El debate acerca de si los parques de los barrios podían ser cerrados o no cumplió 10 años. Ha sido una discusión larga y tediosa, que le ha costado grandes sumas de dinero al Distrito y a las constructoras; que ha generado un colapso jurídico en las alcaldías locales, desencadenó un debate entre la Constitución, la Ley 810 y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y hasta cobró la vida de dos personas. Hoy, mediante el acuerdo 433 de marzo de 2010, se logró llegar a un arreglo.
Durante la alcaldía de Enrique Peñalosa (1998-2000), el POT estableció que los encerramientos de los parques vecinales y de bolsillo, como clasificó el Plan a los espacios menores de 10 mil metros cuadrados, que habían sido construidos por urbanizadores y comunidades de residentes debían ser retirados. El proyecto se clasificó como recuperación del espacio público.
Así empezó la tempestad en muchos parques y estrados. En diciembre de 2000, esta discusión tomó otros tintes: durante la diligencia de recuperación del espacio público en el barrio Luna Park, en donde los vecinos, que habían cerrado el parque y construido un muro sobre la ronda del río Fucha por razones de seguridad, se oponían a que se quitará el cerramiento. Las autoridades ordenaron la demolición del muro, el cual cayó sobre dos residentes: Irma Prieto y William Villalobos, quienes murieron por estos hechos.
En el mandato de Antanas Mockus, ante tanta tensión por el tema, y con dos muertos encima, se decidió que no se podía quitar ningún cerramiento sin previo acto administrativo, que debía ser instaurado por medio de una querella. Las querellas conducen a una acción popular y éstas generan incentivos. Entonces, tinterillos en busca de fortuna se dedicaron a caminar parque a parque la ciudad. El resultado: 1.600 querellas instauradas por este concepto en las alcaldías locales.
Wilson Duarte, ponente del proyecto en el Concejo de Bogotá, explica los alcances de la iniciativa. Según el concejal, el acuerdo 433 de 2010, que finalmente fue firmado por el alcalde mayor, Samuel Moreno, armonizó el conflicto y la nebulosa normatividad sobre el tema al autorizar el cerramiento de los parques con reglas específicas que no coartan la libre circulación y el uso del espacio público del que gozan habitantes y transeúntes, pues no se permite realizar un cierre total.
“Ahora estamos esperando el instructivo que debe ser el marco de regulación para que los cerramientos, que en el acuerdo se entienden como amoblamiento, sean una herramienta para la tranquilidad de los residentes y los usuarios y a la vez funcionen como cerrojo para la congestión de querellas”, explicó Duarte.
El 50% de los habitantes de Bogotá viven en conjuntos. Se calcula que existen 3.386 de estas unidades de vivienda en la ciudad, principalmente en las localidades de Suba, Usaquén, Fontibón, Engativá y Kennedy. “Mucha gente va a volver a estar tranquila en su parque. Este no es sólo un tema de delincuencia, sino de seguridad para los niños que pueden correr a la calle detrás de un balón y ser atropellados por un vehículo”, afirmó Duarte.
Ahora, resta esperar que la Secretaría de Planeación, la Defensoría del Espacio Público y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte expidan el instructivo que dé las condiciones técnicas para el aprovechamiento seguro y abierto, por parte de todos los bogotanos, de los parques capitalinos.