El escándalo pasó y la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Victoria Eugenia Virviescas, dejó el cargo, pero el vacío en torno al futuro inmediato del relleno sanitario Doña Juana continúa latente. El próximo 8 de octubre vence la cuarta prórroga otorgada a la multinacional Proactiva para operarlo y el horizonte pasa por una licitación en veremos, el fantasma de una urgencia manifiesta, las dudas sobre los intereses de unos asesores y la amenaza de que Bogotá pueda verse abocada a una emergencia sanitaria.
En apariencia, todo venía muy bien en el relleno Doña Juana. El contrato firmado en marzo de 2000 con Proactiva fue ampliado cinco años después y a partir de 2007 prorrogado tres veces. Nadie se había quejado públicamente, a los políticos les preocupaban otros frentes del Distrito, aunque se hacían debates, y a la distancia únicamente surgía la necesidad de definir una nueva licitación en el negocio. Hasta que hubo relevo en la Uaesp, accedió al cargo Victoria Virviescas y el asunto cobró carácter prioritario.
La ingeniera Virviescas se posesionó el 24 de noviembre de 2008 y antes de un mes se creó la necesidad de contar con una nueva firma de abogados que prestara sus servicios de asesoría jurídica en todos los procesos y contratos de la Unidad. Se canceló a la empresa que venía cumpliendo con ese oficio y no demoró en llegar a su despacho una oferta de servicios de la firma Dávila Dávila Asociados, interesada en cumplir esa labor acreditando sus 20 años de experiencia. El negocio se cerró por $208 millones.
Sin embargo, empezaron las suspicacias. El principal socio de la firma de asesorías, Álvaro Dávila Peña, ex alcalde encargado en abril de 1993, y ex asesor de varias empresas públicas, entró fuerte con su equipo. Dávila y Virviescas se conocían porque el primero había sido su jefe en la ETB, entre 1993 y 1994. Junto a Dávila apareció uno de sus socios, el ex consejero de Estado Alier Hernández Enríquez. No está claro cómo, pero Virviescas integró a la Uaesp a la esposa de Hernández, Catalina Franco Gómez.
Lo cierto es que a los siete meses de la posesión de Victoria Virviescas, la multinacional Proactiva estaba en la mira. Prueba de ello es la sucesión de multas que empezó a recibir por los más disímiles motivos (ver recuadro anexo). Según Proactiva, su experiencia operando 16 rellenos sanitarios en América Latina la hacían objeto de una insólita persecución. No obstante, los entendidos en la materia sostienen que las sanciones fueron fundadas y que la empresa estaba incumpliendo con varias cláusulas del millonario contrato.
En medio del pulso entre la Uaesp y Proactiva, sumado a la presentación de los prepliegos de la nueva licitación que puso en marcha Victoria Virviescas, aparecieron los concejales y en pocos días el asunto cruzaba por el escenario de la política. El más sesudo analista resultó ser Carlos Vicente de Roux, quien aportó un completo diagnóstico para sugerir que se blindara la licitación porque en su criterio no había suficiente claridad sobre la prestación del servicio y la relación entre las tarifas y el aprovechamiento de los residuos, entre otros aspectos técnicos.
Rápidamente se sumó el concejal Antonio Sanguino, quien radicó denuncias ante la Contraloría y la Procuraduría, reclamando un marco de seguridad y control para el nuevo concesionario y advirtiendo que, por ejemplo, el cambio del objeto contractual en el proyecto presentado por la Uaesp, contradecía conceptos emitidos por la CAR y la Secretaría Distrital de Ambiente, suscitando eventuales riesgos e inconsistencias jurídicas. El asunto de fondo: los atrasos en el relleno Doña Juana.
A su vez, la concejal Ángela Benedetti advirtió un tema neurálgico. La contratación de profesionales sin soluciones a la vista. Según Benedetti, en julio de 2009, la Uaesp contaba con cuatro abogados, un contador y 24 contratistas más, que significaban un presupuesto superior a los $120 millones mensuales. Aun así, por un costo cercano a los $500 millones, la Uaesp contrató una nueva asesoría con el abogado Felipe Negret para que liquidara el contrato de Proactiva. De paso, Benedetti cuestionó los contratos con la firma Dávila Dávila.
