empeñar un vehículo suyo por el que le dieron $20 millones y con otros recursos que tenía logró reunirles $45’000.000. No obstante, el asesino relató que fue presionado por teléfono por Correal Rodríguez para pagar el saldo restante, situación que lo obligó a pedir paciencia “porque había empeñado hasta el perro”.
Aunque los detectives lograron que las pruebas fueran declaradas nulas (al adulterar las evidencias tachando del proceso el nombre de Díaz Lara, su cuñado y otras personas que los relacionaban con el sicario; al tiempo que imprimieron otras huellas digitales en la lata de cerveza), no pudieron evitar que Montoya, contra quien había más evidencias, fuera condenado.
Dentro de los elementos probatorios que reunió la Fiscalía contra los investigadores figuraban varias consignaciones efectuadas en los meses posteriores al cuádruple crimen, a diferentes cuentas bancarias, y el pago de $5 millones que hizo Adriana Correal el 10 de marzo de 2006 en la clínica Chicó para que le practicaran una cirugía estética de liposucción. Además estaba el cambio de vehículo de la pareja, que vivía en arriendo y nunca pudieron justificar los extraños movimientos de dinero y más cuando los dos no recibían más de $1’500.000 de salario por los descuentos que debían pagar.
La condena
En segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá condenó a los ahora exinvestigadores de la Fiscalía Augusto Orlando Díaz Lara y Adriana Correal Rodríguez a la pena de 10 años y 5 meses de prisión como responsables de los delitos de concusión en concurso con ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. El sicario Alejandro Montoya ya había sido condenado a 48 años por el cuádruple homicidio.
Actualización de esta noticia: El 13 de agosto de 2018 el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá decretó la liberación definitiva al señor Augusto Orlando Díaz Lara, en razón a que cumplió la pena principal de prisión y accesorias de interdicción de derechos y funciones públicas decretadas por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, modificada el 30 de julio de 2009 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá que lo condenó a la pena de 127 meses de prisión y multa de 97,49 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Igualmente, el Juzgado Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Aseguramiento de Bogotá, mediante auto de fecha 29 de enero de 2019 declaró a favor de la Señora Adriana Correal Rodríguez la extinción y liberación definitiva de las penas principales y accesorias impuestas en el fallo condenatorio de del 30 de marzo de 2009 del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, que la condenó a la pena de 127 meses de prisión, a las accesorias de interdicción de derechos y funciones públicas correspondientes como autora responsable de los delitos de concusión y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.