Cuando la Uaesp argumentó que una falla en el dique ambiental sur del relleno, ocurrida el pasado mes de julio, necesariamente atrasaba el proceso de la licitación, el concejal Fernando López presentó un informe de interventoría que demostró que el accidente no podía justificar el atraso en el proceso y que en el fondo lo que se advertía era que se estaba buscando el camino de la urgencia manifiesta para escoger a dedo un nuevo operador en el relleno Doña Juana.
En este ambiente caldeado sólo faltaba un florero de Llorente, y ese pretexto fue la publicación de El Espectador del pasado 4 de septiembre, donde se dio cuenta de cómo en un restaurante del norte de Bogotá, el ex consejero de Estado Alier Hernández, su esposa Catalina Franco y el abogado Édgar González conversaban sobre la necesidad de agilizar el tema del relleno Doña Juana. Probado o no, lo cierto es que esa fortuita reunión terminó provocando la destitución de Catalina Franco y la renuncia de Victoria Virviescas.
Desde entonces todo es incierto en el relleno Doña Juana. La Uaesp fue asumida por Miriam Martínez, ex gerente de Servicio al Cliente en la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, pero la perspectiva inmediata es la misma. El 8 de octubre concluye la prórroga del contrato a Proactiva, pero esta misma firma no quiere un destino distinto a participar en la licitación (ver entrevista anexa). De paso se abre la perspectiva del contrato con STL S. A. para el tratamiento de lixiviados, que gracias a una prórroga de Virviescas, vence en el mes de abril de 2010.
Las conjeturas abundan. Unos dicen que STL, en virtud de la unión de residuos sólidos y lixiviados en un solo operador, puede verse beneficiada con el manifiesto deseo de sacar a Proactiva del negocio. Otros expresan que esta pelea es apenas el abrebocas del pulso mayor que viene el año entrante con la apertura de licitación de aseo que fácilmente puede costar $2,5 billones. La pugna del momento también es onerosa, se estima en unos $169 mil millones. Es un negocio millonario porque son seis mil toneladas de basura diarias.
En resumen, a pesar de que el ruido ya pasó, la perspectiva es la misma. A inmediato plazo, Bogotá está abocada a una de tres salidas en el tema del relleno Doña Juana. O declarar una urgencia manifiesta y escoger a dedo a un nuevo operador; o facilitar una solución intermedia que permita un convenio interadministrativo; o aceptar una emergencia sanitaria.
Con un día que deje de operar el relleno, la última solución quedaría al orden del día. Sin que las autoridades aclaren si en la tras escena de las peleas hay un conflicto de intereses, es el propio alcalde Samuel Moreno quien tiene la palabra.
Lluvia de atrasos en la licitación
Los retrasos en la millonaria licitación para la operación del relleno sanitario Doña Juana son más que evidentes. Aunque la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) ha tratado en reiteradas ocasiones de justificar los atrasos que tienen en vilo a la ciudad, éstos hablan por sí solos: el pasado 11 de mayo la Unidad presentó unos prepliegos que luego retiró. Posteriormente, el 4 de junio, anunciaron la apertura de la licitación para el 8 de ese mismo mes. Los nuevos prepliegos, no obstante, fueron publicados apenas el 27 de junio. Como si fuera poco, en nueve ocasiones se ha aplazado el punto del cronograma de la licitación en el que la Uaesp debe dar respuesta a las inquietudes de los interesados en licitar. Hasta el momento, a través de la página web de esa entidad han llegado más de 700 interrogantes al respecto. Para justificar los atrasos, la ex directora de la Unidad, Victoria Eugenia Virviescas, aseguró varias veces que se debían a la falla en un dique.
Las multas a Proactiva
Las multas impuestas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) a la empresa Proactiva, operador del relleno sanitario Doña Juana, ascienden a casi $800 millones. Aunque las sanciones no inhabilitan al actual operador para volver a licitar, en opinión de algunos expertos sí es muy diciente que éstas hayan visto la luz durante la corta administración de Victoria Eugenia Virviescas. Dos de las sanciones están en firme: una, porque Proactiva no construyó un campamento y otra porque no cuenta con las compactadoras destinadas a la operación del relleno. Ambas obligaciones forman parte del contrato. Asimismo, Proactiva también está sancionada por no contar con parte de la maquinaria necesaria para ejecutar el contrato y por no cumplir el control de olores. Al respecto, Virviescas aseguró que dichas multas, exigidas por la interventoría, estaban “engavetadas” y ella las “desengavetó”.